La política importa

Los ciudadanos son los que importan: Democracia Republicana como proyecto político

2011-01-12T09:03:00.000-08:00

Dese hace tiempo, a partir de mi trayectoria y labor académica, me he dedicado a promover la sentencia que dice “la política importa”. He insistido en alumnos, políticos y público al que me dirijo en ocasiones, en la idea de que el fortalecimiento de la democracia de nuestro país empieza por un lado en la participación ciudadana con efectiva capacidad de influir en las decisiones públicas, y en el diseño institucional de un andamiaje republicano fincado en la búsqueda de la equidad, la justicia, la libertad y la soberanía. La obra del doctor Carlos Salinas de Gortari, Democracia Republicana, es un aporte lúcido en este sentido y es una reivindicación clara de la política como medio para conseguir fines trascendentes en beneficio de los ciudadanos y del país. De ahí es que pueda transformar el día de hoy la sentencia que siempre he apoyado académica y políticamente en aquella que dice: “Los ciudadanos son los que importan”.

La democracia no se consolidará en México apostando a la buena voluntad, sino institucionalizándola en una República que ponga en el centro del espacio público a la sociedad, y donde el Estado y el mercado son sólo instrumentos para la consecución de la felicidad y la vida buena del pueblo.

Salinas de Gortari en este texto no sólo nos confirma su adhesión al proyecto llamado Liberalismo Social con clara tradición en la historia del país —y a través del cual él edificó su acción de gobierno como presidente de México—, sino que además lo auto reafirma como proyecto alternativo al neoliberalismo y al neopopulismo, proyectos en los cuales identifica el autor los principales errores del pasado (y el presente), así como los peligros del futuro.

El libro recorre el ¿a dónde ir?, el ¿dónde estamos?, y el ¿qué hacer? Como ciudadano reconozco en Carlos Salinas de Gortari la acción de rendición de cuentas que intenta al detallar su versión sobre el actuar de su gobierno y enmarcar dicha acción en el proyecto político mencionado. Como analista político comparto buena parte de las explicaciones acerca de la situación actual del país (no comparto otras pero este no es momento para ahondar en ello), y como analista de políticas públicas coincido en la estructuración de los principales problemas que vivimos los mexicanos, lo mismo que considero que las estrategias propuestas son coherentes, factibles y fundamentales para que México salga del impasse que actualmente sufre y se proyecte con el liderazgo el cual ya ha demostrado a lo largo de su historia.

No obstante en esta ocasión, y en mi calidad de académico en el campo de la ciencia política, quisiera detenerme en lo que considero es un importante esfuerzo por sustentar intelectualmente su propuesta y proyecto político. A partir de un acucioso repaso por la tradición del pensamiento político republicano, Salinas de Gortari justifica los fundamentos del Liberalismo Social insistiendo en resaltar los valores y principios de la libertad, la justicia y la soberanía.

La disertación es un repaso amplio de la teoría política clásica y contemporánea que estructura normativamente la idea de la democracia profunda (Deep Democracy), y la cual plantea que sólo los ciudadanos de manera autónoma frente al Estado y el mercado, con su participación constante y activa en todos y cada uno de los asuntos públicos, podrán encontrar los más adecuados caminos para lograr el desarrollo.

La misma crisis económica mundial de 2008 ha hecho que el péndulo que se mueve entre las respuestas del Estado y el mercado se posicione a favor del primero, pero dada la experiencia del fracaso total de las dos opciones en el pasado reciente, la alternativa ciudadana, dentro de un marco precisamente de la Democracia Republicana, se afirma como el sendero más efectivo en la que se logre precisamente soberanía popular, justicia social y libertad.

Mi postura académica se ha mostrado abiertamente apegada a la tradición de la teoría crítica de la democracia. Ante esta perspectiva leí con interés el texto del doctor Carlos Salinas.

A partir de lo que podríamos llamar un “descentramiento real del Estado de la esfera pública” durante las últimas tres décadas en el mundo —a partir de los procesos de democratización en Europa del Este y América Latina (incluido México), la crisis fiscal del Estado que derivó en el Consenso de Washington, y otros fenómenos como la propia globalización— hay una revaloración positiva de formas alternativas para la dirección de la sociedad.

El término gobernanza (governance) regularmente ha adquirido relevancia en ciencia política tratando de indicar un nuevo “estilo” de gobierno emergente en este proceso de desplazamiento de la esfera pública, donde el control jerárquico del Gobierno, ha dado paso a esquemas de mayor cooperación entre el propio Estado y los actores no estatales al interior de redes decisionales mixtas entre lo público y lo privado.

Se habla de “nueva gobernanza” cuando el patrón de gobierno adquiere formas eslabonadas más horizontales, interactivas y asociativas. El enfoque de la Gobernanza se presenta como una nueva semántica que trata de incluir la idea de que lo político (la coordinación y cooperación entre actores con capacidades e intereses diversos) y lo institucional (el régimen político) son básicos para estructurar lo público y lograr objetivos sociales.

La crisis económica mundial y los problemas fundamentales de nuestros países exigen nuevas formas de estructurar las decisiones gubernamentales, operar las políticas y evaluar los resultados, así como reconoce que la legitimidad de la acción pública parte del involucramiento más activo de todos los interesados, asignándole un nuevo rol al Gobierno como facilitador de estas relaciones.

El principal error del proyecto neoliberal es pensar que la única restricción que tiene el Estado es de eficiencia (económica), y quedar ciegos ante otro tipo de restricción propiamente política que hace referencia a la crisis de legitimidad democrática en el proceso de gobierno. Lo falso del neopopulsimo por su parte es la identificación de la masa con un líder que dice encarnar todos sus intereses, valores y aspiraciones como pueblo.

La democracia no sólo son procedimientos e instituciones para elegir libremente a los gobernantes y representantes, esta visión mínima es la que se ha arraigado en el discurso de los actores políticos, e incluso de algunos intelectuales, y es lo que posiblemente esté estancando la propia democratización del país. La discusión en torno a los procedimientos y las instituciones debe ser complementada con el de los resultados. La construcción de la efectiva institucionalidad democrática, y en particular de Democracia Republicana, requiere un núcleo básico de rutinas, valores y comportamientos acorde a tal ordenamiento.

La discusión se ha concentrado en el proceso electoral y las instituciones políticas de representación, pero poco se ha dicho acerca del proceso participativo de la sociedad en el proceso general de toma de decisiones ante las instancias de gobierno de todos los órdenes, del fortalecimiento de la propia sociedad civil, de los instrumentos efectivos para la deliberación pública y la representación de interesas públicos más allá de lo articulado coyunturalmente o lo institucionalizado de forma tradicional (es decir en partidos políticos, sindicatos u organizaciones civiles).

Particularmente yo me adhiero a una posición que reivindica una articulación positiva entre Estado y la sociedad civil. Creo que hay posibilidades de una reforma del Estado, iniciada y exigida permanentemente por la sociedad, que exalte los valores democráticos en una lógica que se reconozca primeramente la heterogeneidad de los dos y que ayude a replantear una nueva relación con el mercado. Pasar de la condición estadocéntrica a la sociocéntrica requiere una reforma del Estado que combata: a) la apropiación privada del Estado no sólo por la burocracia, sino por los privados mercantiles que emergentemente se han hecho cargo de servicios públicos; b) la actuación autorreferida de la burocracia o las privados mercantiles participantes en lo público; y c) la falta de rendición de cuentas por parte de quienes se hacen cargo y participan en estos asuntos públicos.

Con Boaventura de Sousa Santos creo que es posible el “Estado como novísimo movimiento social”, es decir, una nueva y privilegiada articulación entre los principios del Estado y de la comunidad, bajo la primacía de ésta última.

Sólo reformando simultáneamente al Estado y la sociedad civil mediante la articulación tanto de la democracia representativa, como de la participativa, se puede dar efectividad al potencial de la democratización que haga frente a los intentos de privatización de lo público. Sólo así los valores de cooperación, solidaridad, la democracia y la prioridad de la persona sobre el capital podrán alcanzarse.

Una Democracia Republicana para México deberá ser pensada y construida como un régimen político en el que se articula el proceso de dirección de la sociedad donde esta siempre tiene la primacía frente al Estado y al mercado. Esta postura de profundizar la democracia está basada en la idea de que en la confluencia entre el Estado y la sociedad, ésta última tenga la posibilidad real no sólo de argumentar y criticar frente a la acción del primero, sino de participar en un proceso amplio de deliberación pública ligado a un marco político “institucionalizado” (léase Republicano), que vincule efectivamente la posibilidad de ejercicio del poder por parte de los sujetos de la sociedad civil.
----

Comentarios al libro Democracia Representativa. Ni Estado ni mercado: una alternativa ciudadana de Carlos Salinas de Gortari [editorial Debate, México, 2010]. Museo José Guadalupe Posada, Aguascalientes, Ags., 12 de enero de 2011.

La política cultural desde el orden local. Propuesta de reforma al 115 Constitucional en México

2010-07-14T20:04:00.000-07:00

El paradigma de desarrollo dominante hoy dice que el proceso de realización humana de cada persona, permanece incompleto sin la contribución de la cultura, que amplía las posibilidades de elección y permite una gran libertad individual. Uno de los principales retos de nuestras sociedades en vías de democratización y desarrollo es proporcionar legitimidad y dar visibilidad a los procesos de construcción y reconstrucción de los imaginarios de los ciudadanos, la creación de nuevas formas culturales. Y es claro que sólo desde el ámbito local se puede lograr esto.

Un gobierno y una sociedad local sin capacidades para invertir, formular y proyectar esfuerzos que refuercen la identidad y fomenten su expresión cultural están condenados a seguir en el subdesarrollo.

Este es el caso de muchos gobiernos municipales en México. Pero más que una cuestión de voluntad de los gobernantes, detrás está una situación estructural. La legislación mexicana, desde la misma Constitución y hasta sus leyes secundarias, no define una atribución clara de los municipios en materia de política cultural.

Para decirlo de forma directa, los gobiernos locales en México no tienen facultad y responsabilidad expresa en materia cultural. En este sentido se hace necesario que el artículo 115 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos lo explicite.

La reivindicación del ámbito local para que sea el orden de gobierno con más facultades expresas, y por ende que esto se vea reflejado en recursos financieros, materiales y humanos para la formulación de políticas culturales se da básicamente porque la comunidad local es la principal orientadora psicosocial para la creación y mantenimiento de las identidades culturales. Recuérdese que las redes sociales primarias que establecen los individuos, están en primera instancia, en el ámbito local, incluso en el vecinal.

Sólo en el ámbito local se logra incidir directamente en cohesión social e identidad propia. Las políticas de desarrollo económico y social emprendida por los gobiernos municipales, no deben estar desligadas de la política cultural. Hoy se sabe que las ciudades competitivas no sólo lo son por su mano de obra e infraestructura industrial, comercial o agropecuaria, sino por la oferta cultural que puedan en primer instancia afianzar la identidad local y segunda mostrar a los inversionistas o visitantes externos para generar identificación y confianza acerca de los valores que se promueven en lo local. El logro del bienestar social y el combate a la pobreza efectiva pasa por una concepción que ve en la cultura un derecho inalienable de los seres humanos, un derecho que el gobierno local puede asegurar a través de su acción.

El bienestar social también está asociado con disponer de espacios públicos e infraestructura cultural donde encontrarse, compartir, pasar el tiempo de ocio y desarrollar actividades que les permitan expresarse y comunicar.

A pesar de que la cultura es fácilmente “desterritorializante” es necesario rescatar lo que alguna vez Rausell Köster apuntaba:

La cultura no solo se manifiesta en un momento histórico determinado, en un conjunto social estructurado, sino también en un territorio físico o simbólico determinado. La cultura, entendida como sistema compartido de creencias, valores y prácticas, tienen una dimensión territorial clara, ya que el territorio es el espacio donde se definen las relaciones múltiples (y por tanto también las simbólicas) de los hombres y las mujeres en la configuración de los espacios sociales (...). En este sentido, la cultura no es solo un elemento que se superpone a un territorio, sino que es ese mismo conjunto de elementos simbólicos el que determina las dimensiones y las características del espacio. Llegando al extremo de esta aproximación podemos llegar a la definición de territorio como aquel espacio físico o virtual que se articula alrededor de un conjunto de formas simbólicas compartidas. (1)

A final de cuentas el espacio local es donde se da principalmente forma al entramado de recursos culturales disponibles en la globalidad. El ámbito local es el lugar de producción básica de la pluralidad de formas simbólicas producidas localmente o importadas, tradicionales y modernas, dominantes o emergentes.

En lo local es donde se da la concentración de recursos, la interacción de sectores, se expresa la multiplicidad de prácticas, se es trasiego de mensajes y aprendizajes, el principal lugar de encuentro de productores y consumidores. El municipio es un espacio privilegiado para la intervención y la planificación para el desarrollo cultural.

Notas:
(1) Rausell Köster, P. (Coord.), Cultura. Estrategia para el desarrollo local. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional, 2007.

-------

Participación en Foro Estatal de Análisis sobre el Marco Jurídico de la Cultura en México, Teatro Víctor Sandoval de la Ciudad de Aguascalientes, Ags, el 15 de julio de 2010.

¿Por qué es necesario conservar y fortalecer el IMAC?

2010-05-20T21:58:00.000-07:00

En una entrevista al actual alcalde de Medellín, Colombia, Alonso Salazar, se le preguntó acerca de cuál ha sido la clave para disminuir considerablemente el clima de inseguridad que esa ciudad padecía ocasionado por el crimen organizado. Su respuesta fue contundente: “Al narco se le vence con Cultura… no sólo con la fuerza represiva del Estado”. Y agrega: “la ciudad de Medellín tiene un presupuesto cultural mayor al Ministerio de Cultura nacional”. (1)

Una ciudad con vida cultural vibrante, es un lugar donde sus habitantes transitan por el camino seguro al desarrollo. La cultura es un proceso general de creación humana y cohesión social, conjunto de valores, creencias y costumbres que contribuyen a la formación de una identidad. En este sentido, es necesario considerar la cultura como un cuarto pilar de la sostenibilidad y desarrollo local que —conjuntamente con el factor económico (que genera riqueza), el social (que distribuye la riqueza) y el ecológico (que conserva el entorno para el futuro) — logra afianzar el tejido social y permite al ser humano lograr plenitud. (2)

Es claro que los valores intrínsecos de la cultura (memoria, creatividad, conocimiento crítico, ritos, excelencia, estética, diversidad, entre otros) están siendo cada vez más importantes para el desarrollo humano. Las políticas públicas de las principales ciudades del mundo reconocen cada vez más este hecho y lo recogen en sus agendas culturales. Se tiene claro que a través de la cultura se forman ciudadanos.

Como bien los concibe el premio Nobel de Economía de 1998, Amartya Sen, la cultura da libertad a los hombres y mujeres, una libertad que significa “elevar las vidas que llevamos y las libertades que disfrutamos […] que nos hacen personas socialmente más completas, que ejercitan sus propios deseos (entendidos como capacidad de hacer elecciones deliberadas), interactúan e influyen en el mundo en el que vivimos”. (3)

El tipo de libertad a que hace referencia el párrafo anterior, por ser intrínsecamente importante como objetivo del desarrollo, es materia ineludible de las políticas públicas. Los valores, creencias y costumbres propias de los integrantes de una comunidad, incluida la influencia de la cultura de otros sitios, forman lo que finalmente es nuestra manera de concebirnos a nosotros mismos y la manera de actuar hacia los otros, es lo que alimenta la solidaridad, la actitud crítica y proactiva para resolver juntos nuestros problemas. Como lo afirma Philipp Dietachmair, lo que hace que las comunidades locales “sean abiertas o cerradas, aburridas o inspiradoras, vibrantes o vigorizantes, satisfactorias o desilusionantes, y por último —lo que no es poco— vivas o muertas, depende por tanto de cómo una ciudad se aproxime a sus temas culturales y fije su política de actuación frente a los mismos”. (4)

México ha firmado tratados internacionales que aceptan como fundamental el derecho a la cultura, es decir al nivel del derecho a la vida, a la salud o la educación, lo que significa que el país ha adquirido el compromiso de dotar a sus habitantes de las condiciones necesarias para que cada uno elija de manera libre lo que de la cultura le parezca, que lo identifique y le es propio. (5)

La acción del gobierno, principalmente en el orden local, tiene la posibilidad de garantizar que los habitantes de la ciudad puedan llegar, a través de la cultura, a un desarrollo humano más integral. (6) Los gobiernos municipales, al corresponder a la instancia política más cercana a la vida cotidiana del individuo y la comunidad, es donde la formulación e implementación de políticas culturales pueden tener resultados positivos de forma directa, pronta y particular. (7)

Esto fue reconocido por la gestión municipal de Aguascalientes del periodo 2008-2010 encabezada por el Ingeniero Gabriel Arellano emanado del Partido Revolucionario Institucional. Con la idea de generar una acción pública trascendente en materia cultural, el alcalde invitó como director de la entonces Dirección de Cultura y Educación, adscrita a la Secretaría de Desarrollo Humano, al Doctor Andrés Reyes Rodríguez, reconocido historiador y profesor universitario local, quien había contendido en el mismo proceso electoral por la Alcaldía de la capital por el Partido de la Revolución Democrática. Este hecho fue leído por varios intelectuales de la comunidad artística de la entidad como una oportunidad para articular desde el gobierno local una política cultural para el municipio.

Se revitalizó la figura del Consejo Consultivo para la Cultura y las Artes mediante su renovación, se integraron personalidades como Jorge Galván (teatrista), Eduardo Martín Jáuregui (crítico cultural), Felipe San José (escritor), Pilar Ramos (pintora), Silvia Ríos (promotora cultural), Enrique Rodríguez Varela (promotor y crítico cultural), Oscar Giacinti (pintor y gestor cultural), entre otros. Este Consejo, el equipo conformado por el Doctor Reyes Rodríguez en la Dirección de Cultura, además de la Regidora de Cultura y Educación, la Maestra Ma. Esther Pérez Pardo, empezaron a articular un proyecto para elevar de estatus la promoción cultural y artística desde el gobierno municipal.

La cultura en anteriores gestiones municipales de Aguascalientes era visualizada como simple entretenimiento, como oferta para el ocio de los habitantes de la ciudad. Si acaso el conjunto de actividades en el aniversario de fundación de la ciudad o el Certamen Histórico-Literario celebrado cada año era lo destacado en esta materia; las actividades realizadas desde la Dirección de Cultura y Educación se reducían a la programación de eventos populares en plazas públicas con presentaciones de cantantes vernáculos, imitadores, magos y payasos.

El proyecto del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC) se articuló a partir de la idea de convertirlo en un organismo público descentralizado para que institucionalmente tuviera la capacidad de encabezar la conformación de una real política cultural para la ciudad, que tuviera la capacidad de articular los esfuerzos de varios agentes culturales, provenientes de la sociedad y la iniciativa privada que fuera un instrumento útil a la población del municipio para el fortalecimiento de la identidad local y la cohesión social.

El diagnóstico incluía que en la ciudad se concentraban la oferta y la infraestructura culturales, manejadas por el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA), pero que el municipio tenía poca o nula influencia sobre acciones y procesos del ámbito cultural que eran importantes para el desarrollo local. No se trataba de competir con el ICA, sino de sumarse complementariamente, trabajar principalmente en las colonias, en los grandes fraccionamientos de la periferia, ahí donde la promoción cultural y artística tradicional no llega, donde incluso se tienen las más apremiantes necesidades de acciones articuladas para rescatar los espacios públicos que han sido tomados por la delincuencia, para hacer ciudad y formar ciudadanos realmente libres.

La idea original incluyó aprovechar los dos grandes activos con los que el gobierno local ya cuenta: la Banda Sinfónica Municipal y el apartado histórico del Archivo General Municipal. El primer activo es ampliamente reconocido por la población de Aguascalientes, y se hacía necesario generar una política de promoción que cambiara la idea que se tiene de que su función es la de amenizar los actos cívicos, festivales escolares, corridas de toros o incluso fiestas patronales. Se cree firmemente que la Banda puede recuperar parte de sus gastos de operación, y sin duda puede alcanzar otra posición artística y adoptar un rol activo en el rescate de la historia y tradición musical de la región. En cuanto al Archivo Histórico, la idea era convertirlo en un espacio desde donde no sólo se resguardaran los papeles considerados históricos (de 30 años atrás) de la administración municipal, sino que además se generara investigación a partir de la ampliación de la colección de documentos (en papel, visuales, auditivos y gráficos) que dieran cuenta de la memoria histórica de la vida del municipio más allá de la gubernamental. La idea era contar con un programa activo de difusión de la historia social, política, económica y cultural del municipio con la intención de contribuir activamente en la conformación de identidad local, ahí donde se cree no hay. (8)

Lamentablemente la sensibilidad política no es igual en todos los actores con capacidad de “hacer algo”, y el proyecto no recibió el suficiente apoyo. Si bien se logró que el IMAC se creara formalmente como organismo descentralizado del gobierno municipal, no logró su autonomía financiera de la ya para entonces llamada Secretaría de Desarrollo Social municipal, la Banda Sinfónica se transfirió al Instituto pero sin significar un aumento proporcional de los recursos (incluso esto representó la reducción del presupuesto real del organiso con respecto a la anterior Dirección de Cultura y Educación) y en cuanto al Archivo, aunque se mejoró sustancialmente la reglamentación en el Código Municipal para que quedara clara la trasferencia de los acervos del Archivo Administrativo al Histórico, en la práctica no se ha concretado la separación ni la reforma organizacional.

Esta situación y otras consideraciones personales hicieron que Andrés Reyes renunciara a la Dirección del IMAC en marzo de 2009. Pero el presidente municipal de entonces, consciente de las potencialidades del proyecto, nombró como director al maestro Víctor Sandoval, poeta y gestor cultural, un hombre con probada capacidad y actor que ha trascendido en esta materia en el orden nacional, quien a pesar de esto, tal vez por cansancio, no logró ‘cuajar’ el proyecto del IMAC y no pudo enfrentarse a los visiones miopes de políticos y burócratas de la actual administración municipal que ven en la cultura un gasto, y no una inversión, o que incluso al no ver ganancias políticas directas en estas actividades no las valoran en su justa dimensión.

Desaparecer el IMAC no es la alternativa. No se trata de un asunto que pueda o deba ser medido con la vara de “la eficiencia económica”. La cultura ofrece otro tipo de valor público a la sociedad. Una política cultural efectiva, bien diseñada y con impacto trascendental en el desarrollo local sólo puede ser articulada desde un espacio institucionalizado con las capacidades legales, organizacionales y profesionales necesarias para lograr esta importante tarea.

Aún si se considerara el criterio de costo-beneficio para invertir en la cultura, hay ejemplos claros de ciudades que han remontado su economía gracias a que sus habitantes, conscientes de su riqueza cultural, se convierten en los promotores de sus propios valores, costumbres e identidad. La cultura es sin duda una parte fundamental del desarrollo económico de una país, pues atrae al turismo, genera espacios atractivos para la convivencia y forma una ciudadanía preparada para enfrentar otro tipo de retos como el cuidado de su patrimonio, de su naturaleza y de sus recursos. Una exitosa inserción en un mundo globalizado, se hace desde lo local con una consciencia y orgullo de que quienes somos.

La figura de institutos o secretarías municipales de cultura está altamente difundida y validada tanto en la principales ciudades del país (ahí están los casos de León, Monterrey, Saltillo Durango, Puebla), como del mundo (el más conocido es el de Barcelona y para el caso de América Latina el de Medellín citado al principio). El lema adoptado desde un principio por el IMAC, “la Cultura es tu Derecho”, se dio a partir de una aceptación de la premisa de que sin una decidida promoción y difusión de la cultura, simplemente no hay ciudad para el futuro.

Notas:
(1) “Al narco se le vence con cultura... no sólo con la fuerza represiva del Estado”: Entrevista a Alonso Salazar, en Milenio Semanal, México, 23 de agosto de 2009, http://www.msemanal.com/node/1057 (Consultado el 11 de mayo de 2010).
(2)Jon Hawkes, The fourth pillar of sustainability. Culture’s essential role in public planning, 2001.
(3) Amartya Sen en Garrett, Jan, 2003, Amartya Sen's Ethics of Substantial Freedom, http://www.wku.edu/~jan.garrett/ethics/senethic.htm (Consultado el 19 de mayo de 2010).
(4) Philipp Dietachmair, “Introducción”, en Jordi Pascual i Ruiz y Sanjin Dragojević, Guía para la participación ciudadana en el desarrollo de políticas culturales locales en ciudades europeas, Fundació Interarts (Barcelona), Asociación ECUMEST (Bucarest), Fundación Europea de la Cultura (Amsterdam), 2007, p. 5.
(5) La relación entre cultura y derechos humanos está respaldada desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales sobre Derechos Civiles y Políticos (1966), y sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) y más recientemente a través de la UNESCO a partir de la Declaración Universal de la Diversidad Cultural (2001), y la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005).
(6) Jordi Pascual i Ruiz, “Sobre la participación ciudadana en el desarrollo de políticas culturales locales en ciudades europeas”, en Jordi Pascual i Ruiz y Sanjin Dragojević, Op. cit. P. 13.
(7) Como ratificación de esta idea, los miembros de la Asociación Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU por sus siglas en inglés), firmaron el 8 de mayo de 2004 la Agenda 21 de la Cultura, como instrumento que expresa el compromiso de una ciudad por hacer de la cultura una pieza clave de las políticas urbanas y como símbolo de solidaridad y cooperación entre ciudades de todos los continentes.
(8) Hay un importante vacío de historias que den cuenta de los procesos de conformación de la identidad local en los nuevos fraccionamientos, tales como El Morelos, los Ojocaliente o los Solidaridad, por dar ejemplos.

El Estado Social Competitivo. Inicio de una discusión desde Aguascalientes, México.

2009-10-25T08:36:00.000-07:00

A partir de este momento quiero iniciar un diálogo, con quien esté interesado en participar, acerca de lo que he dado por llamar el Estado Social Competitivo. La intención parte de la posición política acerca de que en Aguascalientes y el país necesitamos renovar nuestro proyecto de desarrollo. La propuesta es adoptar uno que tenga en su seno la idea de que es necesario crecer económicamente, insertarse competitivamente en la economía global, pero no a costa de desarrollo social. Es decir, la base es "crecer con equidad".

La categoría analítica de Estado Social Competitivo es una propuesta a partir de la cual se pretende construir un proyecto de gobierno socialdemócrata que promueva políticas de crecimiento económico centrado en la generación de empleo y responsable con los derechos sociales e materia de educación, salud, previsión básica, así como con un gran énfasis en la promoción de la participación ciudadana que consolide una democracia participativa (complementaria de la representativa).

Particularmente en Aguascalientes esto se vuelve pertinente dada la elección a gobernador el próximo año. La entidad aunque presenta indicadores positivos en cuanto competitividad, lo cierto es que los indicadores sociales, expresados en el Índice de Desarrollo Humano (IDH, en el que la entidad descendió del lugar 5to. al 8vo. comparando los informes 2004-2008 ) o en los de pobreza de la Coneval (según su informe Aguascalientes de 2000 a 2009 incrementó el porcentaje de personas en pobreza alimentaria de 11.2 a 14.9; el porcentaje de habitantes en pobreza de capacidades pasó de 19.9 a 23.6; y sobre todo el porcentaje de aquellos en pobreza de patrimonio se disparó de 37.8 a 51.1). Para ello quiero proponer la revisión de los siguientes textos para iniciar un debate al rededor de la propuesta.

Jeffrey D. Sachs, El Estado Social de Bienestar, más allá de la ideología, Cuadernos de economía (Santafé de Bogotá), ISSN 0121-4772, Vol. 25, Nº. 45, 2006 , pags. 127-129.
Luiz Carlos Bresser Pereira, "La recconstrucción del Estado en América Latina", en CEPAL, Revista de la CEPAL. Cincuenta años. Refleciones sobre América atina y el Caribe, número extraordinario, octubre de 1998.~

FCH: Entre administrar y gobernar el país

2009-09-03T18:13:00.000-07:00

Llega el tercer informe del presidente Felipe Calderón. Aunque ya no es más el rito político en el que se expresaba la alabanza al tótem que representaba el Presidente de México, el evento en sí mismo debiera seguir siendo un motivo para convergir en la reflexión en torno al diagnóstico que se hace del país en términos sociales, políticos y económicos.

El cambio político no hizo del informe presidencial una herramienta del régimen democrático en el que nuestro sistema representativo mostrara su elocuencia de civilidad y relación republicana entre los componentes del Estado, antes bien se optó por reducir el informe a un diálogo de sordos en el que encontramos puras justificaciones a los pobres resultados de la administración pública federal, y por el lado de los partidos representados en el Congreso una oportunidad para lanzar sus diatribas sin mucho contenido en la realidad, sólo para ganar presencia en lo que se hace decir “debate nacional”.

Los actores políticos han decido rehuir a su responsabilidad democrática para construir un mecanismo institucional acorde con los nuevos tiempos en el que se tiendan los puentes para diálogo, el debate y la generación de acuerdos mayores. Es necesario que se construya la posibilidad de que los ciudadanos, los partidos, los gobernantes y otros actores sociales relevantes se vean las caras en una continua interacción para el ejercicio efectivo del gobierno (y se de el doble proceso de rendición de cuentas: por un lado entre Ejecutivo y Legislativos, mediados por el Poder Judicial, y entre estas instituciones del Estado y la ciudadanía).

El evento del día 2 de septiembre de 2009 en el que el Presidente de México leyó su mensaje a la Nación no tiene nada de republicano, democrático y mucho menos útil para la vida pública del país.

El presidente llegó a este evento, el cual de alguna marca la mitad del camino en su gestión, ante la pérdida de su partido en las pasadas elecciones, una crisis económico “que vino de fuera” y que debía ser un 'catarrito' y se convirtió en una 'pulmonía', y en medio de una guerra contra el terrorismo que parece inicia él y que no sabemos para cuando irá a terminar y que resultados arrojará.

Este clima, aunque justifique el mismo presidente que esto no depende de su gobierno, hace que la evaluación de los ciudadanos sea severa: Baja 3 puntos porcentuales en su nivel de aprobación con respecto al trimestre anterior (de 65% a 62%), aunque mantiene una calificación aprobatoria, según los datos de Consulta Mitofsky (véase: Roy Campos, Evaluación de Gobierno, Once Trimestre de Felipe Calderón, en http://www.consulta.com.mx/).

Si nos ceñimos incluso a los datos de esta encuesta para reflexionar en torno a los retos que enfrenta en esta coyuntura el presidente Calderón, debemos decir que el panorama no se muestra muy favorable. La aprobación ciudadana se mantiene al parecer por las acciones en tono a la lucha contra el narcotráfico, pero la situación económica de alguna manera pesa más en el ánimo de la gente.

En estos momentos los ciudadanos consideran que el problema público a resolver es el tema económico. Los ciudadanos recienten la crisis económica, pues 8 de cada 10 califica como negativa esta situación, demostrando una percepción sobre la situación económica peor incluso que la que se mostraba en el informe presidencial de hace nueve años (también según datos de la tracking poll citada). Esto ha desfasado a la seguridad pública como el tema central de la vida pública nacional. Esta situación económica exige pues del gobierno una acción más decida.

El norte del país y los grupos de edad intermedia y mayores son los que más castigan en la evaluación que hacen del gobierno del presidente Calderón. Esto explica sin duda los resultados de las pasadas elecciones federales en las que el partido del presidente perdió la posibilidad de constituirse en mayoría de la Cámara de Diputados.

La exigencia en este sentido para el presidente es mayúscula. Ya incluso los partidos en su posicionamiento ante el informe presidencial han manifestado su demanda de que se atienda en primera instancia una estrategia innovadora para atender el tema económico.

Lo lamentable de este escenario es que tanto el gobierno, como los partidos que demandan cambio de rumbo no están proponiendo una alternativa que pareciera viable y efectiva para hacer frente a la crisis. Mientras países como Estados Unidos, o la mayoría de los países de América Latina lo están haciendo con medidas agresivas en materia de gasto público y atención a los grupos más vulnerables (por ejemplo el gran presupuesto en obra pública e infraestructura del presidente Obama y su planteamiento de reforma al sistema de salud, o las estrategias seguida por Chile y Brasil para fortalecer los programas sociales de empleo, educación y vivienda), en México seguimos con el discurso de la disciplina fiscal y la responsabilidad en el gasto, que más que posicionarnos fuertes frente a la crisis, nos ha puesto en una posición muy frágil (México espera una contracción de su economía este año del 7%, mientras el promedio internacional es del 1.6% o Estados Unidos espera una caída del 2%).

Los 10 Puntos para Impulsar la Trasformación de México que presentó el presidente Calderón en su mensaje con motivo del informe a primera vista son un buen resumen de lo que necesitamos efectivamente, pero los ‘cómos’ no se vislumbran claramente.

Es tiempo que el presidente Calderón pase de una actitud política en la que sólo parece administrar lo que puede, a otra en la que verdaderamente gobierne al país hacia el rumbo que necesita para, primero, salir de la crisis, y enseguida, crecer lo que potencialmente el país puede hacerlo.

Hay una gran diferencia en las dos actitudes.

----

Publicado en el Diario Aguas, jueves 03 de septiembre de 2009, Aguascalientes, Ags.

Un ‘acuerdo’ limitado para salir de la crisis en Aguascalientes

2009-08-22T16:21:00.000-07:00

Un ‘buen gobierno’ es aquel que procura un desarrollo equilibrado entre dimensiones básicas: eficiencia, eficacia y legitimidad. Todo funcionario público tiene el reto cotidiano de mantener este equilibrio en la formulación y la implementación de las políticas.

Cada dimensión es una complicación en sí misma y generalmente son mutuamente interdependientes, pues si por un lado se privilegia sólo a una de éstas es en retraimiento de las demás. Por ejemplo, si un programa de desayunos escolares trata de ahorrar recursos públicos bajando la calidad de los alimentos que se dan a los niños, seguramente estaremos descuidando la eficacia del programa para lograr su objetivo de alimentar bien a los escolares y por consecuencia también se podría ocasionar un descrédito público que redundará en pérdida de legitimidad del gobierno. O por el contrario a veces hay programas o proyectos que dan mucha visibilidad a la gestión, impactan coyunturalmente a la opinión pública por su espectacularidad (tal es el caso de muchos proyectos de obra pública), pero en los cuales se sacrifica abiertamente eficiencia presupuestal y eficacia pues su impacto social no es tan importante.

La dimensión de legitimidad es la que a veces hace perder el rumbo a los gobierno, ya que muchos políticos confunden el impacto social positivo con buenos resultados de opinión hacia su persona o resultados electorales positivos para su partido. La única legitimad que debiera importar es la que se consigue por medios democráticos del ejercicio de gobierno al tomar la mejor decisión en beneficio de la población y su bienestar.

Este planteamiento inicial desde el enfoque de la Gestión Pública sobre lo que podría ser considerado un ‘buen gobierno’ me sirve para analizar el anuncio que hiciera en días pasados el Gobierno del Estado de Aguascalientes de su Acuerdo para la Protección del Empleo (AEPE). De entrada debemos decir que este no es ningún acuerdo, pues no es precisamente un consenso entre actores diversos, sino sólo un plan de emergencia ante la grave crisis financiera que enfrentan en este caso la administración estatal encabezada por Luis Armando Reynoso Femat. Además, el nombre que se le dio pareciera que busca contribuir a la recuperación general de la economía estatal, recuperando el empleo, pero medidas como esta generalmente se ha comprobado, a partir de otros casos, no abonan claramente a la generación de nuevas fuentes de trabajo.

En todo caso, un verdadero acuerdo político para la recuperación económica, requiere el consenso de los actores productivos locales: empresarios locales, industrias nacionales y extranjeras asentadas localmente, sindicatos y hasta las universidades. En la mayoría de los países latinoamericanos, e incluso EUA, sus planes de recuperación actuales incluyen básicamente aumento de la gasto público en obra de gran impacto económico y social, y así como de programas sociales de salud, educación y alimentación.

Este acuerdo unilateral en Aguascalientes sólo pretende que los funcionarios de niveles arriba (de jefes de departamento hasta el gobernador) donen de buena gana 22 días de salario, y los niveles burocráticos bajos un día. No es que esté mal que esto sea así, pues como ya lo dijo un líder sindical local, es necesario que los funcionarios públicos se aprieten el cinturón como lo han hecho ya este año los trabajadores y muchas empresas locales ante la crisis que azota al país y al mundo. Sin embargo, es una acción aislada. No inserta en una estrategia más integral e inteligente para salir de la crisis.

La medida en sí mismas no es más que el reflejo de la falta de planeación y profesionalismo que los funcionarios encargados de la programación del gasto hicieron para estos años. Hacia finales del año pasado, se sabía que la crisis venía, las proyecciones de los economistas hablaban ya de la baja de los precios del petróleo y del crecimiento negativo que tendría el país este 2009. No es posible que esto no haya estado considerado desde entonces. La burocracia estatal creció exponencialmente, y no se tiene un plan para su control futuro. El servicio civil de carrera es letra muerta en el estado, y la discrecionalidad para mantener el empleo en el gobierno o lograr los ascensos es la regla.

Con esta medida nos damos cuenta que el gobierno del estado no ha procurado eficiencia en el gasto, y que incluso lo único que quiere es salvar proyectos que le son interesantes y de beneficio para sólo algunos. Tal es el caso del Plan Estratégico Sur, el cual, a pesar de que el gobierno niegue su existencia, la aprobación de recursos por parte el Fideicomiso para la Inversión y Administración del Desarrollo Económico (FIADE) para comprar terrenos en Peñuelas, y construir un galgódromo, un spa, un eco-parque, un hípico y una zona financiera, hace más que evidente que es una prioridad este plan para la actual administración.

Si bien este es gasto destinado a proyectos económicos, éstos no parecen tener un verdadero impacto social para la mayoría de los aguascalentenses. El gasto debería de estar destinado a frenar la brecha de desigualdad entre la población de Aguascalientes, no a acrecentarla.

Estos proyectos no abonaran a la eficacia para salir de la crisis, e incluso la legitimidad del actual gobierno puede verse vulnerada pues los saldos de la recesión económica no los hemos resentidos del todo. Esta es una oportunidad para que este gobierno procure la recuperación económica a partir de rectificar y procurar efectivamente un equilibrio gobernable entre eficacia, eficiencia y legitimidad.

---

Publicado en el Diario Aguas, 20 de agosto de 2009, Aguascalientes, Ags.

La reforma al Poder Judicial en México en un contexto democrático

2009-07-16T10:17:00.000-07:00

Estos últimos tres días cuando he prendido el televisor y ubico el canal de noticias internacional CNN me encuentro con una transmisión en vivo desde uno de los salones del Senado norteamericano ante el cual está compareciendo la juez de origen hispano (Puerto Rico) Sonia Sotomayor, quien fue propuesta por el presidente Barack Obama para ocupar un lugar en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Me he puesto a escuchar el diálogo entre la candidata y los senadores y me entusiasmo no sólo por la altura del debate, sino de observar en funcionamiento un sistema democrático en ‘tiempo real’.

Y claro, no evito hacer comparaciones con mi país y pensar varios de los retos institucionales que México tiene por delante para tener un sistema judicial acorde con una democracia consolidada.

Sotomayor ha enfrentado los embates de los senadores conservadores, en mi opinión, con particular maestría, lo que incluso confirma la opinión que muchos analistas en ese país han externado en torno a que la juez de ascendencia portorriqueña y criada en el Brox tiene cualificaciones fuera de lo común, “con más experiencia en el sistema judicial federal que ningún otro nominado para el cargo en los últimos 100 años” (El País, 13 de Julio de 2009).

Los demócratas tienen mayoría en el Senado por lo que Sotomayor no tendrá problemas en la ratificación. Los republicanos por su parte reconocen que hay poco por hacer para evitar el nombramiento, pero en sus cuestionamientos ante la comisión respectiva no han dejado de llevar a la mesa los temas más difíciles que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha tenido que enfrentar en los últimos años, o los temas jurisdiccionales en los que se sabe hay fuertes controversias legales, o incluso ideológicas.

En México por su parte, aunque en el proceso de nombramiento de jueces participan tanto el Ejecutivo como el Senado, un procedimiento igualmente “publico” como el que está sucediendo en EU se antoja difícil. Si bien tanto el canal del Congreso, como el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido una ventana para conocer el tipo de diálogo y debate que se da en temas variados, sin duda trascendentales, los medios comerciales no dan una cobertura lo suficientemente amplia para que los ciudadanos comunes se den cuenta del funcionamiento de las instituciones políticas y sus actores protagonistas. Sólo hay nota cuando hay escándalo, suficiente show mediático, o peor aún, cuando les interesa promover una decisión de acuerdo a sus intereses y conveniencias.

Pero fuera de todo esto, en México se necesita que el análisis político incluya al Poder Judicial como un actor relevante en la configuración del orden político vigente. Las reformas al 105 constitucional de 1994 (incluso las de 1987) a la par que se venía dando el proceso de cambio político en el país en términos de su democratización, han incrementado la relevancia de este actor en los procesos políticos. Su papel de árbitro constitucional ante las controversias entre poderes y su capacidad de declaración de actos políticos y administrativos como inconstitucionales, en escenarios de gobierno dividido y yuxtapuesto, le ha dado un dinamismo y visibilidad que no tenía durante el periodo de hegemonía priísta. Además, si sumamos una realidad en la que los partidos políticos y otros poderes fácticos juegan muchas veces a judicializar las decisiones políticas, u otra donde los ciudadanos asumen una creciente desconfianza ante los actores políticos, el Poder Judicial se convierte ahora en un factor trascendental de gobernabilidad democrática (véase M. Carbonell, H. Fix-Fierro y Rodolfo Vázquez, Jueces y Derecho: Problemas Contemporáneos, Porrúa-UNAM, México, 2004).

A pesar de este creciente protagonismo del Poder Judicial en México, la opinión de los expertos es que éste necesita ser reestructurado como una de las piezas claves de las prioridades de la reforma del Estado para profundizar efectivamente la democratización del país.

Sin querer extenderme, enuncio la agenda de reforma que propone el Libro Blanco de la Reforma Judicial que es producto del ejercicio de consulta organizado por la propia Corte Suprema hizo en 1995 (Véase José de Jesús González Rodríguez, La reforma al Poder Judicial en el marco de la Reforma del Estado, Documento de Trabajo núm. 33, Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, México, 2009, pp. 18-19):

En una primera instancia, referente al amparo, se sugieren algunas propuestas encaminadas a la ampliación de la base de usuarios de este instrumento, simplificación procedimental, así como modificación de los efectos limitados actuales para en ciertos casos otorgarle capacidad de efectos generales.

En segundo lugar se refiere al fortalecimiento de los poderes judiciales en las entidades de la República. Al respecto se plantean cumplir los siguientes objetivos: a) fortalecer la autonomía de los integrantes de los Tribunales Superiores de Justicia y Consejos de las Judicaturas estatales mediante mecanismos más transparentes de designación, remoción y ratificación; b) se necesitan mecanismos de asignación de presupuestos que garanticen el gasto corriente y permitan programas de inversión multianuales; c) fortalecer los mecanismos de gobierno y carrera judicial; d) adopción de indicadores de desempeño judicial a nivel nacional, y e) promover el uso de medios alternativos de solución de controversias.

Una tercer esfera se refiere a la justicia penal, en ella se sugiere: a) garantizar la vigencia a los principios de presunción de inocencia, contradicción, concentración e inmediación para alcanzar un proceso plenamente acusatorio; b) revisar la política criminal implementada actualmente por el Estado, particularmente, limitar el uso indiscriminado de la prisión preventiva, así como reducir y restringir la creación de tipos penales; c) establecer las condiciones para la eficacia de la defensoría de oficio; d) otorgar plena autonomía a la actuación del Ministerio Público y asegurar la calidad de las averiguaciones previas; e) empatar en lo posible la jurisprudencia en materia penal mexicana con los estándares internacionales, de manera específica en lo relativo al principio de presunción de inocencia y la integridad de los indiciados; f) posibilitar las salidas alternativas al procedimiento penal, tales como conciliación, suspensión del juicio a prueba y empleo del principio de oportunidad; g) garantizar los derechos de la víctima, en lo particular la reparación del daño y la ‘coadyuvancia’ a partir de la averiguación previa, y h) ampliación del catálogo de sanciones para limitar el uso de la pena de privación de libertad, entre otras más.

Un cuarto conjunto de propuestas se refieran a la necesidad de rediseñar al Poder Judicial para incorporarle todos los tribunales administrativos y electorales del país que aún están fuera de sus estructura, crear un sistema nacional de información y evaluación de desempeño judicial, posibilitar el uso generalizado de tecnologías de la información tanto para los procedimiento como para la consulta, garantizar la transparencia y de rendición de cuentas de todo el sistema judicial en el país, posibilitar la colaboración entre órganos importadores de justicia, la evaluación del funcionamiento de la justicia laboral, la homologación de códigos en todo el país, procuración de la calidad de los servicios jurídicos prestados por abogados y litigantes, así como el aseguramiento al apego de estándares estrictos de ética profesional.

Esta es una síntesis apretada y no los suficientemente comprehensiva de las reformas necesarias propuesta por los especialistas en el tema. Sin embargo, aquí se presentan como una enumeración básica desde la cual considero se puede partir para avanzar en establecimiento de las condiciones institucionales para una democracia con mejores resultados en la calidad de vida de los ciudadanos.

---

Publicado en el Diario Aguas, el 16 de julio de 2009, Aguascalientes, Ags.

Foto: El Colombiano (http://www.elcolombiano.com/)

Honduras: un golpe a la democracia

2009-07-02T11:54:00.000-07:00

Lo que sucede en esos momentos en Honduras con respecto al golpe de Estado que depuso al presidente Manuel Zelaya obliga a reflexionar acerca la calidad de nuestras democracias latinoamericanas en un momento donde se esperaría que este tipo de situaciones hubieran quedado en el pasado.

De acuerdo a una definición básica un golpe de Estado es la toma del poder por métodos regularmente violentos en los que se trata de imponer un cambio en el orden político establecido. El grupo político que defiende esta medida en Honduras y apoyó el nombramiento del presidente interino Roberto Micheletti se justifica arguyendo que la acción es ‘legal’ dado que la situación surgió del conjunto de decisiones tomadas por instituciones pertenecientes al Estado hondureño, a decir, el Ejército, el Poder Judicial y el Congreso. Sin embargo, la postura es a todas luces tramposas por lo que la condena internacional no se ha hecho esperar. Se ha depuesto a un presidente constitucional mediante un proceso no democrático y violatorio de los derechos políticos y civiles del presidente Zelaya y su gabinete. EUA, la Unión Europea y el conjunto de países pertenecientes a la Organización de Estados Americanos, entre ellos México ha demandado el restablecimiento no sólo del orden constitucional sino la reinstalación del presidente constitucional hondureño.

La justificación desde dentro de Honduras incluye a amplios sectores sociales que apoyan la situación a partir de argumentar de que se trata de una mayoría que le quiere dar la espalda a Zelaya por su acercamiento al presidente venezolano Hugo Chávez y su pretensión reeleccionista. La oportunidad del golpe la dio la intensión de Zelaya de iniciar una consulta no vinculante para preguntar a los hondureños si en las próximas elecciones de noviembre se incluía una cuarta urna donde expresaría la posibilidad instalar un cuerpo constituyente para reformar la norma suprema de ese país. A partir de una ley recientemente aprobada por el Congreso nacional en el que se le ponía candado a esta pretensión de Zelaya dio pie para acusarlo de cometer un acto de traición a la patria y de violación de la constitución actual hondureña al querer llevar a cabo la referida consulta el día 28 de junio. Ese día, antes de que se abrieran las urnas, el Ejército entró violentamente a la casa del presidente Zelaya y lo expulsó del país llevándolo a Costa Rica.

Actualmente toda la comunidad internacional ha condenado el hecho y exige la restitución de Zelaya en el puesto y seguir los causes institucionales-democráticos para dirimir las diferencias. Y esto precisamente es lo que nos lleva a reflexionar acerca de la estabilidad de las democracias en la región, pues no es posible que por el simple hecho de pensar diferente se pretenda anular al adversario sin la oportunidad de seguir procedimientos básicos que la misma Carta Universal de Derechos Humanas establece y ratifica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, de la que Honduras forma parte.

Toda persona en general o autoridad acusada de cometer un delito tiene el derecho a un juicio justo, y a partir de este se deberá establecer la pena o condena respectiva. En materia política normalmente se le somete al acusado a un juicio político, y después se deja en manos de las autoridades judiciales. Aunque no es el caso para esta coyuntura hondureña, pues la consulta como ya se dijo era de carácter no vinculante. Por más que se esté en desacuerdo con el presidente Zelaya por su pretensión de reformar la constitución para poder ser reelecto o no compartir las medidas políticas adoptadas por este presidente en materia económica o a partir de los acuerdos internacionales con los países pertenecientes a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) no se justifica ninguna acción para sustituir al presidente constitucional con medidas no democráticas.

La única posibilidad de que nuestras democracias sean estables es que se respeten los órdenes constitucionales, y que la única vía para dirimir las disputas políticas sea un proceso político institucional que permita un juego de actores que esencialmente deliberen en un marco de respeto y de libertad.

En Honduras se está gestando una nueva modalidad de golpes de Estado contra democracias débiles en las que sus operadores y seguidores se justifican bajo un discurso de legalidad, pero que en el fondo se trata de posiciones profundamente antidemocráticas e intolerantes. Ya no son más esos golpes de Estado donde las fuerzas armadas actuaban directamente apoyados por quienes les favorecía el nuevo orden político, sino que hoy vemos instrumentalizar otras instancias del propio Estado para anular al adversario e imponer una situación donde los privilegios e intereses de una oligarquía no se trastoquen.

La ventaja en este momento es que el balance de fuerzas en el orden internacional insistirá en que el estado de derecho y la democracia se respeten, y prevalezca a pesar de posiciones extremas escondidas en argumentos que mencionan las palabras ‘paz’, ‘democracia’ y ‘autodetrminación’ como justificaciones realmente vacías.

---

Piblicado en el Diario Aguas, jueves 02 de julio de 2009, Aguascalientes, Ags.

La izquierda mexicana en la coyuntura del 2009

2009-06-22T11:16:00.000-07:00

La situación de la izquierda mexicana en los albores de la elección intermedia del próximo 5 de julio es la más crítica desde por lo menos hace veinte años. Precisamente la movilización posterior a la elección presidencial de 6 de julio de 1988 fue motivo para pensar que la izquierda en México tendría por fin la posibilidad de constituirse en un solo frente político con grandes expectativas de ser competitiva electoralmente.

El PRD nació aglutinando a toda la izquierda histórica mexicana, y sin duda fue una importantísima pieza en el proceso de democratización del país en todos estos años. El propio PRD ha tenido en sus llamadas tribus su principal obstáculo para su consolidación y estabilidad. El resultado de la elección presidencial de 2006 y la disputa por la dirigencia interna del PRD del año pasado mantiene rota la alianza entre los partidos incipientemente estructurada en el Frente Amplio Progresistas (FAP). Andrés Manuel López Obrador, la principal figura de la izquierda en estos momentos, ha decidido en esta elección permanecer en el PRD, pero promover el voto por el PT y Convergencia, los otros partidos pertenecientes al FAP.

Como ejemplo de este escenario de ruptura está la situación difícil en la que el Tribunal Federal Electoral en días pasados ha puesto al PRD al decidir anular el registro de Clara Brugada Molina (perteneciente a la corriente Izquierda Unida, cercana a AMLO) como candidata de ese partido a Jefe Delegacional de Iztapalapa. Ahora la candidatura de Silvia Oliva de la corriente Nueva Izquierda, ha sido obstaculizada por el PRD capitalino, y los disidentes han decido invitar a votar por el PT en esta delegación para abrir la posibilidad para que Brugada Molina ocupe el cargo ante la renuncia del actual candidato petista una vez obtenido el triunfo. Esta situación no es menor, porque no sólo está en juego el hecho de que el PRD mantenga este bastión de cerca de más de 2 millones de habitantes, sino que perfila la inminente desaparición del FAP, y al PRD lo pone en una situación de debilitamiento político de la cual va a ser muy difícil que salga en un futuro próximo.

En el orden nacional la intención del voto hacia el PRD ronda el 16%, lo que lo mantiene en tercer lugar detrás del PRI con una intención del voto del 37% y del PAN con 33% (Consulta Mitofsky, mayo de 2009). Estas cifras no dan cuenta de la crisis real del PRD pues lo ubica en su promedio histórico, pero en términos políticos nos habla de un estancamiento electoral que en próximas elecciones cuestiona su competitividad real frente a las demás opciones.

A la par, la crisis de credibilidad del sistema de partidos que se está expresando en esta ocasión por el voto nulo está afectando directamente al PRD y a los demás partidos de izquierda, sin que estos sepan como capitalizar este descontento en un futuro inmediato.

En general la izquierda partidista se ha perdido en la posición de los demás actores políticos, incluidos el PRI y el PAN, que no quieren ver más allá de sus intereses coyunturales e inmediatos y que básicamente no está siendo sensible ante la exigencia ciudadana de arraigo de la democracia, la cual sin duda alguna se encuentra en un impass preocupante.

La izquierda mexicana sólo se verá fortalecida si opta por crear condiciones institucionales para que los partidos que la representan puedan superar sus diferencias mediante el diálogo profundo, y reglas a las cuales estos actores puedan comprometerse a cumplir una vez tomadas las decisiones de las acciones conjuntas.

Sin estas condiciones el país se estaría poniendo en una situación en la que no tendría opción real de izquierda que completara el espectro ideológico necesario en todo sistema político democrático.

---

Publicado en el Diario Aguas, el 18 de junio de 2009, Aguascalientes, Ags.

Voto blanco

2009-06-04T09:29:00.000-07:00

Controversial ha resultado el llamado de varias organizaciones sociales y algunos comentaristas políticos a considerar para el siguiente 5 de julio emitir un “voto blanco”, es decir, hacer manifiesto en la boleta electoral que no se elije de entre los candidatos o partidos que se nos presentan como opciones legales. En diferentes regiones del país han proliferado actores en lo individual y organizaciones de todo tipo invitando al “tache a todos” o diciendo “un voto nulo, dice más”. El propio IFE, en voz de alguno de sus consejeros electorales, ha invitado a contrarrestar este llamado pues la consideran lesiva al avance democrático conseguido hasta ahora.

Pero por otro lado, somos testigos de una creciente aceptación a la propuesta, principalmente en un electorado joven, urbano y principalmente atento a los asuntos públicos. De hecho el fenómeno es tal que los dirigentes de los partidos y los propios candidatos han manifestado su preocupación por este hecho, catalogándolo de irresponsable.

Inclusive en las redes sociales en internet, como el facebook, el tema ha sido motivo de discusión con argumentos a favor y en contra, lo cual debo de decir, me parece muy bueno porque el tema no pude ignorarse pues no es banal, ni coyuntural ya que se trata de un debate en torno al rol de los ciudadanos en la propia consolidación democrática.

De entre quienes han condenado la invitación al ejercicio del voto blanco se argumenta que esta acción es lesiva contra la democracia porque la elección de candidatos en lo particular es la única vía para consolidar el cambio político. O inclusive por ahí se dice que esta campaña es una oportunidad de venganza para los intereses económicos, en particular los de las televisoras o actores afectados con la más reciente reforma electoral la cual fue apoyada por los mismos partidos por quien se está invitando a no votar.

Sin embargo, mi opinión es que estas posiciones en contra del voto nulo son reductoras de la idea misma que se quiere expresar con el voto blanco. De entrada yo creo que le hace más daño a la vida pública una posición que quiera reducir lo político únicamente a las expresiones o acciones que transiten o se instrumenten por vía de los partidos políticos ya constituidos. Lo político no es sólo lo formalizado e institucionalizado, y muestra de ello es que varios ciudadanos no se sienten representados, y el movimiento mismo de voto blanco quiere ser una expresión de todos aquellos quienes creen que la democracia mexicana aún tiene mucho por reformar, lo que incluye una apertura de la representación no exclusiva de los partidos.

En lo particular yo he manifestado mi acuerdo con las reformas electorales pasadas en tanto aportan a las condiciones de equidad y respeto en la contienda, pero también he dicho que estas son insuficientes, por que los partidos han procurado cerrar el cerco a su monopolio de la representación ciudadana.

Por otro lado, muchos de los que critican la opción del voto blanco confunden ramplonamente esta expresión con el abstencionismo llano, aquel asociado a la incivilidad o falta de compromiso ciudadano. Pero se debe decir que por el contrario, el voto blanco pretende que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto plenamente y su expresión libre, pero con un mensaje muy específico: “¡Eh!, ¡Partidos y candidatos! Sus propuestas y acciones no están llenando las expectativas de los ciudadanos ¡No nos convencen! Necesitan cambiar y acercarse realmente a los ciudadanos”.

En México, lamentablemente, la única posibilidad de rendición de cuentas son las propias elecciones. Las elecciones son la única oportunidad real para que los ciudadanos exijamos responsabilidad política de las autoridades electas, incluido a los propios partidos. Es el momento en que puede haber una comunicación de ida y vuelta con ellos, pero donde la expresión ciudadana puede ir más allá que la simple elección de entre las propuestas chatas que los propios partidos ponen a disposición.

Insisto en que es más lesivo para la democracia tratar de limitar a los ciudadanos sus opciones y los mensajes que puede expresar con su voto. Sabemos que la contienda va arrojar ganadores y perdedores, y que los curules en el Congreso se ocuparan por aquellos candidatos que tengan la mayoría de votos, aún y con el hipotético y casi imposible escenario de que los votos nulos superen a los de los propios partidos, pero por el contrario se estará mandando un mensaje claro que exige sanear la vida política del país para avanzar en la consolidación democrática.

----

Publicado en el Diario Aguas, el 04 de junio de 2009, Aguascalientes, Ags.

Los retos democráticos de la planeación urbana en Aguascalientes

2009-05-22T11:40:00.000-07:00

El pasado fin de semana el Colegio de Estudios Sociales de Aguascalientes convocó a un seminario académico llamado “Historia, desafíos y oportunidades de la planeación urbana en Aguascalientes”. El evento consistió en dos sesiones, una el viernes 15 de mayo en la que el doctor en Mario Bassols Ricardez de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en sociología urbana, hizo una completa revisión histórica de las ciudades mexicanas desde la época precolombina hasta nuestros días acompañada de una reflexión en torno a las principales problemáticas y necesidades de planeación urbana en nuestros días. La segunda sesión, llevada a cabo el sábado 16, consistió en un panel en el que las principales autoridades responsables del desarrollo urbano en la zona metropolitana de Aguascalientes discutieron los retos y oportunidades de éste tema para el futuro de esta región.

La invitación al doctor Bassols no sólo fue considerada por tratarse de uno de los investigadores mexicanos más destacados en la materia, sino que porque Aguascalientes ha sido objeto de estudio desde sus estudios seminales. Su tesis de doctorado, cuyos resultados fueron publicados como libro por el ICA y la propia UAM en 1997 (Política Urbana en Aguascalientes. Actores sociales y territorio. 1968-1995), forman parte de la literatura básica en ciencias sociales para entender varios otros procesos sociales y políticos del Aguascalientes contemporáneo.

La idea de que la segunda sesión consistiera en un panel con las autoridades encargadas de la planeación y el desarrollo urbano en la zona metropolitana de Aguascalientes partió del diagnóstico que hemos realizado dentro del CESAAC en el que vemos las necesidad de acercar la discusión académica al proceso de toma de decisiones en el diseño e implementación de políticas públicas. Debo extender el reconocimiento al maestro Netzahualcóyotl López Flores (IMPLAN), arquitecto José Enrique González Pacheco (Secretario de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes), el maestro Juan José Orizco (Secretario de Desarrollo Urbano de Jesús María) y al ingeniero Juan Pedro Muñoz Ortega (Secretario de Desarrollo Urbano de San Francisco de los Romo), quienes participaron activamente desde la sesión del doctor Bassols, y en el panel en el que ellos fueron los protagonistas y en el cual expresaron sus ideas de forma clara y desde un punto de vista crítico.

La discusión con los asistentes, básicamente funcionarios ligados a estas áreas y académicos de varias disciplinas (arquitectos, urbanistas, sociólogos, politólogos, entre otros), se torno abierta a la crítica del modelo actual seguido por el desarrollo urbano en Aguascalientes. En este sentido se lamentó y extrañó la asistencia de algún representante del gobierno estatal, pues se dijo que espacios como este son propicios para reflexionar a fondo los resultados de las acciones, lejos de la coyuntura o las visiones particulares.

En cuanto al contenido de las discusiones, sin duda un eje transversal en todas ellas fue la preocupación por el cómo la planeación urbana puede convertirse en un instrumento para construir ciudades que sean un espacio para todos, lejos de la dinámica actual prevaleciente donde tanto el ritmo, como la orientación del crecimiento ha sido dictado por intereses particulares (léase el capital inmobiliario), y donde las oportunidades de realización plena del ser humano se han reducido aquellos quienes pueden acceder a ellas por su estatus económico y social.

Aguascalientes capital se ha caracterizado por ser una ciudad que durante muchos años se ha apegado a planes rectores del crecimiento urbano, además de conformar en sus instancias de decisión un cuerpo profesional de urbanistas y varios otros tipos de profesionales que dieron sentido y orientación clara. Sin embargo en los últimos años ha habido un viraje en donde los intereses de los gobernantes en turno, junto con el de grupos poderos económicamente, han tendido a privatizar la toma de decisiones en materia de desarrollo urbano. La nueva situación ha abandonado planes y proyectos que se visualizaban importantes para un crecimiento equilibrado de la ciudad, y se han favorecido a otros que potencialmente ponen en peligro la sostenibilidad de la calidad de vida en la misma.

La planeación urbana debe ser acompañada de otros instrumentos de gestión pública que permitan las diferentes visiones de la ciudad deliberen y decidan acerca de la ciudad que queremos para el futuro, instrumentos que hagan la toma de decisiones trasparente y democrática.

Como propuesta a título personal e individual y producto de las intensas discusiones que se dieron en estos dos días me permito compartirles lo que considero es un reto institucional para procurar una planeación urbana a la altura de las actuales necesidades de la zona metropolitana de Aguascalientes:

En lo particular se requieren instancias que incluyan la visión metropolitana que construyan un verdadera sistema de ciudades entre Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo. Se requiere que las autoridades de estos tres municipios sean los ejecutores de decisiones que se han convenido en primera instancia con los más diversos actores interesados, no sólo inmobiliarios, desarrolladores, cámaras empresariales o colegios de profesionistas, sino ciudadanos comunes a quienes debe dárseles el derecho efectivo de opinar e intervenir en la decisiones. La creación de consejos de barrio, colonia o sector, junto con un Consejo Metropolitano de Desarrollo Urbano que los agrupe y los entreteja con un estructura de presupuesto participativo como los que existen en Brasil, puede ser la columna vertebral de un sistema de validación y decisión democrático innovador en México.

Además, estas decisiones deben estar nutridas de información relevante proveniente tanto de los instituciones educativas y de investigación del estado, como también de un Instituto Metropolitano de Planeación, auspiciado por los tres municipios, donde la tarea principal sea la investigación y el desarrollo de estudios interdisciplinarios que ayuden a entender las dinámicas sociales, económicas y políticas complejas de la zona metropolitana.

Con un diseño institucional como el que aquí se plantea estaremos pasando de tener planes de desarrollo urbano que sólo son instrumento de validación legal y administrativa a un entramado que posibilite procesos políticos y sociales que fortalezcan la legitimidad política de los acuerdos y construyan mejores ciudades para el futuro.

---

Publicado en el Diario Aguas, el jueves 21 de mayo de 2009, Aguascalientes, Ags.

Fe de erratas: Por un error de 'dedo' en el Diario Aguas el título de la colaboración fue "Los restos democráticos de la planeación urbana...". Eso pasa por esperar al último momento la entrega!

Por un modelo democrático de gestión del servicio de agua potable en Aguascalientes

2009-05-07T12:09:00.000-07:00

Para el municipio de Aguascalientes el tema del agua sigue siendo una de sus prioridades. Pero a diferencia de lo que muchos creen, esta prioridad se ha transformado dado el balance que podamos hacer a partir de los avances y pendientes a dieciséis años de haber iniciado la concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado.

Mi opinión, al dedicarme al estudio de este tema desde la perspectiva del análisis de políticas públicas, es que en Aguascalientes se ha avanzado en términos de eficiencia y calidad del servicio, destacándose como un buen servicio a escala nacional, sin embargo aún se presentan varios retos, entre los que destacan la recuperación de caudales perdidos en la conducción, cultura del agua, trasparencia y rendición de cuentas por parte de los agentes del servicio (CAASA/CCAPAMA), pero sobre todo, en el hecho que a los principales, es decir, la población, sólo se las ha considerado en su dimisión de usuarios con obligaciones (de pago), y no necesariamente en su dimensión humana y ciudadana con derechos para que participe activamente en el proceso de toma de decisiones, esté informada y no le falte el agua.

Las experiencias en muchas partes del mundo han demostrado que los mejores arreglos institucionales son aquellos en los que la población no sólo tiene asegurada el agua para su consumo humano y productivo en cantidades razonables, sino que la tiene básicamente porque todos los intereses han sido representados en la toma de decisiones, lo que ha permitido desarrollar sentido de equidad, innovación y aprendizaje tanto de prestadores de servicio como de los usuarios mismos.

Efectivamente, la escasez del agua no sólo es una cuestión técnica, sino esencialmente política. Y la ‘política’ aquí debe ser entendida en términos no peyorativos, sino como el proceso y actividad humana por la cual una sociedad consigue ponerse de acuerdo para logar sus objetivos colectivos. Lamentablemente para Aguascalientes el debate político en torno al asunto del agua ha estado alimentado, primero, por la irresponsabilidad de quienes en su afán de figurar y promover su liderazgo político hablan muchas veces sin mucho conocimiento de causa, lo que ha ocasionado que en este debate nos hayamos perdido en cuestiones ‘banales’ y que no se atienda el problema principal, pero segundo, también porque la autoridad responsable no ha sabido generar los espacios, ni diseñar los instrumentos adecuados para hacer llegar la información a los interesados de forma adecuada para, precisamente, poder concentrarnos en los asuntos que ayuden verdaderamente a salir de nuestra propia crisis del agua.

La perspectiva que estoy defendiendo aquí cree firmemente que sólo con calidad de la representación y mecanismos que permitan la auto-regulación y el auto-compromiso entre los usuarios asegurará el agua para el futuro.

Los casos más exitosos en este sentido han demostrado salir de fuertes crisis de escasez a pesar de que sus propias fuentes de abastecimiento estaban al límite de su capacidad. Este es el ejemplo de todos los acuíferos de California en los Estados Unidos, o el de Edwards en Texas, o debo decir, el de Monterrey, Nuevo León, el de la Ciudad de México o el de León, Guanajuato en nuestro mismo país.

¿Qué es lo que ellos han hecho bien? Han diseñado instituciones capaces de generar soluciones de largo alcance, sustentables para los problemas perversos a través de la coordinación de esfuerzos de un sistema previamente independiente de usuarios, conocimiento, autoridades e intereses organizados. Se trata de la democratización a través de la participación ciudadana en los asuntos de la gestión del agua.

La materialización de esto lo han logrado mediante la configuración de un marco regulatorio adecuado para el desempeño de los sistemas de agua potable, pero esto ha sido reforzado mediante la instalación de Consejos Directivos “elegidos” democráticamente, en los que confluye la representación legítima de varios sectores económicos y sociales. La capacidad de decisión es efectiva sobre los planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo, también sobre los programas de infraestructura y mantenimiento, así como en el nombramiento del director general del organismo o de los incentivos para un desempeño profesional de todos los funcionarios y técnicos.

Lo anterior les ha permitido tener certeza y estabilidad en la acción de los organismos en una perspectiva mayor a la del periodo gubernamental municipal. Los directores o secretarios técnicos generalmente duran en su encargo un promedio de seis a nueve años, y el personal técnico y operativo están insertos en un esquema de permanencia y ascenso por mérito y capacidad, lo que permite profesionalización. No dependen del capricho de los gobernantes en turno o de intereses económicos particulares que pudieran interferir en los planes y acciones a favor de la ciudad en su conjunto.

En Aguascalientes, CCAPAMA es el organismo responsable de la supervisión de la empresa concesionaria, si bien su labor cotidiana puede considerarse efectiva en esta responsabilidad, su trabajo es un proceso opaco para los ciudadanos. Desde 1996 que se supone se “ciudadanizó” la integración de su Consejo Directivo, ésta ha sido básicamente a modo de la administración en turno. Si bien se determina en el Reglamento que este consejo estará integrado por representantes de varios sectores (básicamente empresariales), gran parte de los integrantes son gubernamentales (cuatro del propio gobierno municipal y el Ayuntamiento, tres representantes del gobierno estatal y federal, así como dos del Congreso local), y sólo cinco representantes ciudadanos, que sobra decir, son elegidos por el propio presidente municipal. La presidencia de este organismo es una decisión exclusiva del Ayuntamiento.

Las facultades de este Consejo son muy limitadas, otorgando gran discrecionalidad al propio presidente municipal y al director del organismo, lo que resta autonomía. La única rendición de cuentas de este organismo es ante el Ayuntamiento, pero sin duda esto es insuficiente.

Los casos que podemos considerar como de “buena gobernanza”, es decir aquellos que aseguran el agua para el futuro para todos, se han conseguido mediante la “democratización” del proceso de regulación hacia quien presta directamente el servicio, sea el gobierno o una empresa privada. Gobiernos de izquierda o de derecha en su proyecto político, en ciudades donde se ha logrado buenos arreglos institucionales, igual conviven con esquemas donde el gobierno directamente presta del servicio o una empresa privada se hace cargo del mismo. La democratización de los servicios no se ha limitado a la simple distinción entre propiedad pública y privada. Las instituciones participativas —como los Consejos Directivos en las ciudades mencionadas arriba— pueden ayudar a democratizar los sistemas de agua potable y alcantarillado, cualquiera que sea el esquema en su prestación. La propiedad sigue siendo pública, garantizada por nuestro marco constitucional, lo que no significa que la regulación deba de estar sólo en manos del gobierno, por más bien intencionado que sea éste. Es necesario que tanto las empresas concesionarias, como los gobiernos rindan cuentas ante los ciudadanos.

A los ciudadanos lo que les interesa a fin de cuentas es tener un servicio público de calidad y asegurar que tendrán agua para sus hijos y las generaciones venideras. Estoy de acuerdo con la opinión de los académicos Sean Flynn y Kethryn Boudouris:

“Allí donde las empresas son de propiedad privada, los defensores
de la democratización no tienen porque limitarse a reivindicar la
municipalización. La creación de instituciones que, como [Los Consejos
Directivos democráticos y poderosos], vinculen los intereses ciudadanos con el
acceso a recursos económicos y conocimientos pueden aumentar el poder popular
sobre las empresas mediante procesos reguladores y, además, aumentar la
influencia de los ciudadanos sobre los responsables gubernamentales” (Sean Flynn
y Kethryn Boudouris, “La democratización de la regulación y la gobernanza del
agua en los Estados Unidos”, en Belén Balanyá, et al., Por un modelo público del
agua. Triunfos, luchas y sueños, CEO, El Viejo Topo, 2005, p. 96).

Recordemos que hace dieciséis años en Aguascalientes se decidió concesionar el servicio de agua potable y alcantarillado, para mejorar el servicio y asegurar el agua para el futuro, eso precisamente es lo que no se nos debe de olvidar.

---

Publicado en el Diario Aguas, 07 de mayo de 2009, Aguascalientes, Ags.

Medio ambiente, acciones desde lo público y lo privado

2009-04-23T08:40:00.000-07:00

El día de la tierra, celebrado el día de ayer (22 de abril), nos invita principalmente a reflexionar en torno a lo que como sociedad, pero principalmente de manera individual, debemos de hacer para conservar nuestro planeta. Desde 1970 se celebra internacionalmente esta fecha para sensibilizar a gobiernos y personas en general de que vivimos en un planeta vulnerable a nuestras acciones.

En 1972 se celebró la Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, la discusión generada ahí planteo la necesidad de pensar el cuidado del medio ambiente relacionado con el medio social, es decir, se reconoció que la actividad humana y el desarrollo de las sociedad están íntimamente relacionados. Por ejemplo, en los países en desarrollo se consideró necesario que el cuidado del medio ambiente debe ir de la mano de acciones para superar la pobreza dado que está es muchas veces fuente de degradación del medio natural, o por el lado de los países desarrollados se señaló la idea de que los patrones de consumo deben ser revisados para contribuir, desde la concientización cultural, a la sustentabilidad.

En términos de institucionalización de la relación medio ambiente y política en México este movimiento internacional obligó a nuestro país a expedir su primera Ley de Ecología en 1976 y en 1982 a crear la Secretaría de Ecología y Desarrollo Urbano. Junto la idea de Desarrollo Sustentable del Informe Brundtland (1987) que lo definió como aquel que “satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” y la Cumbre de Río en 1992 que planteo la necesidad de que la conservación del medio natural permita el desarrollo económico y social de los pueblos, en México se ha ido moldando una Ley General de Equilibrio Ecológico (1988, 1996, 2007) de la cual se han derivado disposiciones jurídicas muy importantes para el cuidado del medio ambiente en el país, entre que destacan los principios de “el que contamina paga”, “el que conserva recibe una retribución” y “el que utilice los recursos natrales asume el costo de sus acciones”. En 1994 se crea la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, misma que se trasformaría en 2000 en simplemente Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual tiene como objetivo fundamental “fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable”.

Sin embargo, toda esa institucionalidad configurada en México no ha sido suficiente para que en general en el país, y en lo particular en cada región, no tengamos comprometiendo nuestro futuro a partir de uso irracional que seguimos haciendo de nuestros bienes naturales, principalmente bosques, aguas superficiales y subterráneas, biodiversidad o en general el aire que respiramos.

Como dije al principio, este día —a partir del cual yo invitaría a que este fuera un debate continuo— nos invita a estar conscientes que el desarrollo sustentable implica acciones desde ámbito público, como del privado.

En términos de acción pública es necesario seguir fortaleciendo a las instancias gubernamentales especializadas para que su actividad de cuidado y regulación sean efectivas para inhibir la acción de los particulares contraria al cuidado del medio ambiente, comandar la gestión ambiental por medio del involucramiento, la consulta y la deliberación pública de los involucrados, para que tenga además los medios para la incorporación del enfoque medioambiental en el diseño y ejecución de toda política pública, y la posibilidad de hacer converger los propósitos económicos, sociales y ambientales del desarrollo regional.

En términos personales, privados, es necesario la concientización profunda de que la suma nuestros hábitos de consumo de energías, de disposición final de desechos, o de utilización de recursos naturales —principalmente resaltaría en estos momentos el caso del agua— contribuyen a generar los equilibrios o desequilibrios que aseguran o comprometen nuestra propia calidad de vida y el de los demás.

En lo que se debe hacer énfasis es que la problemáticas medioambiental es básicamente una responsabilidad compartida entre todos los actores y sectores de la sociedad. Los gobiernos deben consolidar su capacidad básica de gestión local del territorio y del entorno para asegurar un crecimiento económico y calidad de vida sostenibles, y la sociedad debe involucrarse activamente no sólo desde el ámbito de su familia o comunidad, sino participar de manera comprometida en la generación de ideas y acciones en el ámbito público.

----

Publicado en el Diario Aguas, 23 de abril de 2009, Aguascalientes, Ags.

Medios y democracia, una relación por trasformar en Aguascalientes

2009-04-12T14:25:00.000-07:00

El martes pasado en la sala Isóptica de la Unidad de Estudios Avanzados de la UAA se celebró un foro convocado por el Consejo Coordinador de Organizaciones de la Sociedad Civil llamado “Medios y Democracia”, en él participaron en una primera sesión un grupo de políticos, funcionarios electorales, comunicadores y académicos en el que se analizó la tensión dilemática entre libertad de expresión y regulación de los medios, tema que ha surgido como emergente a partir de la última reforma electoral de 2007 en la que principalmente se decidió prohibir la contratación de espacios publicitarios en medios electrónicos y prensa durante las campañas electorales federales. La segunda parte de la jornada consistió en una conferencia magistral a cargo del exsenador panista Javier Corral, principal impulsor del amparo contra la famosa “Ley Televisa” y actor clave también en el diseño de la reforma electoral referida.

Salvo la opinión entendible del comunicador, todos los panelistas coincidieron que la reforma era un paso positivo para consolidar la democracia frente a la deformación de los medios de comunicación, sobre todos los electrónicos, que pasaron de ser simples instrumentos neutros de la sociedad, en actores promotores de intereses de unos cuantos, empezando por los dueños de los medios y el capital financiero del país.

Por su parte Javier Corral a través de un discurso muy elocuente insistió en que la reforma integral de la relación entre Estado, medios y sociedad es una tarea clave para poder trasformar nuestro régimen y sistema político en uno plenamente democrático.

Se citó incluso reiteradamente a Karl Popper, para quien la televisión en esta era de postmodernidad se ha convertido en un instrumento que necesita ser regulado para asegurar la equidad y la libertad de expresión de lo público y los públicos. Ya que no se trata más que de garantizar la apertura de todas las opiniones y puntos de vista de una sociedad plural y no reducirla a quienes tienen la posibilidad material y económica de acceder a dichos medios.

Con esta perspectiva estoy particularmente de acuerdo, ya que recordemos que la democracia es una forma de gobierno que se basa esencialmente en el principio del ejercicio de poder acotado, controlado por las instituciones, y que de manera constante se les olvida a quienes bajo un ‘falso discurso liberalizante’ pretenden que gobierne el mercado, o en otras palabras la ley del más fuerte. Se han opuesto contra la reforma integral de los medios de comunicación en México quienes están de acuerdo en que los poderes fácticos del país sigan controlando los principales instrumentos de materialización del espacio público, llegando al extremo de privatizarlo a partir de la expresión sólo de sus intereses personales y mezquinos.

Nuestra democracia mediática para avanzar debe ser esencialmente una democracia republicana, donde las instituciones posibiliten el acceso plural, abierto y equilibrado a los medios de comunicación.

Claro que estoy de acuerdo en que la reforma electoral pasada tiene sus debilidades, principalmente hago referencia a la prohibición de ataques entre candidatos y partidos durante la contienda, ya que la elevación del debate debe estar incentivado por otro tipo de reglas del juego que hagan posible y más atractivo para los actores el debate de proyectos políticos, dejando de lado el ataque vulgar. Recordemos que en países como Inglaterra, España o Francia encontramos también señalamientos y acusaciones contra los contendientes, pero esto siempre es de forma abierta (es decir, no utilizando la llamada propaganda negra) y con el necesario acompañamiento de evidencia de las acusaciones, mismas que se concentran en temas del desempeño público o político del personaje al que se le acusa, y nunca a partir de su vida privada, o si se hace lo es en la medida que se compruebe que afecta directamente a su función pública.

La prohibición de contratación por parte de partidos, candidatos o particulares se lo mejor de la reforma, ya que esta es la única forma de asegurar equidad y competitividad en la contienda electoral. Es ahí donde no se debe doblar las manos, ya que recordemos que a este punto se llegó por los abusos en donde el principal gasto de campaña (cerca del 80%) se fue a las arcas de los dueños de esas empresas, los cuales además se ha demostrado empezaron a generar lógica perversas como las de un trato preferencial en espacios noticiosos de acuerdo a lo contratado o tarifas también preferenciales de acuerdo a la simpatía o afinidad de medios y políticos o partidos.

La responsabilidad social de los medios se logra además de con buena voluntad, a partir de instituciones que aseguren la apertura de opiniones y alientes un debate público constructivo. Obviamente los políticos y partidos también tienen mucho por cambiar sus actitudes, ya que sin propuestas y discursos inteligentes los medios abiertos y democráticos no puede dar cuenta de ello.

Se debe pasar de la política del spot, de su mercantilización, al rescate de una actividad política dignificante, que busca abrir espacios de deliberación que posibiliten discutir los asuntos de la polis y llegar acuerdos para la acción pública efectiva y constructiva.

Los ciudadanos igualmente tenemos responsabilidad en esto. La discusión plural y tolerante se debe de dar en el hogar mismo, la familia, los amigos y la comunidad en general. Se tener que participar activamente no sólo informándose, sino discutiendo en estos espacios próximos y actuando a través de la participación activa en organizaciones como las propias empresas, colegios, clubes de tipo social, deportivo, sindical y hasta en los mismos partidos de ser posible. En cuanto al consumo de medios también se puede hacer mucho, ya que sólo exigiendo calidad, objetividad y veracidad los medios estarán obligados a procurarla en sus contenidos.

Aguascalientes no es ajeno a esta realidad. Se puede empezar con una reforma electoral local que retome lo mejor de la federal. Se necesita que la competencia electoral de 2010 sea una oportunidad para discutir los avances y retos que tiene la entidad en una variedad de temas prioritarios como los son seguridad, empleo y economía, medio ambiente (principalmente agua), educación, entre otros. Hay que tener un entramado institucional que permita una discusión rica en ideas y propuestas, no sólo por parte de todos los contendientes, sino de la sociedad en general, principal interesada en estos asuntos.

---

Públicado en el Diario Aguas, 09 de abril de 2009, Aguascalientes, Ags.

Grietas del suelo y su red de políticas

2009-03-26T08:36:00.000-07:00

El dato que conozco es que las primeras fallas geológicas identificadas en Aguascalientes datan de 1979. De ahí en adelante este fenómeno nos ha acompañado como una de las principales preocupaciones públicas. El agrietamiento del suelo, sobre todo en la ciudad capital, se ha hecho evidente con el daño de la infraestructura urbana y en cientos de propiedades. Este problema acumula unas 200 viviendas afectadas por año, daños en todas las redes de servicios (agua, drenaje, telecomunicaciones, etcétera) y más de 30 kilómetros de grietas.

Las causas, dicen los especialistas, no obedecen a un sólo grupo. Es decir, a pesar de que siempre se ha tenido conciencia y aceptado ampliamente que la sobreexplotación de nuestro acuífero principal, el del valle de Aguascalientes o recientemente llamado acuífero interestatal Ojocaliente-Aguascalientes-Encarnación es la principal causa del fenómeno de subsidencia del suelo, recientemente se ha insistido que las causa también hay que buscarlas en desplazamientos tectónicos sucedidos de manera natural.

Este último debate no es menor, ya que la manera de estructurar el problema determina en definitiva las alternativas de solución y la integralidad con que se aborden las acciones públicas requeridas.

El día de ayer, en el vestíbulo del Congreso del Estado se llevó a cabo el Seminario sobre la Iniciativa del Instituto de Estudio y Tratamiento de Ciencias de la Tierra del Estado de Aguascalientes, convocado por la Comisión de Agrietamiento del Suelo y Sustentabilidad del Agua de la LX Legislatura. En este espacio convergieron especialistas de varias disciplinas y actores directamente involucrados en el asunto.

Las mesas de debate fueron nutridas en asistencia, propuesta y debate. A partir de las discusiones me pude dar cuenta del estado que guarda lo que podríamos definir como la red de política del problema del agrietamiento del suelo en Aguascalientes (conjunto de actores, instituciones y sistema de creencias alrededor de este asunto público).

Esta iniciativa nace teniendo como antecedente un número nutrido de estudios técnicos que se han venido haciendo tanto por iniciativa de los tres órdenes de gobierno, apoyados en instituciones como la CNA, el IMTA, la UNAM, la UAA y otras instancias, a partir de la sobreexplotación del acuífero del que principalmente se abastece la actividad social y económica del valle de Aguascalientes, así como del trabajo que ha venido realizando el Comité Interinstitucional de Fallas Geológicas y Grietas del Estado formado en 2003 a partir de la fallas aparecidas en el fraccionamiento Casa Blanca un año antes.

El debate mismo aparece de manera natural, a pesar de lo que munchos podrían pensar en torno a este temas que se presenta a mayoría de las veces como eminentemente técnico. La utilidad de un Instituto que se dedique especialmente a este asunto es cuestionada por quienes dicen que se estaría duplicando funciones con lo que ya se viene dando. Sin embargo para el caso particular creo que la necesidad de este tipo de instancias se vuelve una necesidad imperante ya que muchas de las acciones aún se encuentran desarticuladas y no existen puentes o refuerzos institucionales que permitan compromisos de largo aliento para dar seguimiento y continuidad a los esfuerzos ya avanzados.

Sin necesidad de crear un monstro burocrático se vuele imperante una instancia que coordine no sólo a las instancias gubernamentales que directamente tiene algo que ver tanto con las causas como con las soluciones al problema del agrietamiento del suelo, sino al conjunto de organizaciones tanto del sector privado como de la sociedad civil que pueden aportar.

La investigación realizada tanto por la UAA, como por otros centros académicos nacionales debe tener replique en las acciones públicas específicas, y en ese sentido el Instituto puede tender los puentes para que esto suceda.

El aprendizaje orientado a la política debe institucionalizarse en instancias como estas, en la que, dada la complejidad del problema, no incluye sólo a las disciplinas aledañas a las ciencias de la tierra (geología, ingeniería civil, entre otras) sino a los problemas paralelos originados por el problema principal (la subsidencia del suelo), me refiero a los problemas de infraestructura, desarrollo urbano, crecimiento económico y fenómenos sociales.

Esta es una iniciativa pertinente para Aguascalientes, ojala y la mayoría de las iniciativas legislativas siguieran procesos de enriquecimiento y maduración como el que se dio a partir de este ejercicio de consulta.

----

Publicado en el Diario Aguas, el 26 de marzo de 2009, Aguascalientes, Ags.

Un balance más allá de lo económico para salir de la crisis

2009-03-12T12:41:00.001-07:00

Aguascalientes enfrenta la actual crisis económica en circunstancias distintas a como lo hizo con las anteriores sucedidas durante la década de los ochenta y noventa. Desde el campo político es necesario reflexionar acerca del papel tanto de las instituciones políticas, como de los agentes gubernamentales y sociales para mitigar los efectos de la actual recesión.

El estado se presenta por muchos especialistas como uno de los lugares más competitivos del país y más seguros para invertir, pero en estos momentos ¿esto es suficiente? ¿Las estructuras económicas puede sostener el desarrollo general de la entidad?

El hecho de que en esta ocasión se trate de una crisis originada más allá de nuestras fronteras pone al país y al estado en una situación muy difícil, pues en el pasado la salida se había encontrado en buena medida en el intercambio comercial con el exterior y la inversión extranjera directa. Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, es uno de los actores centrales de esta crisis y en este sentido se torna claro que la respuesta actual no podrá reducirse a ser buscada por ese lado.

Un estudio realizado recientemente por la investigadora María Luisa Decuir-Viruez llamado “Institutional Factors and Economic Growth: Two Regional Case Studies: Aguascalientes and Veracruz (1970-2000)” identifica los elementos institucionales (incentivos, reglas, leyes y arreglos informales) que están detrás del desempeño económico de estas dos entidades de la república. A nuestra entidad se le presenta como un caso exitoso durante este periodo de análisis y efectivamente se nos da cuenta de las condiciones estructurales del crecimiento y fortaleza hidrocálida.

Sin duda se identifica que las élites locales tuvieron un papel central a dirigir una visión estratégica para cambiar la vocación económica de la región al pasar de predominantemente agrícola a otra industrial, basada en el ámbito textil, automotriz y agroindustrial, y muy recientemente al ámbito de la electrónica y la producción de software.

Antes de 1986 el gobierno se dedico a promover una buena infraestructura para la industria (teniendo como antecedente el plan de promoción industrial de 1974), posteriormente entre 1987 y 1992 al fomento de la industria local, entre 1992 y 1998 a la apuesta por el comercio exterior, y finalmente en el periodo de gobiernos panistas a un fuerte apoyo a la especialización y modernización de la industria, así como la creación de clusters enlazados con el sistema educativo y de desarrollo tecnológico.

Por el lado de las finanzas públicas el periodo que va de 1970 al 2000 Aguascalientes fue generando una capacidad financiera que le fue dando autonomía frente a la federación y la deuda permaneció manejable.

En general estas condiciones estructurales no han cambiado en lo esencial e incluso se ha hecho más por fortalecer la condición de competitividad de Aguascalientes en este rubro. El único cambio significativo y que preocupa en lo particular, es el endeudamiento público contraído recientemente por parte del gobierno estatal y municipal, ya que nos pone ahora en un escenario incierto donde seguramente, dada la crisis, se va a necesitar que aparte de gasto en infraestructura como se ha hecho, se necesite también invertir fuertemente en gasto social principalmente.

Por el lado de las instituciones informales en Aguascalientes, a la par del proceso descrito anteriormente, se fue gestando un cambio de prácticas a partir de la transformación del perfil sociodemográfico y cultural de los habitantes. El clima prevaleciente de tranquilidad y estabilidad social en el periodo de 1970 a 2000 fue positivo de alguna manera. Sin embargo, el perfil de la sociedad se fue transformando silenciosamente, sin que muchos se hayan dado cuenta.

Las cosas en la esfera de lo social plantean que las respuestas no han ido a la par de las nuevas exigencias, y desde mi punto de vista es aquí donde tenemos los déficits más importantes.

El capital social es débil, ya que a pesar de de presentar un asociacionismo alto, su perfil está constituido todavía por una mayoría de organizaciones de tipo asistencialista o de club social, propias todavía de una sociedad conservadora, endógena en el tipo redes sociales que logran tejer. El asenso social está todavía más determinado por las relaciones que por las capacidades demostradas.

Hay sin duda una mayor presencia organizaciones que pugnan por atender temas de una sociedad con rasgos complejos —como es el caso de aquellas organizaciones medioambientales, de género o de concientización cívica y política— pero su alcance todavía es limitado.

Por el lado del asociacionismo con interés económico los resultados aún son pobres. Los grupos de industriales, comerciantes o empresarios en lo general juegan un papel trascendental en la opinión pública y en muchas de las decisiones de política pública, pero no logran abanderar causas que vayan más allá de su propio interés. Por el lado del sindicalismo operante en la entidad, el cual si bien es más diversificado, sin duda sigue padeciendo falta de proactividad, cohesión y democracia interna.

Se tiene una sociedad que exige servicios públicos, educativos y de oportunidades laborales, pero todavía carece de espacios de interlocución y deliberación que mantenga una interacción sistemática con el poder público y las instancias gubernamentales y políticas en lo general.

Como se observa, las condiciones con las que actualmente enfrentamos la crisis económica nos pone muchos retos por delante. No podemos decir que por ser considerados una entidad competitiva en lo económico saldremos rápido. En lo social y lo político hay mucho por hacer.

----

Publicado en el Diario Aguas, jueves 12 de marzo de 2009, Aguascalientes, Ags.

Jugadores con veto en Aguascalientes

2009-02-27T17:18:00.000-08:00

En Aguascalientes se ha instalado una realidad política compleja derivada de la alternancia vivida desde hace ya casi catorce años. Esta realidad supondría que se ha transitado hacía formas del sistema político más competitivas, desconcentradas en el ejercicio del poder, y llena de contrapesos formales e informales para el ejercicio de la función pública. La presencia de estos elementos podría llamarnos a asegurar que Aguascalientes vive un clima más democrático, sin embargo, la aseveración de los politólogos norteamericanos Haggard y McCubbins de que «los sistemas con múltiples y diversos grupos con poder de veto... son indecisos y tienden a producir grandes dosis de políticas orientadas a fines privados» se cumple regularmente (véase Stephan Haggard y Mathew D. McCubbins, eds. Presidents, Parliaments, and Policy, Cambridge University Press, Nueva York, 2001).

Primero aclaremos conceptualmente la idea de «jugadores con veto» para acercarnos a la idea que quiero expresar en esta ocasión.

En términos institucionales, los regímenes políticos democráticos (ya sean Presidenciales o Parlamentarios) regularmente concentran su operación en espacios institucionalizados a través de los cuales una iniciativa legislativa deberá pasar para convertirse formalmente en ley o en política pública, en ellos los jugadores con veto aparecen como aquellos actores, individuales o colectivos, que se encuentran habilitados para decidir el destino final de la iniciativa.

En México, particularmente el diseño institucional de las entidades federativas reproduce el modelo presidencial con características específicas (división de poderes, centrada en el Gobernador del Estado, unicamerales y poder judicial autónomo del nacional e integrado por municipios que son considerados base para la conformación política de la entidad, y a quienes se les otorga la capacidad de ratificar cambios constitucionales locales). El escenario de competitividad electoral ha dado paso a fenómenos característicos de los gobiernos democráticos de ésta índole: gobiernos divididos (ejecutivos con minoría en el legislativo) y gobiernos yuxtapuestos (gobernadores con presidentes municipales de partidos diferentes al suyo).

Lo anterior nos habla de una multiplicación de los jugadores con veto en nuestro sistema político, dado que se ha reafirmado la autonomía del legislativo frente al ejecutivo, a la vez que la disciplina partidaria al interior de las bancadas tampoco se asegura, y las disputas entre gobernador y presidentes municipales se ha acrecentado en torno a la distribución de los recursos principalmente o en torno a la perspectiva de desarrollo local.

Aguascalientes sin ser ajeno a esta realidad en estos últimos años ha dado muestras de que lejos de beneficiarse de la nueva correlación de fuerzas, en ocasiones ha permitido el estancamiento en la toma de decisiones públicas o la posibilidad de que intereses particulares sean los que se impongan en las decisiones resultantes.

La producción legislativa de los últimos años no ha estado a la altura para hacer frente a los retos presentes: inseguridad y crisis económica. Los intereses particulares de legisladores, funcionarios públicos, líderes partidistas o sindicales se llegan a imponer dando la espalda a la ciudadanía con iniciativas o acciones políticas sin trascendencia, o las que valen la pena se ‘atoran’, se ‘congelan’ o se postergan para ‘mejor tiempo político’.

¿Cómo salir de este impass político? El reto es entrar con seriedad a debatir la reforma del Estado en lo local, pero al parecer esto no preocupa a nuestros políticos. Estamos a tiempo antes del 2010, los actores que actualmente están en una posición efectiva de influir en esto deben preparar el terreno para que los próximos poderes constitucionales no tengan las condiciones que hoy no permiten el acuerdo trasparente y de cara a la ciudadanía.

---

Publicado en el Diario Aguas, 26 de febrero de 2009, Aguascalientes, Ags.

El Estado ante la crisis económica actual

2009-02-04T13:20:00.000-08:00

La crisis económica por la que atraviesa el mundo ha reavivado un debate político que para muchos estaba superado. Muchos aceptaron la tesis del “fin de la historia” donde el libre mercado y el capitalismo financiero no tendrían rival ante ante la derrota del socialismo real. Un Estado no interventor de la economía, simple regulador y mínimo era precondición para la estabilidad y el crecimiento.

Sin embargo, la situación económica actual fue ocasionada precisamente por los excesos de agentes económicos sin control y la especulación permitida por falta de instituciones fuertes y efectivas. El Gobierno mexicano se lava las manos arguyendo que la crisis viene de fuera y ante esto no se puede hacer mucho. Lo que no se reconoce es que en el pasado inmediato se dejó de hacer bastante en el interior en materia de fortalecimiento institucional para que en momentos como estos tuviéramos otra situación más favorecedora para hacerle frente a la situación crítica de la economía. Sin duda el mayor déficit estuvo en no tener políticas de incentivación de un mercado interno robusto y eficiente.

Las medidas ensayadas en los meses recientes por las países desarrollados para hacer frente a la crisis y las que se anuncian para el futuro próximo son muy similares a las que ayudaron a salir de la crisis de 1929, es decir, medidas de intervención gubernamental para sostener a la economía. Keynes en muchos sentidos vuelve a tener razón.

Organizaciones internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe(CEPAL) desde hace tiempo, incluso mucho antes de la actual crisis, insistieron en que el papel del Estado y sus instituciones eran muy importantes para lograr salir del estancamiento y del daño que las reformas de primera generación (es decir, las neoliberales) generaron en la región.

Efectivamente, con las reformas de primera generación la estabilidad macroeconómica, irónicamente —tal como era concebida por el Consenso de Washington a través de la reestructuración del sector público (control del déficit fiscal) y la apertura comercial (control del déficit de la balanza comercial)—, no tuvo los resultados deseados, y por el contrario la volatilidad del crecimiento interno de los países ha sido una constante, el bajo desarrollo productivo y baja competitividad, así como la concentración económica, lo que a su vez ha arrojado consecuencias negativas en el ámbito social (desempleo, desigualdad y pobreza).

Se habló en este sentido de reformas de segunda generación, las cuales desde mi punto de vista si en México se hubieran implementado antes de la crisis actual nos permitirá estar en otra situación actualmente (Véase CEPAL, Equidad, Desarrollo y Ciudadanía, 2000). Aquí menciono y resumo alguna de ellas:

No confundir medios con fines. En este sentido la prioridad de controlar los déficit gemelos —fiscal y comercial— debe estar subordinado a mantener en constante crecimiento positivo las variables reales o “trascendentales”: el ritmo sostenible de crecimiento económico y el empleo.

Mitigar la volatilidad del crecimiento económico a través de extender el horizonte temporal de la política macroeconómica, en dos sentidos diferentes: a. El horizonte del manejo macroeconómico de corto plazo debe extenderse al conjunto del ciclo económico, formulando políticas anticíclicas activas; b. El crecimiento de largo plazo debe incorporarse como objetivo explícito de las políticas.
Establecimiento de un nuevo “Pacto Fiscal” como parte de las políticas anticíclicas de las finanzas públicas. En que resalten 5 elementos: construcción de consensos sobre la magnitud del Estado y sus funciones, y el desarrollo de una estructura y administración tributarias más sólidas; transparencia del gasto público; la necesidad de aumentar la productividad del gasto público; resguardar la equidad; y fomento de instituciones fiscales equilibradas y democráticas, lo que exige fortalecer a los actores más débiles del debate presupuestario y fiscal —el Parlamento, los gobiernos subnacionales y la sociedad civil.

En términos del desarrollo productivo, políticas que afecten directa y positivamente a las variables reales. Lo que incluye: a. El resguardo de la competencia y la regulación pública de estructuras de mercado no competitivas; b. La corrección de las fallas que caracterizan a los mercados de factores, como el acceso a capital de largo plazo, tecnología, recursos humanos calificados, tierra.

Además de lo anterior, es necesario impulsar estrategias de cambio estructural que faciliten el relevo dinámico de actividades productivas. Tales estrategias incluyen el fomento de actividades innovadoras, especialmente tecnológicas y exportadoras, y el desarrollo de sinergias y complementariedades estratégicas que permitan profundizar (densificar) el tejido productivo y promover la asociatividad empresarial y las instituciones que le sirven de marco; como contrapartida, es preciso facilitar la reestructuración ordenada de las actividades que tienden a ser desplazadas, para propiciar la transferencia de recursos hacia nuevos sectores.

Y algo muy importante, una reforma del Estado de fondo, que por ejemplo considere tanto en el sistema judicial, como en el sistema educativo. El primero por ser el refugio de las fallas del mercado y la segunda por ser crucial para que la reforma financiera actúe contrarrestando, mediante la generación de capital humano, las inequidades distributivas producidas por las primeras reformas.

En esta columna se ha insistido que las instituciones importan, e importan mucho. Su diseño, consenso e implementación requieren de un Estado activo y una conceptualización positiva de la política que permita las decisiones trascendentales entre los actores relevantes.

---

Publicado en El Diario Aguas, el 29 de enero de 2009, Aguascalientes, Ags.

NOTA: En el Diario Aguas este artículo salió con la firma del Dr. Jesús Aguilar y con el nombre de la columna del propio profesor Aguilar "Haciendo Democracia", sin embargo este fue un error del editor del diario. La Directora Rosalina Ramírez se ha disculpado en nombre del Diario Aguas por el garrafal error.

Arnaldo Córdova: algo de su aporte a la ciencia política mexicana

2009-01-22T19:29:00.000-08:00

Estoy convencido que el doctor Arnaldo Córdova es uno de los más importantes precursores de la ciencia política en México. Profesor emérito de la UNAM, analista político audaz, agudo y muy sólido. El derecho es su primera formación, pero su gusto por la historia de toda la vida lo llevó a interesarse por los procesos políticos que dieron forma al Estado mexicano. La ciencia política formalmente la estudio en Italia con uno de los politólogos modernos más destacados del siglo XX, Umberto Cerroni. De hecho el profesor Córdova es el principal traductor de la obra de Cerroni en Hispanoamérica. Especialista en Kant, Hegel, Marx, Maquiavelo y todos los clásicos, le dio a la enseñanza y la investigación politológica en México la solidez teórica para entender los procesos históricos de formación del poder político en el país.

Junto con Pablo González Casanova, Octavio Rodríguez Araujo y Daniel Cosío Villegas sentó las bases para la existencia de una ciencia política que ayudó a interpretar la naturaleza específica del sistema político mexicano del siglo XX. Es parte de una generación de hombres y mujeres que sentaron las bases para la formación profesional de los politólogos de las últimas cuartas décadas.

Córdova también es un destacado intelectual de la izquierda que ayudó a transformar el sistema político autoritario del último cuarto del siglo pasado. Participó como diputado por el Partido Socialista Unificado de México en la LII Legislatura, es decir, aquella que produjo la reforma electoral de 1977 que dio la posibilidad para que el sistema de partidos en México se diversificara. Esta Legislatura de la Cámara de Diputados, con una fuerte presencia de la oposición, permitió un redimensionamiento de la dinámica interna del Poder Legislativo en la que el debate fue enormemente enriquecido con la presencia de personalidades como las el doctor Córdova. Para él, esta experiencia significó ser parte de un Poder Legislativo que no se veía por lo menos desde el constituyente de 1917 o quizá como el que existió durante el periodo de la República Restaurada.

Uno de los momentos que más recuerda el profesor Córdova de esta experiencia como diputado fue aquella ocasión en la que el presidente José López Portillo declaró la expropiación de la banca en 1982, pues alguna vez dijo: “fue la oportunidad de presenciar una muestra de la expresión del poder político en un acto que en ese momento nos estremeció a todos los presentes”.

Pero lo que habría que destacar del doctor Córdova no es tato su experiencia política, sino su aporte propiamente dicho a la estudio de la política. Su diagnóstico hacía mediados de los setenta era que había cierto sentimiento de inferioridad latinoamericana para crear pensamiento teórico lo cual era reflejado en el pragmatismo ideológico de la producción de la época, en la carencia de ideas universales, valores y proyectos de acción social también universales. Su respuesta no fue otra más que la más clara y directa, regresar a los clásicos del pensamiento universal, lo que permitiera una reapertura del conocimiento global del mundo y de la sociedad, que comprometiera con la liberación intelectual definitiva para poder entender los procesos propios latinoamericanos (Véase Sociedad y Estado en el Mundo Moderno, Grijalbo, 1976).

En 2001 tuve la oportunidad de tenerlo como profesor de Teoría del Estado en el Colegio de San Luis. En el aula irradiaba una autoridad intelectual particular que no sólo se manifestaba con su simple presencia, sino obviamente con sus disertaciones. Se sentaba al frente del conjunto de mesas que conformaban el rectángulo alrededor del cual nos sentábamos los quince alumnos de la segunda promoción maestría en políticas públicas de COLSAN, cruzaba la pierna, acercaba su cenicero para ir formando los cigarrillos que disfrutaba uno tras otro, e iniciaba su charla llena de contenido teórico, hechos históricos y anécdotas aleccionadoras. Una cosa nos dijo desde el primer momento, “si logro inculcarlos en el amor por los clásicos me daré por bien servido”. Y eso claro que lo logró.

Sé que está involucrado en lo que podría ser su proyecto intelectual más importante de vida. Un libro que se convierta en la disertación teórica más acabada hasta el momento sobre la naturaleza del Estado mexicano y su trasformación desde su nacimiento hasta nuestros días. Ojala y pueda ser conocida en el contexto de la celebración del próximo año del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución. Éste sería un gran momento para ello.

A Aguascalientes el profesor Arnaldo Córdova ha venido muchas veces, pero una de las más significativas es en 1994 en el Seminario que organizó el ICA y el Gobierno del Estado para celebrar la Soberana Convención de 1914. Su destacada participación está registrada en libro conmemorativo.

Esta ocasión tendremos la oportunidad de escucharlo de nuevo en las dos pláticas que dará en Aguascalientes el próximo viernes: La primera sobre la Reforma del Estado en el vestíbulo del salón de sesiones del Congreso del Estado a las doce treinta, y más tarde a la seis en la UAA con su charla acerca de la formación del poder político en México.

---
Publicado en el Diario Aguas, 15 de enero de 2009, Aguascalientes, Ags.

Fe de erratas: La participación del doctor Arnaldo Córdova en el Seminario Sobre la Soberana Convención de Aguascalientes de 1914 no se celebró en 1994, sino en 1989.

Presupuesto y política social

2008-12-29T10:03:00.001-08:00

2008 cierra, como siempre, con el debate en torno al presupuesto público en Aguascalientes. Lo distintivo de esta ocasión es sin duda el escenario de crisis económica mundial. Para el caso en particular también se encuentra enmarcado por la antesala de las elecciones intermedias del año siguiente.

En términos del funcionamiento del sistema político mexicano la lógica del debate presupuestal en esta época del año se concentra en los estados de la República, ya en el orden nacional este ya ha sido superado y no veremos más a los diputados federales aprobando el presupuesto en los últimos momentos del año. Sin embargo, a nivel subnacional el debate es intenso y la disputa por la repartición de los dineros públicos, así como los montos y plazos del endeudamiento acaparan la atención de los actores políticos locales. La ciudadanía, como siempre, sólo es espectadora.

La concentración del debate en torno a esta asunto en los pocos actores validados para ello por el sistema político, es decir, los legisladores locales, el gobernador y los presidentes municipales genera una lógica en la que prevalecen todavía los intereses políticos, más que los realmente generales o públicos. Países como Brasil han dado pasos adelante en este sentido y el proceso de decisión y asignación presupuestaria se ha abierto exitosamente a la ciudadanía mediante mecanismos de participación directa efectivos. Otros países con tradiciones democráticas más añejas como Francia, Alemania o España se apoyan además en Consejos Económicos y Sociales en los que las principales fuerzas vivas de la sociedad participan activamente.

El presupuesto es el principal instrumento político en el ejercicio de gobierno. Es una cuestión tan importante que no puede ser sólo cosa de políticos. Se trata del dinero de todos y por lo tanto, el proceso de asignación debe ser aparte de trasparente, abierto para que más intereses sean tomados en cuenta.

En México todavía el presupuesto puede ser fácilmente contaminado por los intereses electorales. En esta coyuntura se torna más delicado esto pues en el año entrante el gasto público debería contribuir inteligentemente a mitigar los efectos de la crisis en el ámbito local. Sabemos que directamente los gobiernos estatales y los municipales pueden hacer poco al respecto, pero sí pueden ayudar a que la superación de la crisis sea rápida, primero no gastando o endeudándose irresponsablemente, y segundo diseñando una política social que apoye a al fortalecimiento de capacidades para que la gente sea el principal motor de la salida de la crisis.

La política social no se debe reducir a dar paliativos a las condiciones de precariedad, sino que debe abarcar objetivos más amplios como los de construir sociedades con mayor cohesión social, equidad y confianza en el futuro (trata de subsanar las posibles fallas del gobierno para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos). No se pueden dejar de lado la construcción de condiciones estructurales interrelacionadas propiamente con la educación y el empleo, ejes de política pública que tienen posibilidades mayores de contribuir al desarrollo de las comunidades.

----

Publicado en el Diario Aguas, el viernes 26 de diciembre de 2008, Aguascalientes, Ags.

Trasporte público y desarrollo sostenible

2008-12-11T20:12:00.000-08:00

Esta semana cobró visibilidad en la agenda local de Aguascalientes el tema del trasporte público. La intensión de que las llamadas «combis» entren al primer cuadro de la ciudad capital despertó una polémica entre actores públicos que impulsan esta medida, entre ellos por un lado algunos diputados e integrantes del Cabildo municipal, y por otro la autoridad responsable del trasporte público en Aguascalientes, es decir, la Secretaría General de Gobierno.

El asunto no es menor, pues el contar con un trasporte público adecuado para la necesidades de esta ciudad, e inclusive de todo el estado, es un tema base para pensar en un futuro con desarrollo sostenible. Para muchos quizá este sea una desencuentro entre políticos provenientes de partidos adversarios y que aprovechando el clima preelectoral pueda estar siendo utilizado por algunos para adquirir protagonismo, pero en verdad se trata de una cuestión de primer orden, que hemos aplazado durante mucho tiempo, y que inclusive esto no es más que la manifestación de una urgencia inaplazable, pues el contar con un trasporte digno y funcional es parte de una necesidad más que evidente.

Inclusive se debe decir que esta podría ser una coyuntura en la que: o damos el paso decisivo para contar con una ciudad moderna y habitable por mucho rato, o nos estacamos y condenamos a la ciudad a su inviabilidad. El trasporte público es un elemento esencial de un sistema (la ciudad) que debe permitir el intercambio dinámico y fluido de sus unidades principales (los habitantes-usuarios) que le permitan una funcionalidad positiva (crecimiento y autosubsistencia).

El trasporte público en Aguascalientes realmente es de mala calidad. No digamos solamente en términos del estado de las unidades, de la forma como asumen los choferes su responsabilidad y función al conducir un vehículo con tales dimensiones o la frecuencia con la que pasan las rutas, me refiero más bien al compromiso de prestar un servicio efectivamente para el «público» y que le sirva a la ciudad para darle esa funcionalidad positiva a la que me refiero.

La propuesta para que las unidades de trasporte suburbano entre a la ciudad no contribuye en verdad a una mejora en el trasporte público en Aguascalientes. Es más, considero que es una propuesta que pone en riesgo, de manera irresponsable, la sustentabilidad de la ciudad. Sólo las ciudades más atrasadas en términos de planeación urbana del país o aquellas donde existen fuertes intereses que impiden que esto cambie es donde sigue operando esta modalidad.

En las ciudades que se han tomado en serio el papel del trasporte público se le ha definido en la ley como un servicio «planificado, regulado y controlado por el Estado» (Véase Ministerio de Trasporte, Política para mejorar el servicio de trasporte público de pasajeros. Gobierno de Colombia, 2002). Su prestación permanece efectivamente en manos de particulares, empresarios visionarios comprometidos con un buen servicio y donde la infraestructura necesaria sigue procurada por el gobierno.

En Aguascalientes, la ley establece que es el Gobierno de Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, la que debe regular al trasporte público. No quiero decir que esto sea lo más adecuado, creo que también es tiempo que esta función se vaya descentralizando hacia los gobiernos municipales, pero para que este actúa con responsabilidad, precisamente se requiere que la política en la materia este sustentada en una planificación seria, que tome en cuenta a todos los involucrados, y que de aquí salgan regulaciones adecuadas y que permitan la operación eficiente del servicio.

Hay que seguir ejemplos como los de la ciudad vecina de León, Guanajuato, la cual tiene un sistema de trasporte público integrado a una red primaria (canalizada a través de las llamadas orugas o metrobus), y apoyada en una red secundaria de distribución muy funcional, barata y efectiva. Este sistema además, que también existe en la Ciudad de México, es muy benéfico para el medio ambiente pues se trabaja con unidades eléctricas. Y como plus es sumamente puntual, porque hay una coordinación extrema que los hace operar de manera sincronizada.

El estado de Aguascalientes por su tamaño y crecimiento actual hace viable un sistema como este. La recomendación es que se sienten empresarios del trasporte público, autoridades y representantes de los usuarios, para empezar con una planeación efectiva de la política que asegure para el estado y la ciudad, una política integrada con el sistema productivo, escolar y de servicios que le asegure sostenibilidad al desarrollo.

---

Publicado en el Diario Aguas, el 11 de diciembre de 2008, Aguascalientes, Ags.

Avances y retos en el proceso de democratización en Aguascalientes

2008-12-05T09:06:00.000-08:00

La democratización de una sociedad no se consigue sólo a partir de una transición exitosa hacia la democracia electoral. Sin embargo se puede decir que después de casi tres lustros de que se inició el proceso de alternancia política en Aguascalientes, el régimen político local es propiamente lo que se le conoce como una poliarquía. Es decir, se cumple con lo que el politólogo estadounidense Robert Dahl enumera como características básicas de una democracia real y en funcionamiento: elecciones libres y regulares para conformar gobierno, así como ciudadanas con libertades básicas y disfrute pleno de derechos civiles.

La consolidación democrática es una etapa que se confirma en Aguascalientes ya que las reglas de la política electoral son aceptadas —se supondría— por todos los actores políticos importantes como « el único juego existente». Suponemos, al igual que Juan Linz en su ideal de consolidación democrática, que nadie hoy puede imaginar actuar fuera de las instituciones construidas para ello.

Pero hasta para los más satisfechos con los resultados políticos obtenidos hasta ahora en Aguascalientes la idea de avanzar con la democratización y profundizar sus alcances es un sentimiento y una demanda presente.

La democracia no sólo son procedimientos e instituciones para elegir libremente a los gobernantes y representantes, esta visión mínima es la que se ha arraigado en el discurso de los actores políticos, e incluso en el de los intelectuales hidrocálidos, lo que posiblemente esté estancando la propia democratización. La discusión en torno a los procedimientos y las instituciones debe ser complementada con el de los resultados. La construcción de la efectiva institucionalidad democrática requiere un núcleo básico de rutinas, valores y comportamientos acorde a tal ordenamiento.

En general la discusión en México y particularmente en Aguascalientes se ha concentrado en al dimensión de la democracia representativa, pero se ha olvidado la de la democracia participativa. La discusión se ha concentrado en el proceso electoral y las instituciones políticas de nivel local, pero poco se ha dicho acerca del proceso participativo de la sociedad en el proceso general de toma de decisiones ante las instancias representativas y de gobierno, o del fortalecimiento de instituciones de la sociedad civil o instrumentos efectivos para la deliberación pública y la representación de interesas públicos más allá de los institucionalizados en términos partidistas.

Visiones más completas ven a la democracia no sólo como una forma de gobierno (constituida por procedimientos, partidos, autoridades burocráticas y cálculos políticos de los actores), sino más bien como una forma de vida, que como tal incumbe a todos los ciudadanos y debería asegurar las mejores condiciones de igualdad y libertad en un pleno Estado de Derecho. Esta concepción ampliada de la política y la propia democracia nos remite a la dimensión simbólica que se va construyendo de manera permanente y constante en los espacios públicos en los que la sociedad civil es el principal iniciador del proceso político, y el Estado su articulador y facilitador.

Una visión parcial no puede entender, ni dar cuenta incluso del cómo en México y Aguascalientes convive un marco más abierto a la competencia electoral y a la vez ciertas condiciones en las que es factible la corrupción y la impunidad en diversos niveles de las instituciones políticas. En este sentido he insistido en varias oportunidades en este espacio la democracia electoral no es la única fuente de legitimidad del Estado.

La atención efectiva de nuestros principales problemas sociales (inseguridad, desempleo, ineficiencias en la educación, etc.), si no serán resueltos de forma automática por un esquema de democracia ampliada, sí serán mejor abordados y se estará en mejores condiciones para atacar sus causas.

---

Publicado en el Diario Aguas, 27 de noviembre de 2008, Aguascalientes, Ags.

¿Qué podemos esperar los mexicanos del nuevo presidente de los Estados Unidos?

2008-12-05T08:56:00.001-08:00

La elección de Barck Obama como nuevo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica no sólo es un evento extraordinario para ese país, sino para el mundo entero. Y no sólo me refiero al color de su piel que ya de sí mismo es de llamar la atención debido a que en Estados Unidos la poderosa élite WASP (White/Anglo-Saxon/Protestant) dejaba vislumbrar como todavía imposible que alguien negro ocupara la silla principal de la Casa Blanca, sino más bien al discurso de cambio y esperanza con el que pudo impactar a una masa impresionante de norteamericanos, principalmente jóvenes normalmente desilusionados de la política y de lo que esto representa.

El triunfo de Obama sólo es entendible a partir de las posibilidades del propio sistema político norteamericano que demostró que a pesar de sus fallas puede aún hacer creer que la democracia funciona en su acepción básica, es decir, como mecanismo de elección de dirigentes que cuentan con la total legitimidad del pueblo a partir de lo que éste aspira en el momento. Menciono las fallas por que recordemos que las dos elecciones de George W. Bush, pero sobre todo la primera en el 2000, dejaron un mal sabor de boca a partir de su controversial ingeniería electoral que permite ganar a un candidato aunque éste, en estricto sentido, no haya obtenido la mayoría de votos directos de los ciudadanos.

El hecho mismo que haya podido superar a Hilary Clinton en las primarias del Partido Demócrata —que se suponía era una candidata que había podido acumular un apoyo e influencia política como ninguna mujer antes en los Estados Unidos— y después a un candidato republicano como John McCain —que si bien fue el candidato más viejo que se ha presentado a una elección presidencial en primera instancia, si representaba una opción no tan radical en términos de conservadurismo y cercana a propuestas abiertas a retirar tropas en medio oriente y apoyar una reforma migratoria para indocumentados— también nos habla se un sistema político que hace posible que sucedan cuestiones que hasta hace poco parecían casi imposibles. Sólo así se entiende la carrera meteórica de Barck Obama y debo decir al margen de los caminos tradicionales para llegar a la posición que hoy él ocupa.

Pero en estos días he escuchado a través de los medios de comunicación que les han preguntado directamente a muchas personas acá en México acerca de qué podemos esperar de este nuevo presidente norteamericano. Puede parecer de entrada ilógico que los mexicanos debamos esperar algo de un presidente de un país ajeno, pero claro está no podemos negar la interacción tan importante que tenemos los dos Estados nacionales no sólo por la frontera común que compartimos, la inmigración tan grande de nuestro país hacía el vecino del norte o el tratado comercial de Norteamérica del cual formamos parte junto con Canadá, sino por que incluso Estados Unidos sigue siendo el país que sin duda puede influir más económica, política y militarmente en el mundo.

El dato curioso es que la mayoría de los entrevistados contestan que creen que Obama sí estaría de acuerdo con aprobar en lo inmediato una reforma migratoria para legalizar a toda la mano de obra indocumentada en los Estados Unidos. Lo cierto es que la reforma que estuvo en puerta en el pasado inmediato no fue claramente apoyada por Obama, y por el contrario, uno de los senadores con mayor actividad de lobby para que esta propuesta fuera apoyada fue el propio McCain.

En este sentido se debe decir que el contexto de crisis económica ayudó también a que Obama ganara. El Partido Demócrata supo capitalizar muy bien los errores que en materia económica cometió Bush al grado de desdibujarlo como factor relevante en el proceso electoral. Los sindicatos y uniones de trabajadores norteamericanos que en general y tradicionalmente son más propensos a apoyar a los demócratas, en un escenario como el actual presionarán a Obama para que en materia de empleo se proteja a los trabajadores que tienen una calidad migratoria regular en primera instancia. Estos mismos sindicatos también presionarán para que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte pueda ser revisado en asuntos que ellos consideren llevan desventaja tanto con respecto a Canadá como con México.

Lo económico se ha superpuesto al tema de la seguridad que fue el principal apoyo de legitimación de la acción beligerante de Bush, pero seguirá siendo prioritario en la agenda sin duda.

Pero en general sí creo que podemos esperar de Obama que su estrategia para tratar de revertir la crisis económica por la que pasa su país y el mundo entero no se resuelva con más guerra y una cerrazón comercial como la que se experimentó en la década de los treinta para superar la crisis del 29 del siglo pasado. Estados Unidos con Obama al frente seguro buscará salidas multilaterales, que cuenten con el apoyo de Europa, China, Japón y la mayoría de los países Latinoamericanos. El New Deal que se necesita ahora es entre más actores en la arena internacional.

----

Publicado en el Diario Aguas, 13 de noviembre de 2008, Aguascalientes, Ags.

Aguascalientes desde Barcelona

2008-11-19T20:15:00.000-08:00

Colaboración especial
Alex Ricardo Caldera Ortega y Gloria Isabel Rodríguez Cortés

Parece que Barcelona está de moda, vive un renacimiento cultural que la coloca como uno de los centros más importantes en la moda, el diseño, la arquitectura, las artes y la academia; sus calles son una auténtica torre de Babel, y algunos mexicanos, y en particular jóvenes hidrocálidos han sido atraídos por esta gran urbe, puerto importante en el Mediterráneo. Ciudad cosmopolita, es el corazón de una región que sabe convivir con el mundo y a su vez expresar su identidad catalana profundamente.

Dos jóvenes aguascalentenses nos compartieron su experiencia de vida en Barcelona, Iván Aguilar y Jonathan Maldonado. Ambos son egresados de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, están en plena carrera ascendente y no superan aún los 30 años de edad.

Iván fue primero a Galicia, adonde lo envió la empresa en la cual laboraba, ahí estuvo tres años. Posteriormente buscó un cambio y su objetivo claro fue Barcelona donde sigue ejerciendo su carrera de Ingeniero en Sistemas Computacionales. De Aguascalientes extraña en primer lugar el conocimiento pleno del lugar en el que vive, y en segundo lugar la tranquilidad que le proporciona su hogar aquí, pues en las grandes ciudades es obligado vivir en un departamento, lo que implica escuchar a todos y lo que hace cada uno. Al respecto comenta que en Portugal hay un graffiti que dice: “Turista, respeta el silencio portugués, y si no, ve a España”.

Las noticias que Iván recibe de Aguascalientes le hacen sentir que la ciudad ha cambiado, y destaca los hechos de violencia y las transformaciones en la infraestructura de la Feria. En cuanto al tema de la violencia opina que ésta siempre estuvo latente. “Esto no me enorgullece, pero me hace pensar que somos más fuertes para enfrentar la vida, ya que puedes tener un ejecutado frente a tu casa, y a pesar de ello no te niegas a caminar por ahí el mismo día”. Dice que en España lo procedente ante esto sería una marcha ciudadana, la cual sería atendida de inmediato por el Gobierno. Sin embargo una noticia de primera plana para ellos también podría ser una lluvia torrencial que los haga brincar un charco y ése podría motiva la suspensión de clases.

Para él, el mexicano asume de diferente manera la violencia porque le damos otro sentido a la muerte y hacemos propio lo dicho por José Alfredo, «la vida no vale nada». Ésta es, a su parecer, una filosofía muy distinta a la europea, pues para ellos la muerte es un tema que se toma seriamente y la violencia es parte de la muerte. En México, asegura, el dolor es cosa de todos los días y la risa es parte de la tragedia.

Para que las cosas cambien en México, y en Aguascalientes particularmente, Iván asegura que es necesaria la cooperación, la idea de trabajo en equipo, la solidaridad y el compromiso social, cualidades que él ve entre los países europeos.

Jonathan, por su parte, llegó directamente a Barcelona a estudiar una maestría en diseño; al terminarla, de inmediato encontró trabajo, el mismo que ahora le permite estudiar un segundo posgrado. Para él no ha sido fácil estar allá, ahora tiene estabilidad, pero al principio tuvo hambre y le faltaron amigos, tuvo un choque cultural con la gente. Extraña de su ciudad natal la comida, la hospitalidad, la calidad humana, el humor y el cómo se enfrentan las crisis.

Las noticias que recibe de sus familiares y amigos tienen que ver con la inseguridad, y él cree que la ciudad está sufriendo mucho. Afirma que una salida es la colaboración de todos y empezar a creer que lo podemos solucionar. En este momento ve una ciudad muy pasiva, una sociedad tan endógena en términos familiares, lo que a pesar de que genera confianza, también es algo negativo porque hace de la sociedad círculos muy cerrados, en donde importa el qué dirán y la crítica social.

Aguascalientes necesita que se crea en los jóvenes y se les deleguen mayores responsabilidades, que se apueste por la libertad de pensamiento, mayor educación y cultura. Percibe mucho talento en la juventud de Aguascalientes, el cual debe tener las condiciones que le permitan desarrollarse, entre las que destaca la confianza hacia el trabajo y las ideas que se pueden aportar.

Ambos jóvenes coinciden en que en este momento Barcelona les da nuevas perspectivas profesionales, buenas condiciones laborales, enriquecimiento cultural y de vida, tolerancia y respeto a la persona y sus capacidades.

Ambos quieren regresar y saben que Aguascalientes tiene lo necesario para desarrollarse y otorgar un nivel de vida decoroso y homogéneo a sus habitantes, el problema radica en el dominio de los dinosaurios de la política, en la falta de jóvenes a cargo de decisiones importantes y en la falta de libertad para expresase. Los jóvenes, por su parte, necesitan creer en ellos mismos, y si se dan la oportunidad, tienen la energía para cambiar las cosas.

Uno de los objetivos a su regreso es compartir lo aprendido y reencontrarse con la experiencia de otros jóvenes decididos como ellos. Aguascalientes y Barcelona están cerca por jóvenes como ellos. Refugio Reyes, José Guadalupe Posada, Saturnino Herrán, Manuel M. Ponce y Jesús F. Contreras pueden dialogar y entenderse en un mismo nivel y sintonía con Antonio Gaudí, Joan Miró, Pablo Picasso y Dalí.

----

Publicado en el Diario Aguas, el 28 de octubre de 2008, Aguascalientes, Ags.

La consulta pública en JM y contribuciones al debate en torno a la elección directa de regidores

2008-10-22T09:10:00.000-07:00

El próximo domingo 12 de octubre el municipio de Jesús María celebrará una jornada cívica particular y de gran relevancia. El simple hecho es de llamar la atención ya que se está invitando a los ciudadanos de este municipio de Aguascalientes a participar en una consulta pública para que el Ayuntamiento de ese lugar integre y presente una iniciativa de reforma electoral ante el legislativo local que esencialmente contenga la propuesta de elección directa de regidores y síndicos.

La idea emprendedora se ha originado en el proyecto político presentado por el alcalde Gregorio Zamarripa y plasmado en el plan de gobierno municipal 2008-2010 de Jesús María. El presidente municipal de Jesús María es alguien a quien respeto y aprecio. Simplemente por mencionarlo es grato para mi alguna vez haberlo saludado en una biblioteca un sábado donde el sigue regularmente acudiendo a estudiar.

Independientemente de resultado la jornada será histórica pues se está motivando a los ciudadanos por primera vez en Aguascalientes a ejercer su ciudadanía en otro momento diferente al electoral tradicional y quizá pueda ser el antecedente para un ejercicio más regular de la participación directa ante temas de relevancia pública para la comunidad hidrocálida. El aval y apoyo que está dando el Instituto Estatal Electoral a esta jornada es importante y servirá de ejercicio técnico y operativo para próximas consultas o quizá plebiscitos formales.

Por otro lado me gustaría referirme a la propuesta concreta y anotar algunas consideraciones que creo son importantes al debate público en torno a este asunto. La elección directa de regidores y síndicos quizá sea vea como un mecanismo que traiga mayor control ciudadano e incentivos para que estas funciones públicas operen mejor y desempeñen un papel más acorde con una representación y mandato ciudadano. La verdad es que creo que propuestas como estás son sólo una parte de la película y para que funcionen deben ir acompañadas de reformas más integrales a la función de los ayuntamientos y sus atribuciones.

El fortalecimiento del orden municipal en México ha recorrido un largo y sinuoso camino iniciado con la reforma al 115 constitucional en 1983 donde se posicionó al gobierno municipal como la unidad básica de organización política del país y se le otorgaron facultades y responsabilidades esenciales para la vida comunitaria. La reforma de 1999 reconoció que los gobiernos locales deben antes que simplemente «administrar» ejercer el «gobierno» a través de sus ayuntamientos. Sin embargo estas reformas no han configurado un entramado institucional sólido y suficiente como para materializar al gobierno municipal como principal estructura de gobierno en México donde los ciudadanos tengan la oportunidad de verse representados ampliamente y poder participar activamente en los asuntos que cotidianamente le atañen.

La institución municipal aunque con antecedentes romanos, aparece formalmente en la España del alto medievo a partir del surgimiento de una reconocimiento histórico para que los vecinos de una población atiendan directamente los asuntos de interés común, lo que «los motivó, generalmente, a la salida de la iglesia de la misa mayor de los domingos, para tratar tales asuntos» (véase Antonio Dougnac, Manual de Historia del Derecho Indiano, México, IIJ-UNAM). Estas formas se institucionalizaron en las reuniones de Cabildo en la que se elegían directamente por los pobladores a concejales para que ellos deliberaran y tomaran decisiones que después el Alcalde debía ejecutar y el síndico procurar su cumplimiento y vigilancia. La estructura de gobierno monárquico jerárquica vino introducir la figura de los regidores como representantes del rey ante el Cabildo para hacer cumplir las ordenanzas a nivel local que se hacían desde la corona.

El diseño del ayuntamiento en México con estos antecedentes heredó un gobierno comunal centralizado y unificado con una lógica jerárquica y alejada de la representación amplia de intereses de la comunidad. La estructuración del gobierno municipal como parte esencial del ejercicio de gobierno en México durante todo el siglo XIX y el resultante diseño del ayuntamiento en la Constitución de 1917 siguieron sin concretar un gobierno naturalmente democrático y abierto.

Sólo la reforma política de 1977 que vino a hacer una realidad el sistema de partidos en México al introducir la representación proporcional en el orden legislativo y que después replico en la conformación de ayuntamientos vino a permitir la conformación de cuerpos colegiados con una mínima presencia de la oposición partidista.

Sin embargo la dinámica de competencia y alternancia a nivel local que se vive en país desde la década de los noventa pasada no se ha traducido tampoco en un gobierno más cercano a los intereses de la mayoría de los ciudadanos de las comunidades, ya sean poblaciones pequeñas, ciudades de mediano tamaño o grandes zonas urbanas y metropolitanas. La realidad es que las decisiones y políticas siguen siendo tomadas y ejecutadas a partir de criterios político-partidistas o intereses particulares.

Una reforma a las fórmulas y mecanismos para integrar los ayuntamientos a partir de la elección directa de regidores y síndicos puede quizá traer un mecanismo de rendición de cuentas adicional, pero insisto creo que es insuficiente.

En primera instancia creo que si bien puede ser bueno elegir particularmente a cierto número de regidores a partir de elección directa, otro tanto creo positivo que siga correspondiendo a la elección vía representación proporcional. Mi opinión es que la representación proporcional sigue siendo un mecanismo efectivo para asegurar la pluralidad en la representación de sectores minoritarios de la población u opciones partidistas. Quizá este tema de para un debate en sí mismo que lo podríamos dar en otro momento.

Particularmente creo que los síndicos deberían ser electos indirectamente, es decir, a través de su designación de entre los regidores electos por mayoría y representación proporcional a partir de una mayoría hecha por el partido ganador o una coalición.

La reelección de alcaldes y de los integrantes del ayuntamiento creo que es condición necesaria para generar mecanismos más integrales de rendición de cuentas. Si estos representantes populares no tienen que volver a someterse al escrutinio público, no habrá incentivos para realmente intentar representar los intereses del electorado. Con la posibilidad de revocación de mandato se redondearía un entramado institucional efectivo para que los gobernantes tuvieran realmente alicientes para cumplir una función pública democrática.

Incrementar los periodos de gobierno a cuatro años también creo que pueden contribuir a gobiernos con mayores posibilidades de concretar proyectos y políticas efectivas y con impacto real para la comunidad.

En fin, el fortalecimiento de la vida municipal es un tema complejo que no puede ser reducido a sólo una de sus aristas. La reforma del Estado en Aguascalientes debe ser discutido en un amplio proceso de debate que incluye jornadas como la del domingo, pero un compromiso expreso y manifiesto de los actuales gobernantes y representante populares a escuchar a la ciudadanía.

----

Publicado en el Diario Aguas, el 9 de octubre de 2008. Aguascalientes, Ags.

Seguridad pero sin detraimiento de la democracia

2008-09-28T06:26:00.000-07:00

La intervención de las policías municipales que se diera primero en Rincón de Romos y después en la ciudad de Aguascalientes por parte del Ejercito y la Policía Federal son hechos sin precedentes y de gran trascendencia para la vida pública de nuestra entidad. Habla por un lado de la debilidad estructural de las instituciones locales para el combate a la delincuencia, y por otro de una preocupante realidad que hasta el momento nos deja en una fuerte tensión dilemática de nuestra vida civil y democrática.

Nuestras policías encuentran su debilidad estructural no sólo en la falta de capacitación, de condiciones adecuadas para el desempeño de su trabajo en cuanto a armamento, vehículos tecnologías, o incluso en la evidente falta de condiciones materiales y de retribución económica, sino a la falta de un diseño de un modelo policial que se base en la inteligencia y la formación integral de todo el cuerpo policíaco del sistema de prevención del delito.

El dinero que se le inyecta a la seguridad pública municipal no sólo se ha invertido mal, sino que en ocasiones a servido incluso para favorecer a actos delincuenciales cuando esos recursos han sido asignados a policías corruptos. Para evitar lo anterior sin duda no hay muchas alternativas, salvo invertir decididamente en la formación integral de los agentes policíacos.

Sin duda la intervención de fuerzas federales ayuda a dar golpes directos a la infiltración de la delincuencia en las policías locales, pero la forma que ha sucedido en Aguascalientes y en otras partes del país son más mediáticos y con efectos adversos al espíritu democrático que debería prevalecer en la sociedad.

En México tuvimos la fortuna de tener un proceso político que mantuvo al Ejército leal a las instituciones republicanas y civiles. Eso incluso es lo que lo pone hoy en una posición de más difícil acceso a la delincuencia organizada con respecto a las policías y de fuerte apoyo ciudadano a partir de una buena percepción en general de sus acciones.

El peligro está en escoger un camino similar a situaciones como las que favorecieron el golpe militar chileno de 1973 donde una buena parte de la sociedad de clase media y alta apoyó (y lo sigue haciendo) al general Pinochet en su proyecto contra la democracia de su país.

La debilidad en general de nuestras instituciones democráticas es verdadera, lo cual nos compromete a seguir siempre leales con los valores civiles y republicanos.

Es necesario que esto se mantenga así para bien de nuestra novel vida democrática. El ataque a la infiltración de la delincuencia a nuestras policías locales debe hacerse también con inteligencia, desde el interior mismo del sistema nacional de seguridad pública y con acciones e instrumentos que la hagan más efectiva que espectacular.

Es necesario trabajar la recuperación de la confianza ciudadana en sus policías. Las autoridades locales son directamente responsables de esta tarea y su compromiso debe estar demostrado en acciones que si bien no logran votos y reflectores en el corto plazo, sí van saneando la vida pública.

En estos momentos la sensación entre los ciudadanos aguascalentenses es que hemos perdido algo que creíamos teníamos seguro: nuestra tranquilidad en una ciudad pacífica y productiva. El futuro de Aguascalientes requiere compromisos decididos de todos nosotros que por un lado rescaten nuestra paz social, pero no a costa de los valores y las instituciones de la democracia.

---

Publicado en el Diario Aguas el 25 de septiembre de 2008, Aguascalientes, Ags. (Redactado el artículo desde Barcelona, España).

La marcha ciudadana por la seguridad y sus alcances

2008-09-11T01:18:00.000-07:00

Con motivo de la primera marcha por la seguridad pública en México llevada a cabo en el 27 de junio de 2004, el hoy fallecido y muy respetado por mi Don Gilberto Rincón Gallardo escribía en el diario Reforma sus reflexiones en torno a este acontecimiento.

La calificaba como un acto justo y digno por parte de la sociedad. La gente en la calle es un signo de que existe un real agravio contra a ella, y en ese sentido le exige a su autoridad, por medio de un medio pacifico y democrático, que cumpla con su deber.

El sábado 30 de agosto se volvió a verificar una marcha ciudadana, esta vez de más grandes proporciones, que vuelve a alzar la voz, ahora con el reclamo directo y más claro de que “si no pueden, renuncien”. Esta expresión que pudiera parecer extrema para algunos es también signo de las circunstancias. Fue la sentencia que impacto en la pasada Reunión Nacional por la Seguridad Pública hecha por el empresario Alejandro Martín —padre del niño Fernando Matín, lamentablemente secuestrado y asesinado en semanas pasadas— quien manifestó que México está en su peor momento de inseguridad y en la que además pidió a los gobernantes de todos los ordenes y poderes ahí reunidos que se comprometan en su trabajo y luchen contra la corrupción, el peor lastre y causa de esta crisis de seguridad.

La marcha ciudadana que se replicó en todo el país, incluido Aguascalientes, con una concentración muy considerable de personas de todas las condiciones sociales esencialmente fue una manifestación del hartazgo por esta situación que mantiene a toda la sociedad con un sentimiento de miedo y dolor.

Al ser la responsabilidad primaria de todo Estado procurar la seguridad de la personas, su propiedad y hasta su dignidad, perece ser que en México y Aguascalientes las autoridades están fallando profundamente. La coyuntura de los hechos, en la que la delincuencia ha podido infiltrar los cuerpos de seguridad y hasta el aparato de justicia pone al país en una situación de franca crisis de legitimidad institucional. Sin embargo, sabemos que hay voluntad por parte de la mayoría de funcionarios y personas con responsabilidad dentro del gobierno que saben que este momento también presente la oportunidad para trasformar de fondo las cosas y se puede luchar contra la corrupción y construir una nueva institucionalidad que fortalezca al Estado en su papel de mediador de conflictos y real detentador único del uso legitimo de la fuerza.

Pero la marcha también debe ser una oportunidad para que la misma sociedad nos demos cuenta que el gobierno no puede sólo, y requiere una participación activa y decidida de todos nosotros. Esta crisis de inseguridad también debe ser vista como una oportunidad para avanzar en nuestro proceso de consolidación democrática. La marcha no debe ser únicamente un reclamo aislado que en el futuro inmediato se diluya y nos mantenga a todos nosotros ensimismados en la esfera privada, volviendo a delegar totalmente la responsabilidad al Estado, pues como ya hemos visto también la actitud pasiva de la sociedad es la principal causa de corrupción y autoritarismo.

También es una oportunidad para darnos cuenta que el proceso político de elección de autoridades que se realiza cada tres o seis años no es el único momento para ejercer la soberanía popular, sino que sólo el comienzo de un proceso continúo de exigencia ciudadana sobre el buen desempeño de autoridades electas y designadas.

El “si no pueden renuncien” también significa una exigencia por adecuar nuestro andamiaje institucional para hacer esta frase efectiva. Figuras como la revocación del mandato deben ser un instrumento ciudadano con reales posibilidades de llevarse a cabo. La transparencia y la rendición de cuentas en materia de seguridad pública son una condición necesaria para la efectividad de un gobierno democrático.

Con Rincón Gallardo comparto la idea de que la voz y la acción del Estado mexicano deben ser claras y eficaces, pero siempre por los causes que permitan demostrar que la democracia es el mejor sistema para resolver los problemas sociales, y que las acciones unilaterales de atacar la inseguridad únicamente con el brazo armado del Estado es un atajo gravoso a la postre por muy atractivos que resulten para algunos dada la desesperación y el miedo.

---

Publicado en el Diario Aguas, 11 de septiembre de 2008, Aguascalientes, Ags.

Planes integrales y solidaridad para hacer frente al temporal

2008-08-31T16:22:00.000-07:00

La lluvia que ha caído estos días en Aguascalientes, nos recuerda que como sociedad no estamos nunca preparados para las contingencias naturales de este tipo. El municipio del Llano, las cercanías a Peñuelas, así como los habitantes aledaños al río San Pedro o los vecinos del oriente de la ciudad capitalina son los que más están sufriendo las inclemencias del tiempo. Estamos a un mes de cumplir un año de las inundaciones de Tabasco en donde más de 400 mil personas salieron afectadas y todo lo sucedido ahí nos pone hoy más alerta con lo que pasa en esta entidad. Sé que hay que gardar las proporciones en lo ocurrido en el suroeste mexicano con lo que nos pasa a nosotros en este momento, pero es motivo para reflexionar acerca del desafío que tanto a gobiernos como a la sociedad se pone en frente cuando ocurren estos eventos naturales.

Aguascalientes al ser una región semiárida, hace que los actores políticos y sociales poco planeen con respecto a eventos climatológicos como el de las lluvias torrenciales, lo que ocasiona una capacidad reducida de respuesta pronta y efectiva. Los presupuestos de contingencia son escasos, y los recursos humanos y materiales no alcanzan.

La planeación no puede hacer nada sobre la pronosticación de los eventos naturales, o tampoco hace saber en que magnitud vendrán estos, pero sí puede preparar institucional y culturalmente a los gobiernos y sociedad para hacerles mejor frente y mitigar o evitar daños mayores. Esto es algo tan serio ya que el riesgo y los costos van sobre las vidas humanas, pérdidas materiales y financieras, así como en contra del desarrollo sostenible. Para mencionar algunos elementos esenciales que ayudan a fortalecer la capacidad de respuesta de todos nosotros, la presente reflexión la apoyo en el informe especial del Banco Interamericano de Desarrollo, «El desafío de los desastres naturales en América Latina y el Caribe» del 2000 (http://www.iadb.org/).

Las posibilidades de anticiparse y reducir los efectos de un desastre natral abarca dos aspectos: tanto la reducción de riesgos, como la recuperación posterior. Lo que se necesita es una visión integral de las políticas y mecanismos institucionales de los sistemas de protección civil que incluyen no sólo a las oficinas gubernamentales con ese nombre, sino a toda la estructura administrativa y política del gobierno, así como la colaboración de la sociedad. El enfoque integral abarca las siguientes actividades:

Análisis de riesgos, ya que es necesario determinar la clase y hasta lo que potencialmente puede llegar a dañar a la población o el tipo de consecuencias para el desarrollo.
Medidas de prevención y mitigación, lo que nos obliga a abordar lo que podrían ser las causas estructurantes de la vulnerabilidad.
Trasferencia de riesgos, esto con la posibilidad de mitigar los riesgos financieros, distribuyéndolos en el tiempo y entre los protagonistas.
Preparativos y capacidad de intervención en situaciones de emergencia, ya que es necesario que los gobiernos y la sociedad colaboren estrecha para hacer frente pronta y efectiva a este tipo de situaciones.
Rehabilitación y reconstrucción en caso de desastre, lo que implica preveer los recursos y las capacidades humanas y técnicas que sirvan de salvaguarda en desastres potenciales.

En México no estamos acostumbrados a tener sistemas integrales montados con anticipación, lo que aumenta a la postre los efectos negativos y los costos. No existen en general los estudios o la discusión suficiente para aprender de las experiencias de otros, así como tampoco hay una buena difusión de las buenas prácticas. Normalmente los medios y la atención pública se preocupan en el momento del desastre, lo cual es muy útil y necesario, por que informa, ayuda a quien pueda estar en desgracia y solidariza a los demás para apoyar si es el caso y existen las posibilidades, pero una vez pasado el peligro, las etapas de reconstrucción y de apoyo a los afectados se les da poco seguimiento.

En Aguascalientes necesitamos construir un plan integral de gestión de riesgos, que incluya a todos los involucrados, no sólo gubernamentales, sino sociales y hasta económicos. Incluso se necesitan instrumentos que no sólo incluyan la colaboración con los actores dentro de los límites estatales, sino que contemplen la coordinación con autoridades y actores de los Estados de la región, para actuar conjuntamente en caso de ser necesario.

El refuerzo de los sistemas integrales viene dado también al crear marcos jurídicos y regulatorios que faciliten esta planeación, que invite a participar a gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil y actores empresariales a definir las prioridades intersectoriales y hasta los presupuestos para la respuesta.

Se necesita trabajar en la cultura de la prevención con toda la población. Tiene que ser accesible la información en todo momento, y en lo posible ‘empoderar’ al ciudadano para tomar medidas que reduzcan los riesgos.

Así mismo, se debe tener especial atención con los grupos más vulnerables, las familias y las comunidades más pobres. Esta atención no sólo es de intervención una vez sucedido los desastres, sino es donde hay más por hacer para reducir la vulnerabilidad.

La atención preventiva incluye construir instrumentos que blinden las condiciones del desarrollo. Se debe fomentar la participación del sector privado para crear condiciones para que los mercados estén seguros, crear instrumentos financieros para mitigar los riesgos, así como marcos regulatorios que incentiven la permanencia y hasta el crecimiento de las inversiones una vez sucedidos los desastres.

Hay que contar con sistemas de información efectivos que coadyuve con la planeación, es decir, mapas de riesgos actualizados, indicadores de vulnerabilidad adecuados, así como mecanismos de difusión amplios.

Otro elemento esencial es el fomento a la solidaridad con los afectados. Ahí es donde la sociedad tiene su principal campo de acción. Sin ella no sólo salen perjudicados los damnificados directos de los eventos naturales, sino la sociedad entera, la cual frena su desarrollo humano sostenible. Con solidaridad y planes públicos integrales de atención a desastres se rompe con el círculo vicioso de destrucción-reconstrucción-destrucción, pues en caso de volver a enfrentar desastres en el futuro, una sociedad fortalecida con estos elementos será menos vulnerable.

Ojala y estos temporales en Aguascalientes no dejen una marca negativa en nosotros, sean mínimos los daños materiales y no frenen el desarrollo. Pero si deben ser una oportunidad para que el gobierno estatal y municipal, y la sociedad entera nos haga conscientes de la necesidad de estar preparados para los posibles eventos venideros.
---
Publicado en el Diario Aguas el 28 de agosto de 2008, Aguascalientes, Ags.

El Colegio de Estudios Sociales de Aguascalientes, Asociación Civil

2008-08-14T11:28:00.000-07:00

El día de ayer, 13 de agosto de 2008, se ha constituido una nueva institución académica en Aguascalientes abocada a la investigación en ciencias sociales. El Colegio de Estudios Sociales de Aguascalientes, A.C. nace como un grupo multi e interdisciplinario, independiente, consciente y activo en el estudio de las problemáticas sociales, económicas, políticas y culturales de la región, el país y su entorno internacional.

Este grupo incluye a jóvenes investigadores sociales formados en la entidad a nivel pregrado, particularmente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y posgrado en instituciones nacionales y extranjeras. Las intenciones de esta organización incluyen además aportar resultados de las investigaciones para formular recomendaciones concretas para la solución de problemas sociales, convocar al diálogo y debate abierto sobre los problemas sociales de Aguascalientes, el país y el mundo, fomentar la formación de nuevos investigadores en ciencias sociales y humanidades, procurar el mejoramiento de herramientas e instrumentos teórico-metodológicos de las ciencias sociales y las humanidades, así como incentivar el intercambio académico entre investigadores locales, del país y el mundo.

Se pretende que su actuar esté presidido por los criterios de libertad de expresión, libre cátedra, calidad, objetividad y pluralidad en la investigación, la impartición de cursos docentes y la publicación.

Entre sus fundadores se encuentra Jesús Aguilar López (El Colegio de México), Francisco Javier Delgado Aguilar (El Colegio de México), Gerardo Martínez Delgado (Universidad Javeriana de Bogotá Colombia), Cynthia Iniesta Salazar (Universidad Autónoma de Aguascalientes), Evelia Reyes Díaz (Universidad de Guadalajara y el CSIC de España), Luis Carlos Ovalle Morquecho (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), Alain Luévano (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), Vicente Agustín Esparza (El Colegio de San Luis), Alejandro Hernández Lara (UAA-Asociación para el Apoyo de Archivos y Bibliotecas), Dorismilda Flores Márquez (ITESO-Guadalajara) y un servidor (FLACSO-México).

La experiencia profesional de estas personas incluye instituciones locales tales como la misma UAA, Tecnológica de Monterrey, Archivo Histórico del Estado, Archivo Histórico Municipal, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto Estatal Electoral, entre otras.

Aguascalientes necesita ampliar su actividad académica en términos de investigación en el ámbito social. La realidad histórica, política, económica, cultural y social lo demanda. Esta actividad había estado limitada a lo que se realiza en la UAA. La aportación de la UAA en este rubro ha sido importante, pero dada la trasformación de lo social en Aguascalientes se torna insuficiente. El Colegio en este sentido viene a contribuir y complementar esta tarea que servirá para entender y explicar los fenómenos sociales y contribuir a una mejor toma de decisiones por parte de las instancias públicas y privadas de la entidad.

El reto es mayúsculo, pues este proyecto nace de manera autónoma y como iniciativa propia de sus fundadores. Instituciones de este tipo se han creado en varias entidades de la república con una gran influencia regional, ejemplo de ello son El Colegio Mexiquense, El Colegio de San Luis, El Colegio de la Frontera Norte, El Colegio de la Frontera Sur, El Colegio de Sonora o El Colegio de Jalisco. Estas instituciones de inmediato han encontrado el apoyo de las instancias gubernamentales estatales. Esto no ha significado sacrificio alguno con la objetividad e independencia de pensamiento. Al contrario, estos gobiernos estatales han sabido comprender que el trabajo académico contribuye a tomar mejores decisiones de manera informada y sustentadas en la aportación científica.

Esperamos que la producción de esta institución sirva útilmente a la sociedad, y no se encierre en una torre de marfil alejada de la realidad. Se trata pues de la creación de una primera alternativa para jóvenes preocupados por aportar desde el ámbito académico visiones críticas y enriquecedoras del debate sobre los principales problemas de Aguascalientes.

----

Publicado en el Diario Aguas, 14 de agosto de 2008, Aguascalientes, Ags.

Agua subterránea y estrategias para la gobernanza en Aguascalientes

2008-08-14T11:25:00.000-07:00

En una nota del pasado 17 de julio me encontré con declaraciones del director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, hechas desde Zaragoza, España en las que decía que revertir las condiciones no sustentables que existen en el Valle de México es el mayor reto hídrico del país.

El problema hídrico en la Ciudad de México es un hecho, y lo importante se configura por obvias razones a partir de los 19 millones de habitantes que viven en la zona metropolitana. Sin embargo me gustaría advertir que el problema sobrepasa las declaraciones del funcionario público y recordar a los lectores que el problema de la sobreexplotación de acuíferos (mayor fuente de abastecimiento para todos los usos, comparándola con el agua superficial en ríos y presas) es crítico en cerca de 104 de ellos, sobre todo en el centro-norte del país.

De estos acuíferos sobreexplotados se extrae cercanamente el 57% del agua subterránea para todos los usos en estas regiones. El 69% (17.8 kilómetros cuadrados) de esta agua es utilizada en el sector agropecuario, el 25% (6.3 kilómetros cuadrados) en el abastecimiento público, y el 6% (1.6 kilómetros cuadrados) en la industria abastecida (Julia Carabias y Rosalía Landa, «Agua, medio ambiente y sociedad: hacia la gestión integral de los recursos hídricos», UNAM, COLMEX, Fundación Gonzalo Río Arronto, 2005).

Uno de los ejemplos de este tipo de acuíferos con graves problemas es el que nos abastece en Aguascalientes. Somos parte del acuífero que se comparte de manera interestatal con Zacatecas (región de Ojocaliente y Luis Moya), Aguascalientes (que abarca lo que se conoce los municipios del Valle de Aguascalientes) y una muy pequeña parte de Encarnación de Díaz Jalisco.

La conciencia de la sobreexplotación existe desde la primera mitad del siglo XX, sobre todo cuando se empezó a convertirse en insuficiente el recurso proporcionado por el manantial de Ojocaliente. El primer pozo profundo perforado en la ciudad lo ubicamos a principios de la década de los cuarenta, en la colonia Gremial, y desde entonces el abastecimiento del agua se ha sustentado en la perforación de este tipo de pozos por toda la ciudad, haciéndolo hoy cada vez más inviable y difícil. Se está preformando pozos a los 500 metros de profundidad, lo que está haciendo que se más cara la potabilización por la calidad sulfurosa del líquido y la extracción misma. Problemas como los de la grietas y fallas geológicas se asegura se debe a este problema, aunque hay un debate abierto en cuanto a esta asociación (eso será tema de otra entrega).

Lo cierto que el debate de la escasez del agua en Aguascalientes ha estado presente desde hace mucho tiempo y parece que se ha hecho poco o nada al respecto. Desde los ochenta se intensificó el debate con la desecación por completo de los manantiales de Ojocaliente y el tema siempre se ha planteado como prioridad de nuestros gobiernos. Las estrategias gubernamentales han incluido apoyos a productores agropecuarios para mejorar equipos de bombeo y conducción primero, seguido por la aspersión y ahora técnicas de plasticultura. En sector público urbano se han hecho muy fuertes inversiones para rehabilitar las redes de agua potable y alcantarillado, y hasta se han introducido elementos de mercado para desincentivar el derroche, además de procurar campañas de cultura del ahorro del agua. En el sector industrial se ha buscado la inversión conjunta entre gobierno y empresarios para el tratamiento de aguas usadas por estos últimos. Y juntos, para el industrial y el agropecuario, se está buscando el intercambio de aguas limpias por el uso de aguas tratadas.

En términos institucionales una gran oportunidad desde el año 2000 ha sido el impulso por parte de las autoridades federales y estatales del Comité Técnico de Aguas Subterráneas Ojocaliente-Aguascalientes-Encarnación, Asociación Civil. Organización de usuarios agropecuarios, industriales y público-urbanos, de los tres Estados que tratan juntos de encontrar estrategias para revertir la tendencia a la sobreexplotación, desde una visión integral del acuífero y colaborativa. Son muy pocos los usuarios que participan o están enterados del propio COTAS, y pocas también las facultades para actuar. En estos ocho años de existencia de esta instancia participativa se han logrado cosas importantes. Una de ellas es el Plan de Manejo Integral del Acuífero Interestatal (elaborado entre 2002 y 2003), que junto con el documento Escenarios del Agua 2015-2030 (editado en 2006), elaboraron el COTAS, la Conagua y la Organización Meteorológica Mundial de la ONU para tratar de establecer estrategias que realmente ataquen las causas del problema . (El segundo documento lo pueden consultar y adquirir en la siguiente dirección: http://www.cotas.org.mx).

Lo cierto es que las estrategias planteadas por estos documentos son profundas, en el sentido que establecen muy claro que los principales retos está entre otras cosas en los siguientes aspectos: dejar de ser productores de forrajes en materia agrícola y optar por cultivos de más valía en el mercado nacional e internacional con un uso no intensivo del agua, hacer eficiente y reducir las superficies de sembradío (usar técnicas como la plasticultura), intensificar el intercambio de aguas limpias por tratadas, hacer fuertes inversiones en infraestructura hídrica urbana y profundizar la cultura del ahorro.

Muchas de estas estrategias trastocan intereses particulares, pero es la única forma de realmente hacer algo. La voluntad no ha sido muy clara por parte de la autoridad estatal y federal. Todavía hay rezago en las posibilidades de participación de los usuarios y en la transparencia con respecto a lo que se ha hecho. Muchos de los principales responsables como los productores forrajeros, ganaderos o productores de leche se han quedado callados ante estos escenarios y posibilidades que se están planteando para hacer algo que realmente de resultado y sea de trascendencia para contribuir al camino del desarrollo sustentable para Aguascalientes y el país.

Es necesario fortalecer al COTAS, y que las autoridades muestren una disposición más clara y decidida para resolver el problema.

----

Publicado en el Diario Aguas, 01 de agosto de 2008, Aguascalientes, Ags.

58 años de formación formal en las ciencias políticas y administración pública en México

2008-08-14T11:09:00.001-07:00

Esta semana se cumplen 58 años en que se inició la enseñanza formal de las ciencias políticas y la administración pública en el país. En la Universidad Nacional Autónoma de México, un grupo de prestigiados catedráticos e investigadores de la Facultad de Derecho deciden separar una línea de investigación y docencia específica en los temas del Estado y las relaciones de poder.

El resultado primario fue una importante aportación a la ciencia política a partir de una serie de libros que hoy son clásicos para la formación de investigadores y profesionales en estas áreas. Su inspiración había sido los textos clásicos de principios de siglo, tales como, La Constitución y la Dictadura de Emilio Rabasa, y Los grandes problemas nacionales, de Andrés Molina Enríquez.

La influencia exterior por dar un nuevo giro al estudio de los fenómenos políticos se daba a partir de los hechos mundiales de la primera mitad del siglo XX: la revolución rusa, la guerra civil española, la primera y segunda guerras mundiales, así como la transformación y gestación de la bipolaridad mundial. No fue casualidad, en este sentido, que entre las primeras puertas de acceso a la ciencia política estuviera en la Teoría del Estado.

Uno de estos notables catedráticos de la UNAM era Mario de la Cueva quien, al prologar el libro de Herman Séller La Soberanía, daba cuenta de la necesidad de abordar los fenómenos políticos y de gobierno más allá del simple estudio del derecho.

La aportación paralela que también era convergente en ese momento era el desarrollo de la sociología mexicana. Por ese entonces fue importante la traducción de la obra celebre Economía y Sociedad (Fondo de Cultura Económica, 1944) del alemán Max Weber.

Lo anterior, llevó al mencionado grupo de profesores a fundar la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM el 14 de julio de 1950. Los primeros aportes fueron en la docencia, ya que se formaron los primeros politólogos profesionales de México. El programa de estudios fue elaborado a partir de lo que en ese momento se impartía en la London School of Economics and Political Science y en la Universidad de Loviana. El proceso de “mexicanización” de la ciencia política lo hizo Lucio Mendieta y Núñez.

En un primer momento, en el fondo se trataba de una concepción que formaba políticos, quizá hombres de Estado, más que estudiosos de la política. Aparte de la aportación de las ciencias sociales, como el derecho constitucional y administrativo, historia de México, economía, sociología, psicología social, se incluían materias de de literatura y oratoria.

En 1974 se crea el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública gracias a la iniciativa de Mario Martínez Silva. La creación de este Colegio confirmaba el afianzamiento de la licenciatura en México. Para 1993 ya los egresados rasaban los dos millares. Ese mismo año se da la fundación de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Administración Pública (ANECPAP) y se organiza el primer congreso nacional de estudiantes en la ciudad de Puebla.

En Aguascalientes la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Univesidad Autónoma de Aguascalientes inicia sus clases en agosto de 1995. Sin duda producto de la necesidad de estos nuevos profesionales en un contexto más competitivo, democrático y demandante para la acción gubernamental y útil para entender los fenómenos políticos del momento. Me honro en pertenecer a la primera generación de egresados de esta carrera.

Fuera de la experiencia en la UAA, la enseñanza y formación de profesionales en las áreas de la ciencia política, el gobierno y la administración pública son escasas.

La formación de este tipo se ha venido a acrecentar, sin duda, con el esfuerzo del Centro de Investigación, Capacitación y Estudios Estratégicos, que desde 2003, primero por su cuenta, y después la alianza estratégica de la Universidad La Concordia, ha ofrecido la capacitación de funcionarios del gobierno estatal y de los distintos municipios en las herramientas básicas de la perspectiva de las políticas públicas. Hoy se ofrece en esta institución además la Maestría en Políticas Públicas.

El sector público y la sociedad en general está transformándose ante la inminente apertura de los mercados en el ámbito profesional, en donde los egresados en el esquema nacional y estatal, buscarán alternativas que los ubiquen y posicione en campos competitivos; estos jóvenes que serán los próximos profesionistas que darán un vuelco y ruptura de paradigmas, no pueden conformarse con carreras que ofrezcan más de lo mismo, sino aquellas que conlleven una innovación o plus que oriente a los profesionistas de la educación superior a mejores niveles de vida, pero sobre todo, en mejor circunstancias competitivas que rebasen los estándares nacionales y los iguale a los internacionales.

---

Publicado en el Diarios Aguas, el 17 de julio de 2008, Aguascalientes, Ags.

Del debate a la consulta popular en el tema de la reforma petrolera

2008-07-04T18:53:00.000-07:00

Aunque hay una tendencia común en tratar de entender la política a partir de maniqueísmos, como los de buen-malo, blanco-negro, luz-obscuridad, no es la mejor manera para abordarla. La elección de 2006 dejó como saldo un país profundamente divido a partir de las distintas visiones acerca del diagnóstico que tenemos cada uno de los ciudadanas acerca de la situación del país y los caminos para conseguir el desarrollo y resolver nuestros principales problemas.

Un ejemplo de lo anterior es lo generado a partir del debate de la reforma petrolera, sin duda uno de los temas más trascendentales en este momento para la vida pública del país. En mi colaboración del 26 de febrero del presente año adelanté muchas de mis opiniones sobre el tema y reconocí lo insuficiente que estaba discutido el tema en ese momento. Entonces sólo se conocía la intención del gobierno calderonista de iniciar la reforma, pero poco se reconocía de su disposición a debatir su propia propuesta, ni siquiera con las demás actores del régimen político. La estrategia que se podía visualizar era el que el PAN fuera la punta de lanza para negociar particularmente con el PRI y algunos de los partidos pequeños para sacar por mayoría la referida iniciativa. Se pensaba que la propuesta gozaba de ser casi perfecta, y que no se necesitaba discusión alguna, pues todo esto es cuestión de mera técnica, de fierros viejos y de ineficiencia «per se» del sector público para manejar cualquier bien o empresa.

A todas luces la toma de la tribuna por parte del PRD es la que obligó al Senado a organizar el conjunto de reuniones en las que se han dado cita especialistas, académicos y políticos para discutir ampliamente el tema. En estos foros nos hemos podido dar que la iniciativa no estaba lo suficientemente discutida y que aún había mucho que afinar. Creo que a estas alturas nadie duda de la necesidad de una reforma al sector, pero las formas son importantes para tratar de salvaguardar el mejor aprovechamiento de lo que nos queda de este bien público llamado petróleo, y sobre todo asegurar que el único beneficiado en definitiva sea la sociedad mexicana.

El proceso de reforma está en un momento muy interesante, sobre todo desde que el Jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, propuso para la Ciudad de México, la posibilidad de que en esta entidad de la República sus habitantes en plenos derechos ciudadanos pudieran participar en una consulta pública que recogiera su opinión acerca de la reforma y los alcances de la misma. Por la trascendencia del tema, desde mi opinión, es una propuesta pertinente.

Lamentablemente muchos de los que les urge que la propuesta calderonista salga adelante, se han dedicado a descalificar la propuesta argumentando que los ciudadanos comunes y corrientes tenemos poco que decir, ya que la propuesta es eminentemente técnica y que se trata de mera demagogia y una táctica para retrasar la decisión ya tomada por los que sí saben.

Como ya manifesté el asunto no es menor, es de gran trascendencia dado el papel que ha jugado y puede seguir haciéndolo los recursos que provienen de este bien público. Si no es en este tipo de temas cuando se echen a andar los instrumentos de democracia directa, entonces ¿cuándo lo será? Si bien el referendum, el plebiscito o la consulta popular no están reconocidas en nuestra constitución, es por que aún en el país hay quienes le tienen miedo a extenderle a la ciudadanía su cartilla de mayoría de edad y responsabilizarse en un sistema de rendición de cuentas y de ejercicio pleno de derechos ciudadanos que contribuya verdaderamente a consolidar nuestra democracia.

En Aguascalientes en definitiva es difícil que esto se opudiera dar, ya que estas figuras jurídicas de participación ciudadana son letra muerta en nuestra constitución local, dado la falta de reglamentación y falta de voluntad.

La democracia no debe ejercerse cada tres o seis años cuando elegimos a los representantes populares. Si bien el voto para elegir gobernantes es una expresión de la confianza que los ciudadanos les damos a los políticos electos por un tiempo determinado, el ejercicio ciudadano no puede quedarse ahí y es necesario que se reconozca que la naturaleza de la democracia, sin adjetivos, posibilita y necesita que este se exprese en cada uno de los asuntos que son de trascendencia para la vida pública a cualquier escala, es decir, local, regional o nacional.

En principio hay que reconocer que en la sociedad, así como en la sociedad política no hay homogeneidad, y que por la tanto antes de simplificar o anular la diferencia política, hay que llegar acuerdos a partir de la democracia institucional ampliada, no restringida a la simple representación tradicional. La deliberación pública, encaminada por vías institucionales, es necesaria, y como ya hemos comprobado es la mejor forma para lograr acuerdos de largo alcance y estables en el tiempo.

---

Publicado en el Diario Aguas, el 3 de julio de 2008, Aguascalientes, Ags.

Democracia y seguridad pública

2008-06-21T10:23:00.000-07:00

El Aguascalientes apacible, pacifico y próspero está en riesgo. Los acontecimientos violentos perpetrados por el crimen organizado acumulados en los últimos meses generan una ambiente preocupante entre la población. Estos actos hablan ya no de actos aislados, sino de la configuración de una anormalidad constante de inseguridad pública en Aguascalientes. La inseguridad se convirtió ya en el tema número uno de nuestra agenda pública. Mi reflexión la dirijo a tratar de responder a la pregunta ¿qué se ha dejado de hacer en materia de acción pública para frenar la crecida de inseguridad en Aguascalientes?

Ubico claramente que el problema no depende únicamente de variables endógenas de Aguascalientes, sino que el problema en el ámbito nacional adquiere niveles sin precedentes, convirtiendo al país en uno de los más violentos de América Latina ocupando el número 93, seguido de Colombia que ocupa el 140, según el Índice Global de Paz 2008.

El problema de la inseguridad en Aguascalientes tiene dos dimensiones. Por un lado la dimensión que tiene que ver con la verificación de actos violentos activados por grupos criminales organizados, y por otro lado, la crecida de crímenes llamados del fuero común como por ejemplo robos en casas habitación, robos a transeúntes, cristalazos a automóviles y hasta incremento en secuestros o extorsiones.

Para las dos dimensiones aplica el diagnóstico que incluye la sentencia de que a pesar del creciente gasto en materia de seguridad pública, la inseguridad sigue creciendo. Además el tipo de políticas diseñadas a partir de este gasto son más bien de tipo reactivas y correctivas, dejando de lado un serio y efectivo trabajo en materia de prevención del delito. En la primera dimensión queda claro que nunca va haber elementos policíacos, armamento y patrullas que alcancen para combatir al crimen organizado, quien por mucho supera a nuestras policías en armamento, y que por lo tanto queda claro que sólo con inteligencia se podrá combatir a este mal. Para la segunda dimensión, la de los delitos cotidianos, la evidencia apunta a que a los incentivos para cometerlos no se neutralizan con más penas y más personas en las cárceles, sino con un trabajo previo de prevención que en verdad arraigue las bases para el establecimiento de una cultura de la legalidad entre la población.

La respuestas ensayadas tanto por el Gobierno Federal, como por los gobiernos estatal y municipales ha sido la clásica: utilizar el brazo armado del Estado contra la inseguridad. El Leviatán hobbesiano es lo único que prevalece en sus mentes estancadas en el siglo XVIII y XIX. La esfera pública secuestrada por el crimen y la ilegalidad pretenden que únicamente el Estado la controle y la “rescate”. Los avances en materia de avance democrático, en los que la sociedad civil reclama ocupar la centralidad en el espacio público, parece que los entienden a medias o de plano no los comprenden. Para quien no hay otra salida más que llevar a que el Ejército y los policías tomen las calles, la ciudadanía debe permanecer en la esfera privada de sus hogares y trabajos, cuidando los valores familiares tradicionales, apática políticamente y espectadora de la acción del gobierno.

La autoridad se ha conformado con el discurso de más financiamiento para la seguridad, que es más publicitaria, que con un trabajo integral, alternativo y participativo socialmente que ataque de raíz las causas de la inseguridad.

Democracia y seguridad pública deberían de ser un binomio inseparable. Pero las acciones ensayadas y fallidas hasta hora por los gobernantes en materia de seguridad pública ponen en verdadero riesgo nuestra consolidación democrática. Un escenario como el actual, en el que se conjunta crisis económica (evidenciada por los índices inflacionarios, crecimiento del desempleo y la crisis de productos alimentarios), sumada a la creciente inseguridad en todo el país pudiera apoyar a las voces de quienes prefieren regímenes políticos verticales y contractivos de las libertades ciudadanas. El constitucionalista Diego Valdés sentencia muy lúcidamente que “la delincuencia muy bien podría convertirse en el pretexto para que el autoritarismo resurgiera, incluso con la simpatía social, si el poder autoritario fuera capaz de ofrecer resultados satisfactorios en un plazo breve” (“La vida amenazada: violencia e inseguridad” en Este País, septiembre de 2004).

La seriedad del asunto exige que los gobiernos y la ciudadanía actúen coordinadamente. La ciudadanía es quien debe exigir para ella misma el rescate del espacio público actuando de forma solidaria y educando con el objetivo de fortalecer la cultura de la legalidad, la denuncia y la participación democrática. El gobierno por su parte debe actuar con inteligencia, siendo el instrumento que coordine las sinergias de la sociedad.

El error de los gobiernos ha consistido en querer enfrentar la inequidad social y sus efectos con el abuso del derecho penal y el brazo armado del Estado. De este núcleo parten las políticas públicas equivocadas, que no logran reconstruir la confianza ciudadana. La obligación del Estado es un tratamiento multi-institucional e interdisciplinario que lo ataque las causas del problema: descomposición social, desempleo, débil cultura de la legalidad, ilegitimidad hacia con las autoridades y falta de participación ciudadana. Todos problemas asociados y estructurados a confluir en la inseguridad. Hacerlo es una ineludible obligación del Estado, que debe poner sus recursos e infraestructura al servicio de la sociedad.

Se debe basarse en ‘empoderar’ a la ciudadanía, involucrándola en las tareas de prevención ciudadana (vecino vigilante), capacitación en centros de trabajo (empresas, gobierno), escuelas (desde primaria hasta universidad) y comunidades. La estrategia se complementa con lo que sugiere Pedro Peñaloza, sustentada en un sistema de prevención social del delito que unifique a las áreas sociales, educativas, culturales y deportivas, para que diseñen y pongan en práctica políticas orientadas a resarcir el tejido social y a combatir los factores de riesgo, con los factores protectores que puedan neutralizar la acelerada e impresionante descomposición social (“Seguridad: prisionera de lo inmediato” en Voz y Voto, septiembre de 2004).

Se requiere salidas innovadoras a este problema serio y de sobra preocupante para todos nosotros.

---

Publicado en el Diario Aguas, el 18 de junio de 2008, Aguascalientes, Ags.

¿Está asegurado el dominio internacional de los EE.UU. en el futuro inmediato?

2008-06-21T10:20:00.001-07:00

Las elecciones de este año en los EE.UU. plantean preguntas que están más allá de lo coyuntural. La política Bush en el orden internacional, con su guerra ante el terrorismo y su actitud altanera, autosuficiente e incluso intransigente, ha confirmado la idea de que estamos en un mundo unipolar. Independientemente quien gane, republicanos o demócratas, tiene el reto de contribuir un nuevo orden mundial que lo reacomode hacia uno donde el multilateralismo sea el principal instrumento para el logro de la paz y el desarrollo.

Se dice que el poder de los EE.UU. está dirigido a conservar el status quo, mezclado con una estrategia expansionista —ya no en términos territoriales convencionales— que intenta aumentar sus ventajas de poder y su influencia geopolítica e ideológica. Aunque se ha abandonado la posibilidad del “equilibrio del poder” por parte de las segundas potencias, no ha implicado el establecimiento de un “imperio total” estadounidense. Estas segundas potencias, como China, Francia, Alemania, India o incuso Rusia, se han inclinado más por una estrategia de soft balancing (uso de medios institucionales y diplomáticos para tratar de constreñir el poder de los norteamericanos).

La ideología liberal-democrática, y el discurso de los derechos humanos cambió los esquemas de soberanía estatal, justificó la intervención “con fines humanitarios” en varios países del orbe por parte de EE.UU., con el apoyo de sus aliados y de organismos internacionales. Durante los noventa esta fue la bandera alzada por el gobierno norteamericano, particularmente por la administración Clinton, para intervenir en Somalia, Bosnia o en Kosovo, generando una tensión entre los defensores de la idea de soberanía nacional frente a los defensores de la idea de derechos humanos, quienes argumentan que la intervención es legítima ante las arbitrariedades de los gobiernos frente a su población.

Hasta antes de los ataques al World Trade Center de Nueva York el 11 de septiembre de 2001 (11-S), EE.UU. había buscado apoyo internacional, a través de la ONU y sus aliados, para su estrategia de intervención, la cual la había encontrado sin ninguna duda cooperación, “la doctrina Clinton y la doctrina Annan” eran compatibles. El 11-S cambiarían las cosas, y una nueva guerra mundial se debía de librar: la lucha contra el terrorismo. El gobierno de George W. Bush cambiaría la estrategia y aludiría a la “soberanía contingente” y al derecho al ataque preventivo, poniendo por delante los intereses de EE.UU. y por encima de los derechos humanos, justificando el ataque a otros estados en la medida en que la propia seguridad se encontrará en juego. Se puede decir que personificado en Osama Bin Laden, y Al Queda o el régimen Talibán, el terrorismo internacional, ocupó el lugar dejado por la amenaza del comunismo representado por la URSS. Bush optó por una retórica simple de “estar con EE.UU. o en contra de ellos”, lo que hizo que lucha contra el terrorismo se convirtiera en la excusa perfecta para quitarse la “hoja de parra de la sociedad con los aliados”, y entonces tener la posibilidad de salir de muchas de las dificultades de los compromisos, los tratados, el derecho internacional y actuar unilateralmente.

Sin embargo, analistas como Robert O. Keohane ya advertían desde un principio sobre la debilidad de las instituciones internacionales frente a la capacidad de EE.UU. de actuar de manera unilateral. La imposibilidad de las instituciones internacionales para forzar a EE.UU. a actuar en contra de sus intereses radica en la estrategia añeja de los propios estadounidenses de procurar una actuación de estos organismos limitada y sólo con la avenencia de ellos mismos.

A pesar de lo anterior, se ha demostrado que EE.UU. no es omnipotente, la complicación de la situación en Irak, o la imposibilidad de controlar y frenar a Irán, Pakistán o Corea del norte en sus ensayos de armas nucleares, lo demuestran. Aunque evidentemente el poder de los EE.UU. no es una ilusión, los costos de la unilateralidad han sido evidentes para los propios estadounidenses.

La realidad actual niega las posibilidades del balance del poder planteado a la waltziana. El umbral rebasado por los EE.UU. en materia de supremacía militar, tecnológica, económica y cultural desalienta a las segundas potencias a competir geopolíticamente en contra de él dados los costos.

A diferencia de los que piensan que en mediano plazo la actitud norteamericana de supremacía, creará estrategias de coalición y hard balaning, creo que la hegemonía de los EE.UU. permanecerá de alguna manera asegurada dada las peculiaridades de ésta en un mundo cohesionado en gran parte por los valores democrático-liberales. Lo cual se verifica en la tendencia observada por parte de estas naciones a preferir observar a la actual configuración del orden internacional como un “sistema negociado”. Lo anterior se resume en los siguientes aspectos: 1) Se reconoce que la supremacía de los EE.UU. ha proporcionado bienes públicos, particularmente extensión de la seguridad y apoyo al régimen de libre comercio mundial; 2) Si bien EE.UU. actúo unilateralmente recientemente, el entramado institucional internacional y diplomático sigue en pie, y en el futuro seguirá teniendo un papel decisivo en la gobernanza mundial; y 3) Se reconoce que aún los estados más débiles en el orden encabezado por EE.UU. tienen acceso y “oportunidad de voz”, así como a influir, aunque sea de manera informal, en el proceso de toma de decisiones del entramado institucional internacional antes mencionado.

Las segundas potencias y su apuesta por el soft balancing dirigirán sus pretensiones de generar contrapesos a través del fortalecimiento de las instituciones internacionales y las vías diplomáticas para poner límite a las ventajas norteamericanas. EE.UU. no es percibido como una amenaza para la soberanía de estas naciones, pero si hay una intención de contener el unilateralismo mostrado posterior al 11-S (Véase T.V. Paul, “Soft Balancing in the Age of U.S. Primacy” en International Security, vol. 30 No. 1, Verano 2005).

Siguiendo las teorías del hegemón liberal, se puede observar un EE.UU. actuando sobre sus intereses en un periodo de largo plazo, en vez de forcejear por ganancia de corto alcance, e identificar esos intereses con la apertura y la estabilidad del sistema internacional; así, al poder garantizar un flujo de beneficios para las demás naciones, logra el apoyo de su gobierno. Ikenberry dice: “En esta forma, las normas e instituciones que se han desarrollado en torno a la hegemonía estadounidense limitan el actual ejercicio coercitivo de su poder, a la vez que incorporan a otros estados a la administración del sistema” (“Ilusiones del Imperio”, Foreign Affairs en español, Vo. 83, Núm. 2., México, Instituto Autónomo de México, p. 194).

Sin la guerra como principal mecanismo de cambio del orden global, y sin la emergencia de un mecanismo que alternativamente cambie el actual estado de cosas, está asegurada la hegemonía de los EE.UU. en el futuro inmediato.

---

Publicado en el Diarfio Aguas el 5 de junio de 2008, Aguascalientes, Ags.

Gobernabilidad y gobernanza en América Latina

2008-06-21T10:18:00.000-07:00

Hace ya un tiempo leí unas palabras del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, en la que destacaba la idea de que en definitiva “hay ingobernabilidad en América Latina. Particularmente se trataba de un diagnóstico que él hacia en una conferencia dictada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas con motivo de su vista a su antigua casa académica de sus tiempos de exilio en México. Dicha conferencia tenía como título precisamente “La Gobernabilidad en América Latina”, y de lo destacado en el documento, el diplomático chileno afirmaba que la región enfrentaba problemas de gobernabilidad. Su diagnóstico prescriptivo se basaba en estas aseveraciones:

- La principal evidencia son los 15 presidentes depuestos en los últimos 15 años (de 1990 a 2005) por acusaciones diversas que van desde ineficiencia en el cargo, corrupción o falta de transparencia.
- No basta con ser un gobierno legítima y democráticamente electo, sino administrar conforme a las reglas de la democracia y ser eficiente.
- Una de las razones principales para la crisis de la gobernabilidad latinoamericana es que la democracia en la región no ha podido resolver los problemas relativos a la desigualdad económica.
- Este problema es el que básicamente les ha “explotado a los gobiernos en su cara”.
- La fragilidad de las diversas administraciones latinoamericanas no tiene que ver con fenómenos ideológicos, como las dictaduras o las revoluciones, sino con movimientos de ciudadanos que no están satisfechos con los resultados de sus gobiernos.
- Abonan a esto los partidos políticos, quienes gastan enormes cantidades de dinero en la promoción de sus candidatos.
- La respuesta sería pues, no sólo más Estado, sino que también éste sea más eficiente. Así, lo que prestigia la actividad pública es hacer cosas en beneficio de la gente.

De lo dicho por José Miguel Insulza en aquella ocasión se puede deducir la permeabilidad actual en América Latina de una concepción de “gobernabilidad” muy diferente a la resultante en su momento de la Comisión Trilateral, la cual veía el origen de la crisis de gobernabilidad (o creciente status de ingobernabilidad) en la sobrecarga a las instituciones gubernamentales determinada por un exceso de expectativas y la ampliación, expansión y complejidad de las competencias y de las funciones del Estado Benefeactor (Véase Crozier, Huntington y Watanuki, The Crisis of Democracy. Report on the Gobernability of Democracies to the Trilateral Commission, New Cork University Press, 1975). La respuesta a este fenómeno, más propio de los países capitalistas desarrollados a mediados de los setenta, fue una estrategia de “reducción de la demanda”. La diferencia también parte de que estos países, a pesar de su crisis, no vivían problemas clásicos de estabilidad política, ni tenían tampoco problemas de gobernanza, en el sentido de establecer la efectiva capacidad de gobierno (Francisco Váldez Ugalde, Gobernanza e Instituciones. ¿Es posible un enfoque integrado?, México, Mimeo, FLACSO, 2005).

Si se parte de una definición básica de gobernabilidad, la cual plantea que ésta es “…un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad de respuesta del sistema político para responderlas de manera legitima y eficaz”, el escenario presupuesto por la tradición trilateral, partía de observar dos consecuencias ante la crisis de ingobernabilidad: un debilitamiento de la eficacia gubernamental y el inicio de un proceso de erosión de la legitimidad (disposición a obedecer espontáneamente las leyes y directivas del gobierno).

Haciendo un ejercicio de “traducción” a la realidad Latinoamericana de lo anterior es necesario basarnos en el propio marco histórico-político de la región y decir que los problemas de gobernabilidad provienen más bien del déficit democrático (y no de su exceso expresado en la sobrecarga de demandas), y de las penurias del bienestar social de la población y las brechas abismales de desigualdad.

Así, si la gobernabilidad designa una propiedad o cualidad que nos indica “grado de gobierno” que se ejerce en una sociedad, para el caso de los sistemas políticos latinoamericanos en estos momentos, el tipo de instituciones que le darán significado positivo a la gobernabilidad serán únicamente las más apegadas al paradigma democrático y las políticas públicas que se piensen y se diseñen deben tener un plusvalor: la justicia social.

---

Publicado en el Diario Aguas, el 21 de mayo de 2008, Aguascalientes, Ags.

La FNSM en un contexto democrático

2008-06-21T10:16:00.001-07:00

La Feria Nacional de San Marcos cumple 180 años con el espíritu de fiesta desbordado como siempre y un orgullo muy arraigado entre los aguascalentenses. Su evolución y crecimiento constante, así como el reciente impulso notable vuelve pertinente discutir los derroteros institucionales que en términos políticos tiene que enfrentar esta verbena en el futuro próximo. Mantener la calidad y proyección de estas fiestas exige la atención no sólo de los gobernantes, los empresarios y comerciantes que se benefician económicamente de la temporada, sino de la población que sabe suya la fiesta.

Su objetivo siempre ha sido promover la actividad agropecuaria, industrial y comercial de la región, así como servir como una ventana a la identidad local. Los beneficios de la Feria, sobre todo desde mediados del siglo XX, se pretendió fueran también para la asistencia de los más necesitados y se contribuyera al crecimiento económico y la integración social (Véase Gerardo Martínez Delgado, “Organización institucional” en Jesús Gómez Serrano, et al. Historia de la Feria Nacional de San Marcos, Gobierno del Estado de Aguascalientes, 2007). Aquí cabe sin duda la pregunta: ¿se sigue contribuyendo a esto?

La utilidad pública de la Feria que fuera reconocida en 1943 por el Congreso del Estado, en un contexto democrático como el de hoy cobra un sentido diferente y renovado, pues en verdad su organización, gestión y beneficio pertenecen a todos los aguascalentenses. La Feria, querámoslo o no, incide positiva o negativamente sobre varias esferas de la vida cotidiana de todos los pobladores del estado, las decisiones alrededor de este evento comercial y cultural son de interés público prioritario. (La Feria y sus efectos sociales en Aguascalientes son demasiado importantes como para sólo dejarlo en manos de los políticos).

Son muy importantes los recursos que en los últimos años se le ha invertido a la infraestructura de la Feria, y sin duda han venido a inyectarle un nuevo dinamismo y la han catapultado a niveles de comparabilidad internacional. Se trata mayormente de recursos del erario público que nos han costado a las generaciones actuales y les seguirán costando a las próximas. Es dinero público que bien pudo invertirse en educación, salud, vivienda, seguridad o infraestructura agropecuaria o urbana. Son evidentes los beneficios económicos que han traído los proyectos por los que se ha decido el Gobierno del Estado para canalizarlos a través de la Feria, pero no es fácil identificar o darle seguimiento a los efectos directos sobre otros programas de carácter económico, social e incluso ambiental que son prioridad para el desarrollo general de Aguascalientes.

Se requieren reformas al marco institucional de la Feria Nacional de San Marcos que la adecuen a un esquema de responsabilidad social y utilidad pública en un contexto democrático. Es necesario que las decisiones que se toman alrededor de la feria se den de manera abierta y negociada entre todos los involucrados: El Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal de la capital, el Congreso Local y representante de los sectores económicos y sociales directamente interesados. La cabeza ejecutiva del Patronato de la Feria debería contar con la aprobación del Congreso, el órgano de dirección debe estar integrado de forma colegiada además con representación del H. Ayuntamiento del Municipio de Aguascalientes, el mismo Congreso local y sobre todo de consejeros representantes de los comerciantes, industriales, productores agropecuarios y ganaderos que participan de los beneficios de la verbena.

La transparencia en el manejo de los recursos debe ser tal, que la ciudadanía en general y los grupos de interesados en lo particular se les debe facilitar el debate y hacer propuestas en torno a la mejor forma de invertir dichos recursos, ya sea para nuevas inversiones o canalización a programas sociales.

El tipo de ofertas de esparcimiento, así como valores e identidades que se promueven deben ser los suficientemente plurales como para que todos los pobladores del Estado sigan sintiendo suya la verbena. La exclusión de sectores de la sociedad puede ser un motivo de desintegración social y un signo de que la Feria pudiera estar perdiendo su finalidad por lo menos en lo que toca a la esfera social.

Eventos como el teatro del pueblo deben permitir a todos por igual disfrutar de un lugar digno, sin privilegios para nadie. Los eventos culturales deben pasar a un primer plano y no simplemente ser periféricos a la actividad de espaciamiento social en restoranes, bares, ‘antros’ o espectáculos con artistas comerciales o de carácter deportivo.

La Feria Nacional de San Marcos para proyectarse en un escenario de cambio social como el de Aguascalientes, requiere que no se pierda de vista que lo importante es que debe seguir siendo un canal de expresión de la identidad local y un instrumento de cohesión social.

----

Publicado en el Diario Aguas, el 8 de mayo de 2008, Aguascalientes, Agas.

2008-06-21T10:16:00.000-07:00

----

Publicado en el Diario Aguas, el 8 de mayo de 2008, Aguascalientes, Agas.

La democracia posible

2008-06-21T10:06:00.000-07:00

El proceso de gobierno en una sociedad moderna es aquel por el cual las necesidades y demandas sociales se transforman en acciones públicas que buscan satisfacerlas a través de instituciones políticas. Durante mucho tiempo en México, ante la ausencia de democracia, la configuración del sistema político hacía que este proceso fuera únicamente gubernamental, jerárquico y cerrado, a partir de la lógica presidencialista, corporativista y hasta paternalista.

El cambio hacia la democratización de las últimas tres décadas ha supuesto transformación en estos patrones de comportamiento del gobierno y de los demás actores políticos del sistema. Se supone que en un escenario de poder compartido (alternancia y cohabitación), de gobierno dividido (ejecutivos de un partido con congresos de mayoría opositora) y gobierno yuxtapuesto (convivencia de presidentes con gobernadores y alcaldes de distinto adhesión partidaria) el proceso de gobierno se ha hecho más abierto y se confía que los mecanismos de «accountability» horizontal y vertical funcionen como principal incentivo al buen gobierno.

La competitividad no sólo en la esfera electoral, sino en el campo de la acción gubernamental cotidiana, donde las intenciones se hacen manifiestas y evidentes por parte de diversidad de actores que compiten por que sus visiones e intereses sean materializadas en las políticas públicas, supone que los gobiernos actúen de manera inteligente y estratégica utilizando herramientas e instrumentos que permitan que sus propuestas venzan a las de los oponentes y sean legítimas ante los ojos de la ciudadanía. Ésta última se supone que ejerce plenamente sus derechos al momento que se le respeta su voto y puede manifestar abiertamente sus pensamientos, sus posiciones frente al poder público y puede participar en la formulación de políticas a través de los mecanismos puestos a su disposición por el gobierno o la sociedad civil organizada.

Pero es evidente que el escenario de plena democracia pintado aquí es un ideal difícil de alcanzar en México, ya que el proceso de gobierno en todos los órdenes –federal, estatal o municipal− conserva muchos de los rasgos del antiguo régimen: Las posiciones en el gobierno se siguen otorgando como pago a los favores políticos contraídos previamente o con promesa de cumplir en el futuro, se sigue improvisando en las decisiones de la actividad pública cotidiana, hay un divorcio evidente entre sociedad e instancias de gubernamentales y de representación legislativa, y las decisiones trascendentales se siguen tomando en las cúpulas políticas y económicas.

La mayoría de los países con una tradición democrática más añeja que la nuestra no viven en el paraíso idealizado descrito al principio del presente texto, se convive con males inherentes a toda sociedad, pero sin duda hay países con mayor fortaleza institucional que la nuestra. En México se ha querido que los nuevos actores de la política jueguen con las misar reglas, y exigimos buenos resultados. La buena voluntad no es suficiente, tienen que existir los incentivos y los constreñimientos institucionales para procurar acciones positivas.

Es una aberración de muchos cuando se dice que se puede tener mayor confianza en ciertas personalidades, más que en las mismas instituciones. Quien lo dice cree todavía en los liderazgos mesiánicos, en los tótems idealizados. Quien confía en alguien que le dice que le puede resolver todos sus problemas con sólo otorgarle el poder está alentando formas autocráticas de gobierno, alejadas de toda posibilidad de fórmulas cooperativas y participativas entre sociedad política, sociedad económica y sociedad civil.

El régimen político por diseñar en México, acorde a los nuevos retos, pasa por fortalecer la capacidad de gobierno no sólo de las instituciones estatales, sino de los demás actores relevantes de la sociedad. Por el lado del Gobierno (con mayúsculas) se requiere incrementar la posibilidad de un desempeño efectivos a través de mecanismos de incentivos en el desempeño, de profesionalización y respuesta a la ciudadanía. Por el lado de los privados (capital económico) que participan en la provisión de servicios y obra pública requieren que haya mecanismos de rendición de cuentas efectivos. Y por el lado de la sociedad se requiere actitud propositiva, civilidad y solidaridad.

La presente reflexión puede parecer a muchos abstracta, y llena de lugares comunes, pero en este momento la siento necesaria ya que encuentro en el escenario de la vida pública nacional, estatal y local un vacío de estos propósitos. El modelo de democracia que idealizo en este texto es el que he aprendido en las aulas y los libros, mi interés por fórmulas de eficacia democrática existentes en el mundo, pero además mi experiencia en la función pública donde día a día me aparecen situaciones que me dicen que es posible trasformar las cosas.

Comparto la expresión de Winston Churchill que dice que “la democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes."

---

Publicado en el Diario Aguas el 25 de abril de 2008, Aguascalientes, Ags.

Retos políticos para el cambio climático

2008-06-20T13:26:00.000-07:00

Los retos que plantea el cambio climático para el proceso de toma de decisiones públicas y de gobierno aún son desconocidos e inciertos. Las implicaciones para el bienestar social son enormes. Hoy es seguro que el debate en torno a sí existe o no tal fenómeno se ha ganado para el bando de la respuesta afirmativa, así como la idea de que sus causas se encuentran en buena medida originada por la actividad humana, principalmente en lo relativo a la generación de energía y contaminante atmosféricos. En términos de agenda pública el tema ya se ha insertado como prioritario para muchos sectores sociales, el objetivo ahora es que ésta se convierta en agenda institucional o gubernamental en el corto plazo.

Socialmente con los jóvenes es con quien se ha tenido el mejor impacto, el Internet, documentales y hasta conciertos de rock masivo han servido para despertar en este sector de la población la preocupación por los riesgos y consecuencias del calentamiento global (por ejemplo está el impactante documental protagonizado por el exvicepresidente de los EE.UU. Al Gore, «An Inconvenient Truth», 2005 y el concierto S.O.S. de Live Earth: http://www.liveearth.org/). En especial se piensa que a los jóvenes son a quienes deben estar dirigidas todas las campañas de concientización, pues son ellos quienes tomarán las decisiones en el futuro inmediato, pero es evidente que la solución y la responsabilidad es de todos.

Claro que todos podemos hacer algo desde nuestra perspectiva individual al cambiar nuestros hábitos de consumo de energía eléctrica en los hogares y el trabajo, en la emisión de contaminantes (CO2), o por el lado del cuidado de los recursos hídricos y la separación de residuos sólidos. El compromiso debe ser claro dado el respeto con el futuro de nosotros mismos, los nuestros y la sociedad entera.

Pero en términos políticos es necesario que la sociedad se organice para replicar y hacer evidente la preocupación, concientizar a otros y educar en acciones concretas que permita a cada individuo aportar desde su perspectiva a una solución de fondo.

En este mismo sentido el Estado y sus instituciones no pueden dejar de asumir responsabilidades, ni dejar pasar por alto momentos en los que aun estamos a tiempo para hacer cosas de trascendencia para el futuro, y no ser cómplices de intereses particulares que se oponen tomar medidas drásticas y efectivas para mitigar los efectos ya producidos por el cambio climático y evitar un escalada del problema que en un momento dado no haya vuelta atrás.

Los argumentos de los escépticos en cuanto a la realidad del cambio climático se basan en la idea que plantea que el aumento de la temperatura en los últimos años se debe más a un proceso histórico el cual se ha repetido antes y en la necesidad de no frenar las actividades y el desarrollo económico. De manera evidente con ello se vuelven ciegos al no querer ser conscientes de las implicaciones de su dicho para el futuro de la tierra, el único hogar y espacio de interacción social con el que contamos para vivir.

En materia de políticas públicas los gobiernos deben hacer explícito el objetivo de contribuir a evitar el calentamiento global. Las acciones dentro de las políticas agrícolas, industriales y de desarrollo urbano deben plantearse como eje estratégico la sustentabilidad del medio ambiente, y ser formuladas con mecanismos de tipo «adaptativo», que permitan basar las decisiones en información producida por expertos, con evidencias científica que posibiliten, además de enriquecer el debate público, anticipar el cambio en las condiciones ambientales y naturales en las cuales las actividades del desarrollo se desempeñan.

Los gobiernos locales tienen mucho por hacer en este sentido, desde sumarse a la promoción de una cultura ambiental que ayude en lo individual a cambiar patrones de consumo de energía, cuidado de recursos naturales y manejo de desechos, hasta plantear directrices de políticas gubernamentales que fomenten un desarrollo económico sustentable.

----

Publicado en el Diario Aguas, el 14 de abril de 2008, Aguascalientes, Ags.

Jóvenes, tribus urbanas y democracia

2008-04-02T10:56:00.000-07:00

Los ataques recientes contra jóvenes identificados como parte de las tribus urbanas llamadas «Emos», perpetrados e incitados por mismos jóvenes, son una muestra evidente de los valores antidemocráticos que aún prevalecen en muchos sectores de nuestra sociedad mexicana.

Las tribus urbanas son una realidad insoslayable de nuestro tiempo y una expresión incrustada y propia de nuestra sociedad moderna. Estas tribus —que hacen alusión al concepto antropológico de subgrupo cultural— son el vehículo por el cual los jóvenes manifiesta su propia intensidad biográfica, buscan la afectividad colectiva, intenta interrelacionarse humanamente con quienes comparten símbolos, valores, ritos, y además tratan de construir su propia identidad y potenciar su imagen social.

Como todo lo moderno su esencia es su propia contradicción: en la medida que se busca autenticidad social frente a la masificación, las tribus urbanas se convierten en instrumentos que masifican las identidades juveniles (Véase Carlos Smith, «Los jóvenes de hoy (2). Las Tribus Urbanas», Blog: Ligas mayores). Ante esto último, más que una critica intento describir que la sociedad contemporánea encuentra en las tribus urbanas un elemento más que le da forma y encuentra en ellas el signo que la identifica quizá más fielmente en esta coyuntura de la historia.

Los Emos (abreviatura del vocablo angloparlante Emotional), son un subgrupo cultural juvenil que en los últimos años ha alcanzado crecer significativamente. Se dicen caracterizar por expresar abiertamente su sensibilidad interior, la cual —y aquí otra paradoja que la señalo más para subrayarla como distintiva de nuestros tiempos, más no de manera peyorativa— trata de expresar una introspección personal compartida con el grupo de rechazo y vergüenza a la sociedad convencional, además de tristeza, desolación, miedo y dolor.

Musicalmente los Emos son una derivación del movimiento punk (década de los setenta), gótico, hardcore (década de los ochenta) y alternativo-grounge (década de los noventa), pero se destacan visualmente que a pesar de prevalecer el color negro en sus ropas, utilizan color en sus maquillajes, peinados (con su característico copete que cubre uno de sus ojos) y accesorios (en los resalta la utilización de la iconografía creada en los mundos cinematográficos de Tim Burton).

A pesar de que los Emos manifiestan que no intentan cambiar al mundo, lo acontecido a ellos en su contra tiene un carácter totalmente político y los inserta de manera automática en la dinámica de esta esfera. En este sentido, se puede decir que en las sociedad contemporáneas, las tribus urbanas son una expresión de la pluralidad social que exige en términos políticos prevalezcan los valores de la democracia y la convivencia social.

Digo al principio que los ataques contra estos grupos son un reflejo fiel de la inmadurez política que en términos democráticos aun prevalece en nuestro país. La tolerancia ante lo diferente, las minorías y hasta lo que pudiera parecer extraño está en la base misma de la democracia. Una sociedad con signos de intolerancia manifiesta problemas estructurales que indudablemente se materializan en estancamiento, incivilidad y violencia social.

Si efectivamente en la concepción tradicional de la tolerancia se encuentra el principio de que “mi libertad termina donde empieza la tuya”, la interpretación pluralista que obliga la heterogeneidad social le suma la idea de que “el ejercicio de mi libertad y mis derechos se convierte en una «condición» para el ejercicio de tu libertad y tus derechos” (Véase Isidro Cisneros, «Tolerancia y Democracia», Instituto Federal Electoral).

Entonces, los grupos de jóvenes que han incitado a la violencia con sus actos se reservan el derecho del ejercicio de su propia libertad. Lo más preocupante es que estos mismos jóvenes están insertos en la vida cotidiana de nuestras organizaciones sociales como las escuelas, las empresas o hasta en los partidos políticos. ¿Qué se puede esperar de su comportamiento en estos espacios? Lo mismo se puede decir de su comportamiento en el seno familiar. Estas actitudes son las que reproducen esencialmente la violencia intrafamiliar.

A la vez, los acontecimientos de violencia expresan lo inadecuado de nuestras instituciones políticas para absorber y canalizar el conflicto. Dada la evolución de nuestro país en términos de cultura política, la cual durante mucho tiempo los patrones de autoridad y legitimidad social estaban fincados en la verticalidad, el autoritarismo, la no deliberación y el no ejercicio de los derechos. Los valores democráticos se tienen que enseñar dado que evidentemente no nacemos con ellos. La familia y la escuela son las da estructuras base para ello.

Las políticas y programas destinados a los jóvenes deben incluir la participación de ellos plenamente en su formulación, tomar en cuenta sus inquietudes, necesidades y aspiraciones.

Estos hechos violentos no son cosa menor, ni podemos decir que son cosa de jóvenes, que con el tiempo se cura y madura. Si no se hace nada, que seguro aún estamos a tiempo, los patrones se repetirán una y otra vez en otros espacios y condiciones.

Esto marca una llamada de atención en términos de nuestro proceso de consolidación democrática y platea retos importantes. Lo acontecido a los propios Emos seguramente marcará su identidad y ellos darán ejemplo de compromiso cívico y serán pieza significativa para el llamado al respeto a la pluralidad en el país.

El estado de derechos se quebrantó para los jóvenes agredidos, y el mismo gobierno no puede quedarse con las manos cruzadas ante los hechos. La ley es su salvaguarda en términos de su libertad de expresión, manifestación y libre tránsito. El respeto a ello es la única garantía a la convivencia civil y pacífica en democracia.

----

Publicado en el Diaio Aguas, el 01 de abril de 2008, Aguascalientes, Ags.

Requerimientos mínimos para una política cultural

2008-03-27T21:54:00.000-07:00

Cuando se habla de actividad del Estado o del gobierno, pocas veces se habla de su tarea en materia de su labor en el apoyo y promoción a la cultura. Igualmente cuando se habla de políticas públicas, las llamadas políticas culturales quedan tomadas en cuenta en un segundo plano. Los alcances de la actividad gubernamental siempre están en disputa, muchas veces partiendo de posiciones ideológicas. Pero de verdad es preocupante cuando un gobierno —en cualquiera de los órdenes ya sea federal, estatal o municipal— no tiene claridad o intensión mínima en invertir, formular y proyectar esfuerzos que refuercen la identidad y fomenten su expresión por parte de la sociedad a través de la cultura y las artes.

Aguascalientes tiene una importante historia en materia de sistematización, coordinación y formulación de acciones impulsadas desde el gobierno para el apoyo a la cultura. El concepto e idea de ‘casas de la cultura’ se inventó aquí y se extendió por todo el país de la mano y genio del maestro Víctor Sandoval. A él también se le debe la instauración de dos de los premios culturales más importantes del país que tienen como sede la entidad, el Premio Nacional de Arte Joven (artes plásticas) y el Premio Aguascalientes de Poesía. Sin duda, la atinada dirección de del Instituto Cultural de Aguascalientes de varias personas en los últimos veinte años le han ganado fama y estatus trascendental al estado en el ámbito cultural. Pero ahora cabe la pregunta, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta la promoción de la cultural impulsada desde el gobierno?

He dicho que para el caso de Aguascalientes se han dado pasos importantes en las dos últimas décadas. Pero la nueva oleada de desarrollo y crecimiento del estado experimentado a finales de esta primera década del siglo XXI planea el reto de no perder cohesión e identidad propia de los aguascalentenses de cara al futuro. La política de desarrollo económico emprendida por los gobiernos estatales y municipales, no deben estar desligadas de la política cultural. Hoy se sabe que las ciudades competitivas no sólo lo son por su mano de obra e infraestructura industrial, comercial o agropecuaria, sino por la oferta cultural que puedan en primer instancia afianzar la identidad local y segunda mostrar a los inversionistas o visitantes externos para generar identificación y confianza acerca de los valores que se promueven en lo local.

Ya Robert Putnam, en su estudio sobre las condiciones sociales y políticas del desarrollo en Italia (1993, «Making democracy work: Civic traditions in Modern Italy»), nos demuestra que el capital social —mecanismos de la organización social tales como las redes, normas, y la confianza social que facilita la coordinación y cooperación para beneficios mutuos— es una fuente esencial para toda sociedad para generar confianza, compromiso ciudadano y contribuir a la consolidación democrática. La cultura en este sentido es tan importante como el capital financiero para el desarrollo no sólo económico, sino democrático de cualquier sociedad.

Formular efectivamente una política cultural significa varias cosas, que quizá en la actualidad, no se estén tomando en cuanta del todo: Para hablar de política pública sólo se puede hacer si se toma en cuenta a todos los actores involucrados para su formulación. Hoy hay varios sectores tanto de artistas como de expresiones que no tienen la posibilidad real de incidir y participar, ya sea por que no son existen mecanismos para hacerlo o por que no son visibles dado los criterios convencionales para ello o no hay los medios para llegar ellos. También hoy día los secretores sociales más marginados están lejos de acceder a la oferta cultural por estar centralizada y localizada en espacios tradicionales.

Las políticas públicas instrumentalmente hablando se deben hacen desde varios esfuerzos institucionales de manera trasversal, es decir, intergubernamental e interorganizacional con la sociedad civil. Hoy evidente falta eso. El ICA muchas veces actúa sólo en su tarea. Requiere el apoyo del trabajo conjunto con varias otras instancias del gabinete que ayuden a concretar programas de incidencia efectiva en términos de uso de recursos y posibilidades de acceso a públicos que normalmente no se piensan como consumidores de cultura. La sociedad organizada se encuentra muy desarticulada en sus esfuerzos por contribuir a esta tarea, por lo que se requiere que haya una interlocución entre le gobierno y los diferentes grupos fluida y más cercana.

Los recursos que actualmente los gobiernos estatal y municipales destinan a la cultura son marginales con respecto a lo que verdaderamente se requiere. El compromiso del gobierno con la cultura requiere que los recursos destinados a ello sean vistos como una inversión y no como un gasto. Lo anterior incluye a actores como los diputados locales quienes en términos de agenda legislativa tienen una tarea pendiente para diseñar un marco jurídico in situ para el fomento y promoción de la cultura que dote de requerimientos institucionales básicos e indispensables.

Sin duda el esfuerzo realizado hasta ahora ha sido bueno. La cuestión es que los retos de desarrollo democrático que aun tiene Aguascalientes se incrustan en los cimientos culturales y educativos de nuestra sociedad y en ello todos tenemos muchos por hacer.

---

Publicado en el Diario Aguas el 25 de marzo de 2008, Aguascalientes, Ags.

El proyecto moderno de la izquierda y coyuntura mexicana

2008-03-27T21:42:00.000-07:00

La izquierda en toda América Latina se ha caracterizado por tratar de reformar los sistemas políticos con el objetivo de extender la participación de grupos sociales excluido, y de ampliar la eficacia reformadora de la política hacia cuestiones vinculadas con la igualdad y libertad.

El eje de las propuestas de reforma planteadas desde la izquierda contemporánea va dirigida principalmente a dotar a la democracia representativa de eficacia política para convertir en acciones de gobierno las aspiraciones populares y de gran parte de las clases medias a una mejora en la calidad de vida y aminoración de la desigualdad social a través de políticas decidas de combate a la pobreza, empleo, salud, seguridad y educación (Véase Calos Vilas, «La izquierda latinoamericana y el surgimiento de regímenes nacional-populares» en Revista Nueva Sociedad, no. 197).

Dentro de los cánones de las instituciones de la democracia, la izquierda latinoamericana con experiencia en gobiernos nacionales, regionales y locales ha promovido la profundización de la misma a través del mecanismos de participación ciudadana más allá de las urna, tales como los presupuestos participativos (véase el ejemplo de Porto Alegre en Brasil y el gobierno del PT), que les han dado fama de buenos gobiernos pues esto los hace parecer más abiertos a la intervención de la sociedad civil, más trasparentes y redistributivos.

Sin embargo, otras experiencias recientes como las de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, con la llegada de gobiernos conocidos como neopopulistas han planteado una distancia entre discurso democratizador y una realidad del ejercicio del poder que ha constreñido el ejercicio de las libertades, e instalando una autoridad vertical y carismática, desarticulante de la institucionalidad que se le justifica en el discurso al tratar de identificar los deseos del pueblo con los del dirigente, sin intermediarios.

El gran dilema de la izquierda moderna en América Latina se encuentra en una encrucijada planteada ante estas dos dimensiones de proyectos políticos. Lo único común de estos proyectos es su intención de transformar el actual estado de cosas que utiliza únicamente el discurso democrático para legitimarse sin estar verdaderamente comprometido con el ejercicio de las libertades ciudadanas, y la igualdad de oportunidades, es decir, los sistemas políticos representativos cuyo real principio legitimador es el avance del capitalismo en clave neoliberal, conservadores del «status quo».

Los dos proyectos de izquierda pueden venir de la misma familia, pero no representar lo mismo en términos de resultados políticos, sobre todo haciendo referencia a los ideales últimos. La verdadera izquierda democrática, aquella que se ha instalada en países latinoamericanos como Brasil, Chile, Argentina o Uruguay ha demostrado que se trata de proyectos políticos de gobierno viables y coherentes con la búsqueda de los ideales de libertad e igualdad frente a los males aparejados por otros proyectos políticos que han buscado en el mercado y en la verticalidad de la sociedad la respuesta a la modernidad.

Esta reflexión coyunturalmente la llevo al caso mexicano. La elección para renovar las dirigencias nacional y locales del Partido de la Revolución Democrática este tercer domingo de marzo de 2008 significó un acontecimiento de trascendencia para la vida política del país. Sin duda, lo que pase en este partido es nodal para entender la configuración del sistema político mexicano, ya que representa la opción electoral de izquierda más amplia y consolidada. Después de 19 años de fundado, el PRD se debate entre alternativa que lo afiancen como fuerza política renovadora de espectro político o como fuente instrumento incapaz de estructurar y articular un proyecto democrático, de justicia y equidad.

Los resultados indican que la candidatura de Alejandro Encinas se impone sobre la de Jesús Ortega en un cerrado resultado que confirma que el partido, a pesar de la existencia de pluralidad de expresiones al interior materializadas en grupos o ‘tribus políticas’, la disputa se manifiesta competitivamente entre dos grandes corrientes nacionales. Una de estas corrientes es la encabezada por el liderazgo carismático de Andrés Manuel López Obrador y que apoyó abiertamente la propuesta de Encinas, y la que encabeza tanto Jesús Ortega y Jesús Zambrano, y que en esta elección interna tenían como abanderado al primero, quien ya había buscado encabezar al partido en un par de ocasiones, pero que en esta coyuntura parecía tener la mejor de las posibilidades con respecto a las anteriores oportunidades.

De antemano no se puede decir si este resultado es benéfico o perjudicial para este partido con respecto al futuro en torno a las alternativas que enfrenta la izquierda en América Latina en las alternativas planeadas por mí anteriormente, pero lo que sí es claro es lo imperante de que la estrategia seguida por la nueva dirigencia coloque al PRD como una opción viable de gobierno ante el electorado mexicano.

El resultado de la elección, sin embargo, también nos deja ver que la posición de negarse a reconocer la interlocución institucional con el gobierno federal seguirá, lo cual no estoy seguro si será la mejor estrategia para fortalecer a este partido de cara a las próximas elecciones intermedias, y mucho menos para las presidenciales. Esta posición ha acentuado el enfrentamiento político con los adversarios de otros partidos, entre los que se incluyen algunos grupos empresariales y medios de comunicación, quienes claramente están decididos a mantener el encono social contra posiciones que ellos consideren nocivos contra sus intereses particulares.

El reto del PRD es hacer frente a esta embestida de los grupos de poder, y dejar claro que su proyecto se ubica indudablemente en el espectro institucional-democrático. México requiere de una izquierda comprometida con los valores democráticos y con un proyecto de nación modernizador y distributivo en lo económico que ataque directamente el principal problema de desigualdad que enfrenta el país.

---

Publicado en el Diario Aguas, el 18 de marzo de 2008, Aguascalientes, Ags.

Nota: Al momento de escribir la colaboración (el lunes 17 de marzo) aún no se visualizaba la complicación del resultado de la elección del PRD. Hoy jueves 27 de marzo la disputa por la dirigencia nacional no se ha decidido. La conflictividad entre los doc grupos ha llegado a niveles que patricularmente yo no esperaba. La crisis en la que se encuentra este partido es trascendental para la vida política del país por los motivos que mencionaba en la misma columna. El país requiere de una izquierda fuerte, pues éste no se divide únicamente en dos opciones. El resultado verdaderamente es incirto, quizá nos encontremos en un 'parte aguas' de la historía política de México y de su sistema de partidos.

América Latina: entre la guerra y la paz

2008-03-11T23:54:00.001-07:00

La guerra es la cara opuesta de la política, cuando ésta última ha dejado de operar, la opción es la del enfrentamiento para aniquilar al enemigo. La semana anterior fue la de mayor tensión militar en América Latina después de aproximadamente treinta años cuando la guerra de las Malvinas enfrentó a Argentina con Inglaterra. Afortunadamente, no acabó de transcurrir la semana completa y la posibilidad real de un estado de guerra entre Colombia, Ecuador y Venezuela se disipó, por lo menos por el momento, gracias a la labor diplomática, la coyuntura política y el andamiaje institucional internacional de la región.

La incursión militar del ejercito colombiano a territorio ecuatoriano para atacar a un pequeño contingente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y en el resultará muerto el número dos de este grupo guerrillero, Luis Edgar Devia alias «Raúl Reyes», desató un escenario verdaderamente complicado en términos políticos y desequilibrante de la atmósfera aparentemente de estabilidad. Y digo aparente, por que sabemos que el clima de violencia, enfrentamiento y encono social está presente desde hace tiempo y de manera latente la conflictividad ha sido una constante entre Colombia y sus países vecinos —en los que hay que incluir a Venezuela, Ecuador y El Salvador.

El momento que se vivió es circunstancialmente la manifestación de una realidad política compleja que Latinoamérica ha venido configurando en los últimos años. Complejidad dada por los procesos internos en cada uno de estos países, que inciden en lo regional y se proyectan internacionalmente. Primero Colombia, que vive una situación interna sumamente difícil debido por un lado a una alianza de derecha que ha asumido el control del gobierno con el apoyo de los Estados Unidos, por otro una guerrilla reivindicadora de viejos y arcaicos ideales utiliza métodos innegablemente condenables para conseguir sus objetivos, y un narcotráfico infiltrado en cada una de estas dos estructuras aprovechando la falta de compromiso por todas las fuerzas políticas con un país democráticamente fortalecido. Y segundo, Venezuela, Ecuador y el Salvador con crisis institucionales serias en sus respectivos sistemas políticos que derivaron en la asunción de liderazgos llamados populistas de izquierda que han asumido un proyecto de enfrentamiento abierto contra el proyecto ideológico y económico promovido por los Estados Unidos para la región.

La lucha armada que se enfrenta al interior de Colombia es la más larga de toda América Latina. Dese hace treinta años las FARC dicen reivindicar la posibilidad de un gobierno socialista mediante el asalto al poder a través de métodos violentos. Hoy cuentan con cerca de 17,000 combatientes dominando en extensos territorios del país, convirtiéndolos en verdaderos enclaves fuera del control del gobierno colombiano. Las FARC no son las únicas fuerzas guerrilleras colombianas, el Ejercito de Liberación Nacional es otro grupo que viene a complejizar el escenario. Está documentado que la estrategia gubernamental, a parte de enfrentar a la guerrilla con el ejército nacional, la ha combatido con el aliento de grupos paramilitares que no han hecho otra cosa más que incrementar el clima de ingobernabilidad y de encono social. El narcotráfico no ha hecho otra cosa que aprovechar esta situación. No cabe duda que en política los vacíos de poder no existen.

La política internacional de los Estados Unidos que dejó de lado su atención a América Latina por concentrarse en su lucha contra el terrorismo surgido desde Medio Oriente, ahora enfrenta nuevos retos con este panorama. Su apoyo a Colombia repite el patrón de intervencionismo y nos recuerda el apoyo dado a Israel en contra de los palestinos. El problema para los norteamericanos es que muchos grupos políticos de Colombia, que conforman la oposición de centro e izquierda al actual gobierno, se dan cuenta que el país sólo está siendo utilizado como medio o pretexto para dar forma al real enfrentamiento entre el proyecto político chavista (bolivariano) y el de los intereses del gobierno de los Estados Unidos.

Lo que queda claro es en medio de la contienda electoral presidencial en los Estados Unidos este tema será manejado con mucho cuidado, ya que la posición al respecto se ha marcado diferenciada tanto en el pasado gobierno demócrata de Bill Clinton, quien incluso se dice invitó a Gabriel García Márquez ha ser una pieza clave para encontrar una salida negociada con las FARC y el gobierno de Colombia (Véase El ABC de España del 9 de marzo), y la posición evidentemente cerrada del republicano gobierno de George W. Bush quien insiste en salidas de todo o nada y que apostaría por el camino del enfrentamiento armado.

La fortuna es que las condiciones para la guerra en ningún sentido estaban dadas. Lo cual resulta obviamente positivo para todos y habla bien de los instrumentos internacionales y diplomáticos que existen en el continente. El papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha sido importante, ya que este primero fue el foro donde se pudieron escuchar las primeras posturas cara a cara entre los actores, y en que los demás países, entre ellos México, ofrecieron servir de mediadores y expresaron su apoyo a una salida negociada y dialogada, es decir, el camino de la política.

Si bien a Colombia no se le sancionó directamente por su acción, la misma OEA reconoció que sí había violado la soberanía de Ecuador, que en términos diplomáticos esta situación sí tiene peso, pues como vimos, el mismo país afectado, así como Venezuela y El Salvador se sintieron satisfechos por la condena y el reconocimiento público por parte de Colombia de que había actuado de forma no adecuada.

La fortuna política estuvo dada también por la coyuntura de la reunión de jefes de Estado del Grupo de Río, en República Dominicana, donde se trasladó la tensión y donde hubo la oportunidad de ver a los protagonistas, es decir al presidente Álvaro Uribe de Colombia, Rafael Correa de Ecuador y Hugo Chávez de Venezuela, frente a frente, lo que abrió la posibilidad de adelantarse la distensión en esta primera oportunidad.

El fantasma de la guerra no está disipado totalmente. El gobierno de Uribe actúo irresponsablemente desde mi postura. La liberación de secuestrados por las FARC estaba mostrando un camino posible de paz a mediano plazo, ya que internacionalmente estaba abriendo la posibilidad de esto a través de un reconocimiento de este movimiento como insurgente y beligerante, y no precisamente terrorista, como le conviene seguir manteniéndolo a los grupos de interés en el poder. Esta incursión en territorio ecuatoriano para asesinar a dirigentes y miembros de grupo guerrillero es una fuerte provocación a seguir por el camino de la violencia. La única ruta a una solución duradera y de base para la construcción de una verdadera democracia en Colombia es el de la política, no el de mantener la guerra hasta el aniquilamiento.

-----

Publicado en el Diario Aguas el 11 de marzo de 2008, Aguascalientes, Ags.

Un motivo para reflexionar el cambo del sistema político mexicano

2008-03-04T21:31:00.000-08:00

El Partido Revolucionario Institucional cumple 79 años. Se fundó como Partido Nacional Revolucionario en 1929 a partir del liderazgo del Gral. Plutarco Elías Calles, su función fue dar estabilidad política a esos años en los que la sucesión del poder se hacía aún en medio de la intriga y el derramamiento de sangre. Posterior en 1936, ya como Partido de la Revolución Mexicana, el Gral. Lázaro Cárdenas lo convirtió en el principal instrumento que dio organicidad al vínculo entre gobierno y los ‘sectores vivos’ de la social, y ya para 1946, en el periodo de Miguel Alemán, se convierte en el Partido Revolucionario Institucional, principal correa para el ejercicio del poder en México, y como diría don Daniel Cosío Villegas, la piedra angular del sistema político mexicano junto con la figura presidencial.

El PRI perdió la presidencia de la república hace 8 años, y el sistema político se ha reconfigurado. Hoy la competitividad electoral, la alternancia en el ejercicio del gobierno y la cohabitación multipartidista son parte de una realidad inexorable. La nueva dinámica del sistema a algunos asusta ya que visualizan en esta configuración política mayor inestabilidad y estancamiento en términos de decisividad para las políticas. Incluso, para algunos el «impasse» gubernamental se debe al escenario de gobierno dividido (presidente con un congreso de mayoría opositora).

La realidad, hay que decir, es que la situación de gobierno dividido no es cosa reciente en el país, y no sólo me refiero al periodo que va desde 1997 a la fecha, sino que hablo de lo vivido en el periodo histórico anterior a 1940, donde se verifica que el Congreso mostró en momentos clave cierta autonomía e independencia y donde todavía no encontramos todas las condiciones que hicieron del sistema político mexicano uno de tipo “hiperpresidencialista”.

Pero para entender los nuevos escenarios, hay que entender la configuración anterior. Cuatros eran las condiciones que según Jeffrey Weldon (Véase “Las fuentes políticas del presidencialismo en México”, en: M. Shugart y S. Mainwaring, Presidencialismo y democracia en América Latina, Paidós, 2002) dieron cuenta del presidencialismo mexicano post-1940 y hasta la primera mitad del sexenio zedillista (1994-2000): (1) Un sistema presidencial basado en la Constitución; (2) Un gobierno unificado, en el cual el partido gobernante controló la presidencia y ambas cámaras del Congreso; (3) La disciplina al interior del partido gobernante; y (4) Un presiente que ejercía como líder reconocido del partido gobernante.

Esta etapa histórica del sistema político mexicano daba forma a una situación en la que parecía que el presidente encontraba menos limitantes a expresar sus preferencias dado que las tres últimas condiciones le otorgaban los “poderes partidarios” necesarios para que esto sucediera así. El PRI electoralmente ganó casi el 100% de puestos de elección en el periodo que van desde su fundación en 1929 como PNR (y su posterior trasformación en 1936 como PRM o PRI en 1946) y hasta la primera mitad de la década de los noventa, lo que conformó gobiernos unificados tanto en la relación Ejecutivo-Legislativo, como en la relación gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales; la disciplina al interior del mismo partido se logró a través del liderazgo centralizado en la dirigencia nacional, el sistema de lisitas cerradas para el acceso a los espacios legislativos y la ausencia de incentivos para que los legisladores actuaran en beneficio de sus intereses locales; y por último el reconocido liderazgo del presidente como cabeza del partido se estructuraba incluso antes de ser ungido formalmente y hasta el momento de designación del próximo candidato del PRI.

Aún y con este arreglo institucional, los presidentes del periodo pre-2000 tuvieron problemas para aprobar todas y cada una de sus iniciativas. El PRI colaboró en la medida que calculaba que el presidente tenía suficientes recursos para cubrir el pago (por ejemplo puestos en la burocracia, en la estructura partidista, apropiación de rentas, o políticas ideológicas), se podía comprometer creíblemente o el coattails (arrastre en prestigio) era positivo, y no lo hizo cuando ese compromiso no era creíble o que el coattails era negativo.

Durante el periodo de gobiernos priístas la división de poderes –es decir, la división funcional propia del sistema de pesos y contrapesos– era neutralizada a través de los poderes partidistas del presidente, pero la división de propósitos –la división natural de las preferencias entre los actores derivada de posiciones políticas diferenciadas– era difuminada no necesariamente a partir de la ideología compartida postrevolucionaria del presidente y los integrantes de su partido en el Congreso, sino por el entramado institucional que hacía del propio partido un actor poderoso frente el presidente permitiéndole a éste beneficiarse de la silla, generando una dependencia mutua en el sistema de rentas legales e ilegales, y generando un amenaza creíble en caso de la no cooperación. Lo anterior permitió el dominio de políticas partidistas y de políticas que beneficiaban a ambos actores. La decisividad era alta, pero la resolutividad era baja, ya que los acuerdos no podían mantenerse en el tiempo debido a la baja representación y a que se trataban de acuerdos muchas veces coyunturales que obedecían a los intereses de los actores en turno.

El cambio político paulatino sucedido en el país anuló las tres últimas condiciones del presidencialismo mexicano, dejando al presidente con los poderes constitucionales únicamente. Y efectivamente la competitividad electoral instaló un escenario de pluralidad en las instancias decisoras del país, lo que reactivó la división de poderes, pero la división de propósitos se ha asentado en la relación Ejecutivo-Legislativo por otro tipo de instituciones, como las reglas electorales (por ejemplo la posibilidad de candidaturas externas, coaliciones electorales que no se materiaizan en coaliciones legislativas o de gobierno o el mismo calendario electoral del país que muchas veces hace empatar negociaciones importantes con comicios locales) o la falta de instituciones que propicien la negociación y el acuerdo creíble en el proceso de gobierno.

Independientemente de lo anterior el hecho de que el presidente no tenga la mayoría en el Congreso no ha sido lo que principalmente ha detenido la decisividad en las políticas. Sin pretensión de caer en lo anecdótico, recuerdo al lector las recurrentes alianzas legislativas entre el PRI y el PAN para aprobar legislación en materia económica o hacendaria en los últimos diez años, como ejemplo de la posibilidad de superar el impass gubernamental, aún y con escenario de gobierno dividido.

Si bien el gobierno dividido eliminó por completo los tres pilares del hiperpresidencialismo mexicano, los presidentes mexicanos conservan sus poderes constitucionales, entre ellos lo no legislativos y lo legislativos, y de entre ellos los proactivos y los reactivos. El hecho lo observamos con la tasa de aprobación de las iniciativas de ley de los presidentes en México, ya que esta sigue siendo más alta que la tasa de aprobación de iniciativas generadas desde el propio Congreso. La tarea de los presidentes mexicanos contemporáneos es construir las condiciones para que la separación de propósitos entre Ejecutivo y Legislativo, incluso con su propio partido, tiendan a converger, pero esta es una tarea propia de la política que requiere más que el simple apoyo de una mayoría conformada a priori, sino de un trabajo de negociación, argumentación y convencimiento entre las distintas fuerzas políticas democráticas del país.

----

Publicado en el Diario Aguas el 04 de marzo de 2008, Aguascalientes, Ags.

Una contribución al debate en torno a la reforma en el sector petrolero

2008-02-28T11:09:00.000-08:00

El estado actual del debate en torno la reformas energética en el país, en particular lo que tiene que ver con el petróleo, no ayuda a encontrar salidas oportunas que nos lleven fuera del camino del estancamiento y franco deterioro de la capacidad competitiva de esta industria estratégica para el desarrollo de México.

El gobierno de Felipe Calderón ha manifestado su intención de impulsar en el corto plazo una propuesta de reforma, y esto ha reavivado la expectativa y la atención de otros actores políticos que han pedido que se debata el contenido de dicha iniciativa. La verdad es que hasta ahora las posiciones no son claras, pero difusamente el eje del debate se instala en la diferencia de posiciones en torno hasta donde abrir las posibilidades del capital privado para invertir en este sector. El asunto es complejo en sí mismo, y es pertinente que en este espacio de reflexión nos concentremos en la arista política del problema.

La expropiación petrolera hecha por el general Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938 ha significado uno de los acontecimientos centrales sobre los que se edifico el nacionalismo postrevolucionario. La propiedad nacional sobre este recurso natural tuvo la intención de ratificar de facto la soberanía del pueblo mexicano sobre su territorio y riquezas, y de inmediato los recursos financieros provenientes de este sector vinieron a significar la principal fuente de recursos del gobierno mexicano para instalar su posición central en el sistema político, dando forma al presidencialismo y a un Estado que tenía como principal bandera cumplir con los designios sociales derivados de la lucha armada revolucionaria y plasmados en la Constitución de 1917.

Si bien Pemex se convirtió rápidamente en un a estructura estratégica para el logro de los ideales de la Revolución, la paraestatal se impregnó de los vicios y males del hiperpresidencialismo mexicano que alentó prácticas corruptas a través de una captación de los líderes sindicales para el mantenimiento político del status quo a través de practicas corporativas y clientelares.

Antes que los aires del cambio político democrático oxigenaran la vida política del país, hacia los años setenta entró en crisis el modelo económico de Estado interventor que había dado estabilidad y crecimiento en las décadas anteriores. El descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros dio al gobierno de José López Portillo una burbuja de aire para tratar de mantener el régimen político de hegemonía partidista y de privilegios a ciertas élites entre las que se incluía a los líderes de Pemex. Pero la crisis económica fue mayor y a partir del siguiente sexenio se instaló una lógica, motivada por los cambios a nivel internacional del modelo de desarrollo hacia uno de tipo neoliberal, que en vez de adecuar y modernizar la estructura buscó una estrategia que debilitara a la paraestatal para orillarla a su desarticulación.

Sin duda esta lógica es la que ha prevalecido hasta nuestros días. Desde Miguel de la Madrid y hasta Vicente Fox concientemente se ha abandonado el fortalecimiento de la empresa, observado en el esquema fiscal que mantiene la mayor parte de la carga de pasivos del propio gobierno en los recursos petroleros, lo cual básicamente es lo mina su capacidad de inversión.

El discurso de la necesidad de reformas estructurales para que la economía avance se ha quedado hueco al sólo proponer que con liberalización de mercados y privatización se solucionan las cosas. Noruega es un ejemplo en que la industria petrolera, sin dejar de ser eminentemente pública, ha encontrado formulas interesantes de colaboración entre el gobierno, sociedad civil y empresas privadas.

Desde Latinoamérica ante el fracaso de las reformas provenientes del Consenso de Washington —aquellas que desde organismos internacionales impulsaron el control del déficit fiscal a través de la liberalización económica de los países y que sólo lograron poco crecimiento, baja en la competitividad y creciente desempleo, desigualdad y pobreza— se ha propuesto avanzar en otros espacios que tienen más bien que ver con lo político y que normalmente en México han estado ausentes en el debate público.

La idea de reformar las reformas impulsada por la CEPAL (véase Equidad, desarrollo y ciudadanía, publicado en 2000 y en general los últimos trabajos del premio nobel de economía Joseph Striglitz sobre el tema) ha propuesto avanzar sobre otras formulas que buscan sanear los resultados no buscados con las primeras reformas económicas de principios de los noventa. A manera de trasladarlas a ámbito del sector energético de México, en particular el petrolero, rescato las siguientes:

(A) Cambios en la política fiscal que hagan que los recursos petroleros si bien sigan siendo una parte importante del gasto social del gobierno, no vayan a cubrir el déficit del propio gobierno generado en otros ámbitos ajenos al propio de la industria.

(B) Que los excedentes petroleros se gasten exclusivamente en materia de investigación, desarrollo de nuevas tecnologías e innovación en la gestión de la industria petrolera.

(C) Que la política energética sea producto de un gran debate democrático permanente, incrustado en las estructuras políticas formales del Estado, ejercido a través de la participación constante en el Congreso de las fuerzas políticas del país, los gobiernos de los Estados y espacios de deliberación con la sociedad civil a través de la institucionalización de Consejos Económicos y Sociales.

(D) Insertar a la estructura organizacional de la paraestatal en una lógica de mojara continua y profesionalización, bajo esquemas propios desarrollados bajo la filosofía de la nueva gestión pública.

En general, mi punto de partida en torno a este tema tiene que ver con la necesidad inminente de reformas al sector petrolero, pero no ha costa del patrimonio y la identidad nacional. Modernización y esquemas innovadores de gestión se requieren para salir delante de este esquema de crisis estructural de esta industria estratégica del país. Es necesario que todos los actores políticos descubran sus intenciones y se debata claramente las posibles alternativas.

-------

Publicado en el Diario Aguas, el 26 de febrero de 2008, Aguascalientes, Ags.

Los instrumentos y mecanismos de la participación ciudadana

2008-02-20T21:59:00.000-08:00

En entregas anteriores les había argumentado acerca de la importancia de la participación ciudadana en los procesos decisorios del gobierno si es que este se dice democrático. Independientemente de su proyecto ideológico —es decir, si este es de derecha o de izquierda—, el canon democrático exige que la acción de gobierno contribuya a la transformación de lo público en donde la sociedad es el centro de este espacio. Lo que si hay que reconocer es que en America Latino, los experimentos más exitosos de ampliación de los espacios efectivos de participación han sido bajo la tutela de los gobiernos de izquierda (los ejemplos más claros son los de Brasil y Uruguay).

Los mecanismos ensayados en democracias actuales hacen ver que es posible encontrar vías complementarias para afianzar la legitimidad de las decisiones públicas. Pero el debate en torno a esto requiere que no sólo nos quedemos en los argumentos de su defensa, sino en las propuestas para su instrumentación. Se hace necesaria la institucionalización de instancias que permitan recoger las preferencias ciudadanas, de estructuras incrustadas en las instituciones políticas formales, estableciendo continuidad con una red de comunicación social consistente en asuntos públicos específicos, e incentivadas a partir del asociacionismo y el reconocimiento de movimientos sociales. Se trata de institucionalizar arenas públicas que sirvan de interfaces entre el Estado y la sociedad. (Recomiendo las aportaciones a esta discusión tanto de Ernesto Insunza, como de Joan Font).

En términos instrumentales se identifican estrategias complementarias para reforzar y ampliar los espacios de participación: (1) «Reforzar el sector asociativo». Es necesario impulsar el asociacionismo, y dejar que se intervenga en la formulación de prioridades, de adopción de políticas, aplicación y evaluación de las mismas. Se trata de participar en cuerpos colectivos no sólo consultivos, sino deliberativos, vinculadores y sancionadores de decisiones; (2) «Buscar la participación del ciudadano no organizada». Es necesario dejar abiertos los espacios para llegar también a quienes no se organizan. La utilización de redes informáticas posibilita esto; (3) «Potenciar un cambio hacia una cultura más participativa». Ésta se consigue con una perspectiva progresiva en el tiempo, identificando causas de la apatía ciudadana para casos específicos, y procurando educación democrática y participativa desde las instituciones, el sistema educativo y los medios de comunicación.

Joan Font hace un repaso útil acerca de los mecanismos que podemos considerar exitosos para lograr la profundidad de la democracia, entre ellos están: (A) «Mecanismos de consulta a las comunidades». Espacios formalizados de interlocución y diálogo con los representantes de grupos. El formato más común ha sido el de Consejo o Comisión, con representación territorial o sectorial, algunos establecidos de forma permanente, otros intermitentes pero estables, y con funciones asamblearias, consultivas, de planeación o de seguimiento y evaluación; (B) «Mecanismos deliberativos». Estos mecanismos ponen énfasis en la capacidad de reflexión y diálogo entre ciudadanos comunes. Como subtipos de éstos están los foros temáticos, conferencias de consenso, círculos de discusión, las encuestas deliberativas, jurados ciudadanos y paneles de ciudadanos; (C) «Mecanismos de democracia directa». Se trata de instituciones que buscan extender la participación y llegar a los más posibles. Se identifican tres grandes grupos: los referéndums, los plebiscitos, las asambleas, y el posible uso de la tecnología computacional y el ciberespacio (teledemocracia); y (D) «Otros mecanismos». Los paneles de usuarios de servicios públicos o beneficiarios de políticas, así como los presupuestos participativos.

Es evidente que no existe mecanismo perfecto. Según el criterio seleccionado podemos encontrar que cada mecanismo revisado aquí tiene ventajas y desventajas. Los más representativos a veces son los que significan mayores costes y dificultades organizativas, con impactos vinculantes variados. No todos ayudan a proporcionar la mayor información posible ni tienen la capacidad educativa. Unos sirven para tratar temáticas variadas, otros requieren la especialización temática.

Los mecanismos más efectivos para ser utilizados en la formulación de la agenda de gobierno están, en primera instancia, en los instrumentos de democracia directa, tales como el referéndum y el plebiscito, seguidos del presupuesto participativo y las encuestas deliberativas. En menor medida están los consejos, ya que dependen de que se le den a éstos facultades vinculativas para que las instancias ejecutivas gubernamentales acaten los planteamientos del cuerpo colegiado.

Pensando en términos de dificultades para la participación en la etapa de formación de la agenda gubernamental, los problemas aparecen cuando se tiene en mente el modelo idealizado de participación. El ciudadano perfecto, es decir, informado, activo y coherente, es imposible. Es evidente que hay una distribución desigual de factores que posibilitan la participación: tiempo, capacidad económica (para comprar tiempo o hacerse llegar información), recursos educativos, capacidades para acceder y comprender la información, incluso diferencias en el interés, el sentimiento o el placer generados al participar. En este sentido, las desigualdades sociales se convierten en desigualdades políticas.

Hay quien aduce el posible ‘trabamiento’ de la gestión de gobierno, por la presunta realización continua de procesos de consulta y audiencias con la ciudadanía. A esto se agrega, no tanto el riesgo, sino la real resistencia de funcionarios en aceptar ‘la ingerencia’ de agentes externos a su dominio patrimonial. De igual manera, hay que mencionar que la participación ciudadana es proclive a ser manipulada con fines clientelares y político-partidistas, desdibujando de esta manera su esencia netamente ciudadana.

Una dificultad considerada desde el gobierno, es la que confirma que éste sigue siendo el arte de lo posible; la escasez de recursos y de capacidad de atención seguirá siendo siempre una limitante presente.

Es claro además que cuando las personas entran en procesos más activos tienen una idea más clara de sus objetivos básicos que de los mejores medios para alcanzarlos. Los procesos deliberativos, por ejemplo, se ocupan más en la discusión de solución a problemas que en líneas alternativas de acción.

Sin embargo, la negación a la profundización de la vida democrática de nuestros países es la sentencia a seguir presos de visiones estadocéntricas, que desvalorizan el papel y el sentido de una esfera pública radicada en lo social. Se torna necesario impulsar una participación, deliberación y poder de decisión hasta los límites de la prudencia y la factibilidad.

----

Publicado en el Diario Aguas, el 19 de fenrero de 2008, Aguascalientes, Ags.

A río revuelto, debatamos la reforma electoral local

2008-02-12T16:32:00.000-08:00

El río revuelto de la política hidrocálida con motivo de la manifestación adelantada de algunos personajes de querer buscar la candidatura al Gobierno del Estado para 2010, es un signo claro de debilidad institucional que debería alertar a la sociedad y a sus representantes en el Congreso local de que es necesario retomar la discusión alrededor de la reforma electoral.

Ya hace dos años, antes del proceso electoral de 2007, se había aprobado una reforma al Código Electoral del Estado que ante los claroscuros de su contenido quedó en la congeladora a través del veto de bolsillo del gobernador del Estado, Luis Armando Reynoso. Lo bueno de la reforma, a mi consideración, era su intensión regulativa de las precampañas y la idea de que la contratación de medios electrónicos e impresos se debía hacer a través del Instituto Estatal Electoral. Lo malo a todas luces era los montos tan exorbitantes que permitía para los topes de campaña. Sin duda era una reforma incompleta y hecha a la medida de los intereses partidistas dominantes en el momento, pero el momento político, exige que se retome el tema y se debata con toda responsabilidad los instrumentos y andamiajes institucionales que eviten una crisis política mayúscula en torno al proceso electoral local de 2010. Estamos a un muy buen tiempo para allanar el camino y construir las condiciones que incentive a los actores políticos a adentrarse en una contienda electoral responsable y propositiva, tal como lo merece la ciudadanía de Aguascalientes.

Algunas consideraciones que es necesario plantear como base para lo anterior, tienen que ver con dejar claro que el fin de toda reforma electoral, dado los males que observamos de la política mexicana postransición, deberá ser reducir el costo de la democracia. Ese es el fin buscado por la reforma electoral federal aprobada el año pasado, y mucho de lo plasmado en esta legislación deberá ser retomado en la iniciativa local. En 2006 el mismo IEE publicó un ensayo de mi autoria en que planteaba este mismo asunto (véase Instituciones y Reforma Electoral: un repaso a las bases institucionales del cambio político en Aguascalientes. 1947-2004). En este trabajo planteaba que la reforma debía buscar básicamente tres cosas: 1) el mejorar las condiciones de transparencia y rendición de cuentas; 2) reducir el costo de la democracia, y; 3) generar condiciones que incentiven los diálogos y acuerdos. Los tres puntos están interrelacionados y las propuestas específicas tienen que ver con: regular precampañas, eliminar el financiamiento privado, contratación de espacios en medios por parte de la autoridad electoral y empatar el calendario electoral con las elecciones federales.

Sin duda lo que estamos viviendo—en términos de las declaraciones de los suspirantes a la candidatura de sus partidos para la gobernatura— sería muy difícil de regular y no podemos clasificar estos hechos dentro del concepto de precapañas, pero sin duda hay una necesidad apremiante de que los partidos dentro de sus reglas internas tengan la posibilidad de desincentivar a sus militantes a mostrar actitudes irresponsables. La reforma electoral debe dar las facultades expresas para que el IEE procure que los partidos incluyan mecanismos e instrumentos en sus estatutos que encaucen las pretensiones de sus miembros en tiempo adecuado y no se interfiera o distraiga a la opinión pública en tiempos que deberían más bien de servir para un debate contractivo en otros temas de trascendencia.

Muchos de los suspirantes ostentan puestos partidistas, son representantes populares o son funcionarios públicos en activo lo que exigiría que mostrasen respeto con la ciudadanía y en vez de exhibir sus pretensiones a futuro deberían utilizar su investidura y posición para debatir y discutir en el espacio público los problemas sociales de mayor relevancia para el desarrollo y bienestar de la población aguascalentense. No es posible que en estos momentos los temas del debate público no sean las posiciones de los actores en torno al cómo hacer frente al escenario de desaceleración económica, el cómo mejorar los estándares de calidad en la educación, o qué mecanismos se proponen para ampliar el acceso a los servicios de salud y cómo generar los empleos que en Aguascalientes se necesitan.

Sin duda los tiempos en que se decía que “el que se mueva no sale en la foto” se han quedado muy atrás, y ahora al parecer se trata de que “el que no se mueve no sale en el video”, pero esto no debe ser mal entendido y más bien interpretarlo en el sentido de que necesitamos actores políticos que activamente busquen un posicionamiento con el electorado a partir de un desempeño responsable. El “quick” del asunto es que el discurso de los que quieren ser protagonistas está hueco de propuestas y proyectos, y no abona nada a la estabilidad requerida para la construcción de gobernabilidad democrática. Esperemos que los intereses particulares de los actores políticos no cieguen, ni callen la voluntad de muchos otros de servir responsablemente.

LOS NUEVOS CONSEJEROS EN EL IFE
Mención aparte merece la noticia acerca del nombramiento de los tres nuevos consejeros en el Instituto Federal Electoral. Después de intensas negociaciones se nombró a Leonardo Valdés Zurita como consejero presidente, así como a Benito Nacif y Marco Antonio Baños como dos de los ocho consejeros restantes del total de integrantes del Consejo General.

Para muchos ha sido escandaloso el hecho de que abiertamente los tres principales partidos se hayan repartido dichas posiciones. La verdad es que se calla, la mayoría de las veces, que esto ha sido siempre así, y que no podría ser de otra manera ya que son los propios diputados quienes deciden esta importante integración. De hecho se olvida que precisamente la crisis que derivó en la desintegración del anterior Consejo General se debió a que en 2003 sólo el PRI y el PAN fueron los que se repartieron la designación de los consejeros, dejando al PRD fuera de toda posibilidad de proponer por lo menos a uno de sus miembros.

De mi parte invito a los lectores a otorgar el beneficio de la duda a estos personajes ya que se trata de personas que públicamente se han desempeñado con imparcialidad y todo profesionalismo en el ámbito académico y de la administración electoral. Particularmente Leonardo Valdés es un de los principales académicos en el ámbito de los estudios electorales quien en los últimos años encabezó la más destacada organización que agrupa a los especialistas en asuntos electorales, me refiero a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales (SOMEE). Benito Nacif también es un muy destacado académico, especialista en temas relativos a la relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo en México y América Latina, con importantes aportaciones a esta materia. Y por su parte Marco Antonio Baños, es un reconocido funcionario electoral, con prestigio a partir de su profesionalismo y seriedad en el desempeño de sus funciones.

Es la hora pues, de concentrarnos en poner las mejores condiciones para que los procesos electorales venideros generen la certidumbre requerida para el buen funcionamiento de nuestra democracia.

------

Publicado en El Diario Aguas el 12 de febrero de 2008, Aguascalientes, Ags.

Sobre el autoritarismo

2008-02-07T10:51:00.000-08:00

A mi estimado profesor Vidal Romero del Instituto Tecnológico Autónomo de México, le debo el reto de planéateme la siguiente pregunta. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el resultado de mi reflexión en torno a ella. El doctor Vidal comentaba: “Existe un acuerdo relativamente general en que la democracia es un mejor tipo de régimen para vivir comparado con un autoritarismo. Si este es el caso, entonces ¿por qué existen regímenes autoritarios?”

Los argumentos sobre los que se sostienen y mantienen los gobiernos autoritarios son de una calidad esencialmente pragmática, aunque aludan a objetivos o situaciones ideales. A diferencia del arreglo institucional democrático que se sostiene bajo los valores universales y abstractos de libertad e igualdad, el arreglo institucional autoritario se edifica sobre situaciones concretas de búsqueda de modernización capitalista, agudización de conflictos políticos o deterioro económico.

El hecho que ciertas experiencias autoritarias estuvieran acompañadas de proyectos exitosos de modernización imprimió en estos arreglos un aparente velo de eficacia que se ha convertido en una poderosa justificación. Ya sea por que se beneficia a élites económicas para el caso de regímenes autoritarios de derecha, o por que se beneficia a los sectores más pobres para el caso de los llamados populismos o regímenes autoritarios de izquierda, se les aduce una ‘legitimidad por gestión o de desempeño’. Al no poder reclamar la legitimidad que un orden democrático da a través del proceso electoral y el ejercicio del voto ciudadano, el apoyo se sustenta en la eficacia lograda en el mantenimiento del orden público, el desempeño de funciones administrativas del Estado y la trasformación de la economía. Por otro lado, hay autoritarismos que se plantean como situaciones que son respuesta a coyunturas de crisis aguda en las que la confrontación entre fuerzas políticas antagónicas hace imposible el funcionamiento de las instituciones democráticas. La concentración de poder se justifica como salida a la situación caótica -política o económica- en nombre del valor supremo del orden y de la necesaria superación de las diferencias internas de la sociedad.

Independientemente de las justificaciones anteriores se trata de un arreglo institucional en el que la primacía de función está en la dominación, sobre la representación y la participación. Se trata de una situación totalmente racional en una lógica en la que el orden y la concentración del poder maximiza los beneficios del líder (dictador u autócrata) y de su camarilla (grupos de aliados que lo llevan al poder y lo mantienen). Los grupos leales al régimen tenderán a mantenerlo en la medida que identifiquen que sus ganancias serán mayores, con respecto a cualquier otro arreglo institucional.

El autócrata o dictador goza sin embargo de racionalidad limitada, configurada a partir de la falta de información y en su capacidades para mantener, por sí sólo, la estabilidad del régimen autoritario. Efectivamente se tiene la coerción como principal instrumento para mantener la estabilidad, pero no es el único mecanismo, sino que se necesitan de un conjunto de instituciones que mantengan el respaldo y la adhesión positiva de amplios sectores de la población. Es así que se identifican características estructurales que ayudan identificar el apoyo y sostenimiento de regímenes autoritarios (Véase a Ronald Wintrobe, The Political Economy of Dictatorship, 1998).

El mantenimiento del orden social para garantizar la continuidad del régimen autoritario está sostenido en instituciones que logran dos tipos de resultados: De pagos a los aliados y de castigos a los enemigos. Es evidente que todos aquellos que no son el dictador tienen incentivos para derrocarlo, pero hay motivos para temerle.

Las lealtades al régimen están determinadas a partir de las rentas que distribuye, eso es posible mediante el establecimiento de estructuras de jerarquía que permitan hacer visible a los individuos o grupos más leales al régimen. El corporativismo sindical es una de las formas institucionales más comunes para hacer funcionar este control sobre la sociedad. Otro ejemplo es el apoyo a ciertas jerarquías eclesiásticas o ciertos grupos económicos organizados sectorialmente. Se trata de un control mutuo para mantener cercanas las preferencias y asegurar su cumplimiento, aunque la preeminencia y mayor autonomía estará regularmente del lado del dictador u autócrata.

La estructura del partido único también es parte regular de este arreglo institucional para asegurar la jerarquía, a la vez que sirve de instrumento de monitoreo y sanción. También es un mecanismo eficaz para poner a competir a los leales del régimen por el asenso en la estructura de poder y la distribución de rentas.

Se trata pues de arreglos institucionales que generalmente logran combinar la operación de estructuras tradicionales de control político -como la figura carismática, paternalista o tutelar de la autoridad pública, instituciones jerárquicas como la iglesia o la misma familia-, con estructuras más complejas como pueden ser los partidos únicos, las burocracias especializadas o las corporaciones, tratando se conseguir, aunque sea sólo en el discurso, cambios profundos en las que no intervienen nadie más allá que las élites.

Una modalidad variante de autocracias son las configuradas a partir de un partido dominante (i.e. México 1929-2000). Éstos son arreglos institucionales que han logrado establecerse y mantenerse a través de una estructura eficiente que mantiene los beneficios para el líder en turno y el grupo leal de apoyo, pero con menos represión, y la posibilidad de que la oposición desafíe al régimen mediante su participación en las elecciones, aunque con posibilidades limitadas.

------------

Publicado en el Diario Aguas el 05 de febrero de 2008, Aguascalientes, Ags.

Las buenas intensiones frente a las reformas necesarias en el Poder Legislativo

2008-02-01T09:44:00.000-08:00

La página de Internet del Congreso del Estado de Aguascalientes está construcción, lo único que muestra es una foto de los integrantes de la LX Legislatura. Se dice que un sitio web está en construcción cuando se supone se está reestructurando sus contenidos y se está trabajando para una renovación. Precisamente esto último es lo que se esperaría este pasando con todo el Poder Legislativo local por el bien de la vida republicana y fortaleza de las instituciones políticas del Estado.

Nos conviene un Congreso cercano de los ciudadanos, proveedor responsable de un andamiaje jurídico sólido para nuestra vida pública, así como un contrapeso efectivo en el ejercicio del poder que procure un desempeño democrático y apegado a derecho de los demás poderes y órdenes de gobierno. La pluralidad en la representación ha traído consigo una revitalización de la Cámara de Diputados pero sin reformas institucionales al interior de fondo este poder del Estado se ha quedado paralizado muchas veces dejando pendientes y un déficit de legitimidad a los ojos de la población.

Anteriores legislaturas dejaron mal sabor de boca al presentarse como improductivas y conocidas más por los escándalos protagonizados por algunos de sus integrantes, así como por una intervención muy pobre en el debate sobre los asuntos públicos más apremiantes. La actual legislatura tiene una gran oportunidad para reivindicarse haciendo las cosas de distinta manera.

La expectativa es creciente por que las personalidades que ocupan hoy una representación popular configuran un cuerpo legislativo que mezcla experiencia con juventud, capacidad intelectual y compromiso con los ciudadanos. De un buen número de ellos conozco personalmente su capacidad y compromiso, y sé que realizarán un buen trabajo.

Pero no sólo con voluntad se realizan las cosas en política, se necesitan instrumentos que lo faciliten. Además de lo que comúnmente se propone con respecto a la posibilidad de reelección legislativa, que sin duda es importante, se habla de dos dimensiones que, según los expertos, hay que intervenir para el fortalecimiento interno de los congresos en contextos de competitividad electoral y pluralidad partidista: autonomía y sistematización de la función legislativa.

En cuanto a la autonomía se ha avanzado de manera importante en los últimos años pero aun hay pendientes claros. Antes los congresos dependían del Ejecutivo hasta para la formulación y presentación de su propio presupuesto, lo cual era una de las grandes muestras de la sumisión de un poder a otro. Las cosas cambiaron desde hace tiempo en esto particular, pero el Legislativo sigue en desventaja en casos en los que el Ejecutivo, por ejemplo, con la simple posibilidad del veto de bolsillo ha detenido reformas a la legislación tan importantes como las ya aprobadas al Código Electoral local. Se necesitan es este caso formulas para superar este tipo de vetos de forma más fácil en situaciones que, como las de ahora, están caracterizadas por la imposibilidad de conseguir mayorías definitivas.

La pluralidad partidista llegó para quedarse, lo cual considero sano, pero hay que adecuar las reglas de acuerdo con una concepción de democracia de tipo consensual, más ad hoc a sociedades heterogéneas como la nuestra. No es posible seguir apoyando una idea de democracia que la conciba como gobierno de las mayorías, sino como gobierno que antes que nada respeta las diferencias y procura el acuerdo razonado.

Otra debilidad estructural se manifiesta a partir de la poca capacidad del Congreso en el control horizontal hacia la actividad del Ejecutivo estatal: La Contaduría Mayor de Hacienda hace su trabajo con respecto a la vigilancia sobre el erario público, pero no existe un control eficiente por parte de las diferentes comisiones internas de la Cámara hacia la actividad cotidiana de las agencias de la administración pública estatal, a las cuales se les debe pedir cuentas no únicamente a partir del dinero o la poca información proporcionada en cada informe de gobierno, sino hay que tratar de incidir sobre la formulación de políticas y evaluar constantemente las acciones y programas que se realizan desde el Ejecutivo. El trabajo en camisones debe constituirse en la base de la actividad legislativa de este tipo, con un trabajo constante durante todo el año, y el principal espacio de debate, negociación y evaluación entre el gobierno y la representación popular.

La profesionalización del cuerpo de apoyo y staff del Legislativo es el gran pendiente para consolidar su autonomía, ya que este tipo de actividades sigue estando en manos de personal designado a partir de criterios políticos, dejando en segundo plano los de capacidades profesionales. La próxima designación de quien habrá de encabezar este tipo de trabajo desde el Instituto de Investigaciones Legislativas será una prueba de la voluntad de la actual legislatura en hacer las cosas de forma diferente, es decir, comprometida con la eficiencia legislativa.

La sistematización, la segunda dimensión mencionada para el fortalecimiento del Congreso, hace referencia a la necesaria trasformación del proceso legislativo dirigido al incremento de la productividad y calidad del desempeño. La facultad que tiene cada legislatura de suscribir sus propios acuerdos no debe de rechazar por completo lo poco o mucho que se haya avanzado en anteriores legislatura, echando por la borda avances importantes. La importancia de la memoria legislativa es algo que debe estar totalmente institucionalizado en los servicios parlamentarios, con registros del total de los debates, minutas sobre los acuerdos y resultado de las deliberaciones tanto en el pleno como en el de las comisiones.

El Congreso local en este sentido también tiene un gran pendiente con la transparencia. La información debe estar disponible de manera sencilla y clara, accesible para todos los interesados. Si bien en este momento no es posible contar con un canal de televisión local para trasmitir la actividad legislativa, se debe tener un servicio de comunicación social funcional a través de una gaceta parlamentaria disponible en Internet y por lo menos un programa de radio en el que se trate de manera plural los diferentes puntos de vista de los distintos involucrados acerca de la agenda legislativa.

Una cuestión esencial en todo esto es que el principal órgano reformador del Estado, se ha quedado atrás en su propia trasformación. Sin un intento por ponerse al día en términos de adecuar las reglas del juego al escenario de exigencia y complejidad social, la buena voluntad de nuestros nuevos representantes populares puede quedarse en, precisamente, un buen intento.

---

Publicado en el Diario Aguas el 29 de enero de 2008, Aguascalientes, Ags.

Rendición de cuentas social para Aguascalientes

2008-01-23T09:53:00.000-08:00

¿Cuál es la posibilidad real para que en Aguascalientes las autoridades rindan cuentas a los ciudadanos? Lamentablemente la respuesta es que dicha posibilidad es limitada. Empiezo con cuestiones generales para justificar mi dicho y lo aplico al caso que nos interesa.

La rendición de cuentas se entiende como la posibilidad que los ciudadanos puedan identificar y castigar a sus gobernantes haciéndolos responsables por las decisiones políticas que toman. Históricamente la idea de rendición de cuentas o “accountability” ha estado ligada a la idea de pesos y contrapesos que, bajo un diseño institucional democrático, posibilita que los diferentes poderes del gobierno se monitoreen entre sí y se sancionen uno al otro. Otra posibilidad de rendición de cuentas es entendida bajo el planteamiento de la relación principal-agente, es decir, en donde el principal es el electorado, y el agente los funcionarios electos, y donde la sanción se da a través del voto en el proceso electoral. La primera de las formas se le identifica con el nombre de ‘rendición de cuentas horizontal’, y a la segunda como ‘rendición de cuentas vertical’.

La posible convergencia de propósitos (e intereses) privados entre las personas que encarnan los poderes del Estado por un lado, o la desigualdad de información que existe entre gobernantes y gobernados por otro, son las dificultades inherentes a todo diseño democrático. Para corregir lo anterior, las democracias recientemente han avanzado en proponer instrumentos de rendición de cuentas adicionales tales como el defensor de derechos humanos o las legislaciones de transparencia y acceso a la información.

Aguascalientes no se que ha quedado atrás y desde hace veinte años ha construido instituciones que han tenido un importante impacto en su proceso de democratización. Me refiero a la creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral o el Instituto de Transparencia. Sin duda esto significa un gran avance, pero no ha sido suficiente. Primero, por que estas instancias son parte del propio andamiaje del Estado, y es difícil que las personas que ocupen cargos en estos espacios se conserven “inmunes” a las relaciones del poder inherentes del juego político. Y segundo, ya que los ciudadanos se sientes muchas veces ajenos y se mantienen lejanos a la actividad cotidiana de estas instituciones a pesar de las buenas intensiones de sus funcionarios ya que el desconocimiento y la desconfianza prevalecen.

El diagnóstico es —siguiendo al politólogo argentino Guillermo O’Donnell— que lo único que hemos podido lograr es democracias delegativas, es decir, regímenes donde los rasgos del pasado autoritario siguen incrustados en valores, tradiciones, símbolos de la cultura política, apostando a los liderazgos personalistas y formas de hacer política donde el patrimonialismo y el clientelismo siguen presentes a pesar de la alternancia y la pluralidad partidista instalada en instancias de representación y decisión.

Uno de los principales problemas es la ausencia de alternativas fuera de los controles tradicionalmente considerados. Los medios de comunicación juegan un papel trascendental en el proceso de rendición de cuentas. La prensa escrita, la radio, la televisión y ahora el Internet son instrumentos con un potencial poderosísimo con el que los ciudadanos pueden completar el proceso de monitoreo y vigilancia sobre el gobierno y los políticos, sin embargo muchas veces esto se olvida y los intereses particulares suelen aprovecharlo. Para que esto no suceda debería haber un consiente acercamiento entre medios y sociedad. La idea de accountability social es un concepto que engloba un conjunto diverso de iniciativas motorizadas por organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, asociaciones cívicas, o medios independientes orientados por una común preocupación de mejorar la transparencia y la efectividad en el accionar del gobierno.

Esta alianza necesaria en Aguascalientes debe estar dirigida a supervisar el accionar de los funcionarios políticos electos y designados o las propias agencias públicas, denunciar y exponer casos de violación de la ley o de corrupción por parte de las autoridades, y ejercer presión sobre las agencias de control del Estado ya existentes para que activen los mecanismos de investigación y sanción que correspondan.

Es una renovada interpretación del contrato representativo que enfatiza en mecanismos para monitorear y disciplinar a los representantes políticos. La denuncia de casos de corrupción por la sociedad civil en conjunción con los medios de comunicación independientes puede ayudar a iniciar procesos institucionales reconocidos constitucionalmente de rendición de cuentas horizontal o vertical. Es un acto de complementación política con el fortalecimiento de una red impersonal de dispositivos institucionales de supervisión y control de poderes, que ayudan a superan el carácter delegativo de la democracia actual.

Hacer posible la rendición de cuentas social también exige un compromiso gubernamental con dotar a los ciudadanos de la información adecuada, no esperando a que se la soliciten, sino que es necesario que el compromiso se vea reflejado en la generación de mecanismos y pautas organizacionales para que dicha información esté disponible para cualquier usuario o interesado. Los países desarrollados han integrado en sus sistemas de gestión de todas y cada una de sus agencias públicas procesos de monitoreo y control social reconocidos por los propios ciudadanos como el instrumento más eficiente para asegurar una actividad de gobierno más adecuada.

En general, el surgimiento de esta dinámica de accountability social indica la emergencia de una saludable y novedosa preocupación por la calidad y desempeño de las instituciones de la democracia local.

---

Publicado en Diario Aguas el 22 de enero de 2008, Aguascalientes, Ags.

Participación ciudadana y revaloración de lo local en Aguascalientes

2008-01-16T17:57:00.000-08:00

Esta etapa de inicio de periodos gubernamentales municipales en todo el estado es una buena ocasión para reflexionar en trono a una cuestión que considero es esencial para el avance democrático de Aguascalientes, y que al respecto debo ser sincero, creo que es el principal pendiente de los gobiernos locales. Me refiero al tema de la participación ciudadana, la cual ha estado presente en el discurso político de nuestros gobernantes en todo este tiempo, pero nada claro se ha observado en los hechos. Se habla de políticas públicas, sin ser verdaderamente “públicas”, ya que por el contrario lo que tenemos son acciones netamente gubernamentales, diseñadas desde los escritorios de los funcionarios y sus asesores.

Desde 1995, año en que por primera vez se vivió en Aguascalientes el cambio político, se ha prometido que los ciudadanos tendrían un papel trascendental en el diseño de las acciones públicas. La verdad es que no habido ningún intento serio para que esto suceda. Observamos como todavía en Aguascalientes se conserva entre nuestra clase política una visión limitada de lo que es o debería ser la democracia y la participación ciudadana. Incluso se llegó a hablar de “cogobierno” y un slogan de gobierno prometió “sociedad y gobierno, juntos en el cambio”. La participación ciudadana para muchos se limita a la participación en foros sin ninguna incidencia, formar parte de consejos consultivos que no tienen ningún poder vinculativo, o en el peor de los casos a recibir quejas o resolverle al ciudadano gestiones ante una autoridad que de todas formas estaba obligado a atenderlo de una u otra manera.

Un compromiso serio con un proceso de consolidación democrática debe abandonar la visión limitada y dar un vuelco hacía una que reconozca a la participación ciudadana como el elemento constitutivo del gobierno y la legitimidad en una verdadera democracia. Los nuevos gobiernos municipales tienen como principal reto el trasformar el proceso de gobierno en uno realmente abierto, transparente y responsable.

Ya Alexisis de Toqueville desde mediados del siglo XIX había considerado que el espacio local cumplía con las condiciones adecuadas para el ejercicio de una gestión democrática y participativa. En la comuna —es decir lo local— “la acción legislativa y gubernamental está más cerca de los gobernados”. El sistema de relaciones que se establece entre los miembros de la comunidad local hacen de ella la base primaria del orden social y político del gobierno local; es decir, la relación entre Estado y sociedad, principalmente mediada por el gobierno con lo que respecta en el ámbito local, son la base para mantener un estado adecuado de gobernabilidad democrática.

La reactivación de local parte en primera instancia de una dimensión política, es decir, es la respuesta institucional para la crisis de legitimidad ocasionada por la tendencia que la globalización propicia al alejar los centros de decisión de los lugares donde muchas veces tienen efectos directos sin tomar en cuenta a los afectados. Por ejemplo, mucho del futuro de las familias dependientes del empleo generado por las trasnacionales instaladas en Aguascalientes, esta determinado por los corporativos instalados en Nueva York, Tokio o París. La soberanía local se justifica pues, tanto por razones de legitimidad política como por razones de eficacia procedimental.

Dado lo anterior, el proceso de elaboración de políticas, verdaderamente “públicas” —en un esquema democrático e idealizado— implica que los actores intervengan, que le dediquen tiempo, que se creen mecanismos para acceder a plantear demandas y que las soluciones se construyan conjuntamente con el gobierno. La idea de incorporación de la sociedad civil en el proceso de gobierno se proyecta sobre un esquema de valores de la relación sociedad-gobierno, en el que la sociedad toma parte activa en la solución de sus problemas y se tiene un gobierno efectivamente al servicio de la ciudadanía.

La agenda contemporánea en los procesos de cambio político en el mundo, sobre todo en países en vías de desarrollo, es la incorporación de los ciudadanos en el proceso mismo de dirección de la sociedad. El “frame políticamente correcto” en la actualidad es aquel que indica que las políticas deben hacerse bajo la premisa de la participación y el compromiso ciudadano. El concepto de ‘gobernanza’ —tan en boga en los círculos académicos y gubernamentales de nuestros días—, sobre todo cuando se habla de “nueva gobernanza”, ha pasado a significar el proceso que la sociedad contemporánea, desde el centro del espacio público, sigue para definir sus valores y objetivos de convivencia, así como la forma de coordinarse para materializarlos, a través de formas autogestivas y cogestivas, con el concurso de las instancia gubernamentales u otros actores privados, configurando así perfiles más horizontales, interactivos y asociativos (Ampliamente recomiendo la lectura del texto de Luis F. Aguilar, Gobernanza y gestión pública, Fondo de Cultura Económica, México, 2006).

Es evidente que el regreso del Estado omnipresente es imposible e indeseable, lo cual requiere la concepción de una gobernanza que presente al Estado más como un articulador de acciones públicas y procurador de los designios democráticos y del bienestar de la sociedad.
No se trata pues de sustituir la representación política ya existente, sino complementarla con mecanismos de ampliación participativa. La ampliación del espacio público para profundizar la democracia está basada en la idea de que en esta confluencia entre el Estado y la sociedad, ésta última tenga la posibilidad real no sólo de argumentar y criticar frente a la acción del primero, sino de participar en un proceso amplio de deliberación pública ligado a un marco político “institucionalizado”, que vincule efectivamente la posibilidad de ejercicio del poder por parte de los sujetos de la sociedad civil.

Hay muchas experiencias exitosas en México y en el mundo que nos indican que es posible la trasformaciones de esquemas de gobierno. En Aguascalientes se pueden recoger dichas experiencias y generar procesos propios, lo único que falta observar es compromiso de los nuevos gobiernos locales con este ideal realizable.

Publicado en el Diario Aguas el 15 de enero de 2008, Aguascalientes, Ags.

¿Seguir jugando con las mismas reglas?

2008-01-08T08:13:00.000-08:00

El día de hoy comienzo a compartir con ustedes un espacio semanal de reflexión en torno a los retos, pendientes y expectativas de la vida política en Aguascalientes y el país. He decidido llamar a esta columna “La política importa” siguiendo el movimiento en el campo de la ciencia política latinoamericana que ha revindicado la atención pública en el fortalecimiento institucional de la democracia de nuestros países. Muchos actores políticos de instituciones internacionales, gobiernos nacionales, regionales y locales, partidos y sociedad civil, han caído en la cuenta de que la democracia no se consolidará con pura buena voluntad, sino que se requiere institucionalizarla. Por ello, el foco de atención de estas reflexiones serán el estado que guardan y el desempeño de las instituciones de nuestro sistema político en función de los principios democráticos.

El conflicto social ha estado siempre ahí y es natural que esté latente o sea una manifestación cotidiana de la vida política, la cuestión es evaluar el cómo las instituciones que se han diseñado para resolverlo están funcionando. Es más que evidente que Aguascalientes ya ha puesto a prueba muchas veces sus instituciones ante un escenario de pluralidad, competitividad y complejidad política, unas veces ha salido airoso, otras ha mostrado incapacidad. La mayoría de las veces los líderes de opinión y los propios actores se han centrado en plantear que esto es asunto de nuestros políticos, su personalidad, ganas e intenciones, pero poco se discute en torno a la debilidad institucional de nuestro sistema político. Tres ejemplo para aclarar lo anterior:

1) La baja productividad del Congreso local es una realidad. La pluralidad manifiesta en la composición parlamentaria desde la LVI Legislatura (1995-1998), hasta la pasada LIX (2004-2007), no fue garantía de más y mejor legislación para Aguascalientes. Muchas veces hemos sido testigos de una trasformación de la tribuna parlamentaria en una caja de resonancia de los conflictos existentes entre partidos y entre los propios actores, lo que resulta en ocasiones en una legislación deficiente, parálisis o estancamiento. Los pendientes institucionales en el Poder Legislativo del Estado siguen estando en materia de profesionalización parlamentaria tanto de legisladores como de equipos de asesores y de staff, de transparencia y rendición de cuentas de los diputados con sus representados, así como de coordinación y diálogo con el Poder Ejecutivo estatal o los gobiernos municipales.

2) Los problemas laborales que enfrentan las nuevas administraciones municipales con el personal de confianza heredado de los anteriores equipos son un conflicto producto del nulo compromiso de las actuales y anteriores gestiones con un sistema de méritos, materializado en un servicio civil de carrera verdadero que contribuya a la efectividad administrativa. El gobierno democrático no es un botín de nadie y exige certeza para los servidores públicos, incentivos profesionales para un buen desempeño y garantía a los ciudadanos de compromiso con los buenos resultados, la eficiencia y honestidad en el manejo de los recursos.

3) Los índices de inseguridad han crecido en el Estado a pesar de los esfuerzos policiales por depurarse, invertir en más armamento y equipo. El aparato de seguridad pública es percibido por la mayoría de los ciudadanos como incapacitado para enfrentar efectivamente al crimen organizado y la delincuencia, y en algunas lamentables ocasiones hasta comparsa de ellos. No existe un sistema de seguridad pública interinstitucional y trasversal en Aguascalientes, ya no sólo digamos ente las policías estatales y locales, sino con el sistema judicial u otras instancias del Ejecutivo que permitan políticas que abarquen desde la prevención hasta la atención a víctimas del delito.

Cada uno de los tres problemas referidos anteriormente están atravesados por un diagnóstico de déficit institucional democrático. Es tiempo que las culpas no las sigamos repartiendo unos a otros porque la responsabilidad es de todos. La democracia se construye día a día sin dejar a nadie fuera. Atrás se quiso democratizar al país con pura voluntad, jugando con reglas añejas e inoperantes un una nueva realidad que exige transformaciones, y una vez consensuadas las nuevas, respetarlas y hacerlas valer.

Publicado en el Diario Aguas el 8 de enero de 2008, Aguascalientes, Ags., México.