Del debate a la consulta popular en el tema de la reforma petrolera

Aunque hay una tendencia común en tratar de entender la política a partir de maniqueísmos, como los de buen-malo, blanco-negro, luz-obscuridad, no es la mejor manera para abordarla. La elección de 2006 dejó como saldo un país profundamente divido a partir de las distintas visiones acerca del diagnóstico que tenemos cada uno de los ciudadanas acerca de la situación del país y los caminos para conseguir el desarrollo y resolver nuestros principales problemas.

Un ejemplo de lo anterior es lo generado a partir del debate de la reforma petrolera, sin duda uno de los temas más trascendentales en este momento para la vida pública del país. En mi colaboración del 26 de febrero del presente año adelanté muchas de mis opiniones sobre el tema y reconocí lo insuficiente que estaba discutido el tema en ese momento. Entonces sólo se conocía la intención del gobierno calderonista de iniciar la reforma, pero poco se reconocía de su disposición a debatir su propia propuesta, ni siquiera con las demás actores del régimen político. La estrategia que se podía visualizar era el que el PAN fuera la punta de lanza para negociar particularmente con el PRI y algunos de los partidos pequeños para sacar por mayoría la referida iniciativa. Se pensaba que la propuesta gozaba de ser casi perfecta, y que no se necesitaba discusión alguna, pues todo esto es cuestión de mera técnica, de fierros viejos y de ineficiencia «per se» del sector público para manejar cualquier bien o empresa.

A todas luces la toma de la tribuna por parte del PRD es la que obligó al Senado a organizar el conjunto de reuniones en las que se han dado cita especialistas, académicos y políticos para discutir ampliamente el tema. En estos foros nos hemos podido dar que la iniciativa no estaba lo suficientemente discutida y que aún había mucho que afinar. Creo que a estas alturas nadie duda de la necesidad de una reforma al sector, pero las formas son importantes para tratar de salvaguardar el mejor aprovechamiento de lo que nos queda de este bien público llamado petróleo, y sobre todo asegurar que el único beneficiado en definitiva sea la sociedad mexicana.

El proceso de reforma está en un momento muy interesante, sobre todo desde que el Jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, propuso para la Ciudad de México, la posibilidad de que en esta entidad de la República sus habitantes en plenos derechos ciudadanos pudieran participar en una consulta pública que recogiera su opinión acerca de la reforma y los alcances de la misma. Por la trascendencia del tema, desde mi opinión, es una propuesta pertinente.

Lamentablemente muchos de los que les urge que la propuesta calderonista salga adelante, se han dedicado a descalificar la propuesta argumentando que los ciudadanos comunes y corrientes tenemos poco que decir, ya que la propuesta es eminentemente técnica y que se trata de mera demagogia y una táctica para retrasar la decisión ya tomada por los que sí saben.

Como ya manifesté el asunto no es menor, es de gran trascendencia dado el papel que ha jugado y puede seguir haciéndolo los recursos que provienen de este bien público. Si no es en este tipo de temas cuando se echen a andar los instrumentos de democracia directa, entonces ¿cuándo lo será? Si bien el referendum, el plebiscito o la consulta popular no están reconocidas en nuestra constitución, es por que aún en el país hay quienes le tienen miedo a extenderle a la ciudadanía su cartilla de mayoría de edad y responsabilizarse en un sistema de rendición de cuentas y de ejercicio pleno de derechos ciudadanos que contribuya verdaderamente a consolidar nuestra democracia.

En Aguascalientes en definitiva es difícil que esto se opudiera dar, ya que estas figuras jurídicas de participación ciudadana son letra muerta en nuestra constitución local, dado la falta de reglamentación y falta de voluntad.

La democracia no debe ejercerse cada tres o seis años cuando elegimos a los representantes populares. Si bien el voto para elegir gobernantes es una expresión de la confianza que los ciudadanos les damos a los políticos electos por un tiempo determinado, el ejercicio ciudadano no puede quedarse ahí y es necesario que se reconozca que la naturaleza de la democracia, sin adjetivos, posibilita y necesita que este se exprese en cada uno de los asuntos que son de trascendencia para la vida pública a cualquier escala, es decir, local, regional o nacional.

En principio hay que reconocer que en la sociedad, así como en la sociedad política no hay homogeneidad, y que por la tanto antes de simplificar o anular la diferencia política, hay que llegar acuerdos a partir de la democracia institucional ampliada, no restringida a la simple representación tradicional. La deliberación pública, encaminada por vías institucionales, es necesaria, y como ya hemos comprobado es la mejor forma para lograr acuerdos de largo alcance y estables en el tiempo.

---

Publicado en el Diario Aguas, el 3 de julio de 2008, Aguascalientes, Ags.